The Times en Español
Santiago, Chile, 9 de abril de 2025 – En un punto de prensa realizado en el Congreso Nacional, los diputados socialistas Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Jaime Naranjo, Nelson Venegas y Tomás De Rementería informaron que encargarán a sus equipos jurídicos estudiar los casos de parlamentarios que hayan celebrado contratos con el Estado, según una investigación de The Clinic. El objetivo es evaluar la presentación de un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la destitución de diputados y senadores por esta causal, extendiendo el análisis a casos no incluidos en el reportaje.
El anuncio surge tras la publicación que expuso contratos millonarios entre parlamentarios y organismos públicos. Manouchehri, legislador por Coquimbo, destacó casos específicos: “Creemos que lo del senador Juan Castro (PSC) y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien suscribió un arriendo con un órgano del Estado, son antecedentes serios que deben ser revisados con atención”. Los diputados también buscan otros posibles casos para ampliar la investigación.
El grupo espera los fundamentos del fallo del TC que destituyó a la senadora Isabel Allende por su rol en la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende al Estado. “Necesitamos conocer la doctrina del TC. Si destituyeron a Allende por un contrato no perfeccionado, ¿qué criterio aplicarán a contratos ejecutados y en curso?”, cuestionó Manouchehri. Por ahora, la iniciativa es propia de los cinco socialistas, aunque planean dialogar con otros legisladores para sumar apoyo.
“Vamos a recolectar firmas para un requerimiento al TC una vez que analicemos los antecedentes y tengamos el fallo completo”, agregó el diputado, subrayando la gravedad de contratos que, a diferencia del caso Allende, sí se habrían concretado. Desde The Times en Español, este movimiento evidencia una escalada en la fiscalización parlamentaria, potenciada por el precedente del TC y el uso de la prensa como detonante.
La decisión de los diputados socialistas de explorar un requerimiento al TC marca un giro en el uso de la normativa constitucional contra parlamentarios, tras el fallo que cesó a Isabel Allende.
Desde The Times en Español, vemos en esta acción una estrategia doble: por un lado, responder a las revelaciones de The Clinic sobre contratos que podrían vulnerar el artículo 57 de la Constitución —que prohíbe a legisladores celebrar acuerdos con el Estado—; por otro, posicionar al PS como garante de la transparencia en un año electoral como 2025.
El foco en figuras como Juan Castro y Luciano Cruz-Coke sugiere una selección táctica para presionar a la oposición, aunque la mención a “otros casos” abre la puerta a una revisión más amplia. Sin embargo, el éxito dependerá de los fundamentos del fallo Allende, aún pendientes, que podrían establecer un umbral para futuros requerimientos. Si el TC interpreta estrictamente la prohibición, podría desencadenarse una ola de impugnaciones, afectando la estabilidad del Congreso. La iniciativa, aunque inicial, tensiona las relaciones entre oficialismo y oposición, en un contexto donde la percepción de corrupción es un arma política clave.
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