Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, 5 de noviembre de 2025 – En un emotivo acto que cierra 17 años de lucha, el presidente Gabriel Boric promulgó la Ley de Acceso a la Justicia, un avance crucial para apoyar a víctimas de delitos y sus familias. Esta legislación proporciona un marco legal que busca garantizar la equidad en el acceso a la justicia, superando décadas de desatención.
La ceremonia se centró en el conmovedor testimonio de Margarita González, madre de Alejandro Martínez, asesinado en 2008. Su relato emblemático representa el clamor de las familias que han vivido en soledad el sufrimiento de la pérdida. Boric subrayó que "este es un paso clave para quienes lo han sufrido y también para sus familias". La ley, conocida como "Ley Alejandro Martínez", honra su memoria y busca que otras familias no enfrenten los mismos desafíos en el ámbito judicial.
La nueva institucionalidad, aprobada unánimemente por el Congreso el 8 de octubre y vigente desde el 10 de octubre, integra asistencia legal y atención psicosocial en un servicio público unificado. Por primera vez, las víctimas de delitos tendrán acceso equitativo a la justicia, modernizando procesos y ofreciendo un acompañamiento integral vital ante la violencia.
Los objetivos de esta ley incluyen atención jurídica gratuita, soporte psicológico y defensa de los derechos de las víctimas en cada etapa del proceso penal. Se diseñó con un enfoque en grupos vulnerables, como niños, mujeres y comunidades indígenas, asegurando que todos tengan la oportunidad de ser escuchados y protegidos.
Margarita González y su esposo Víctor se han convertido en símbolos de esta lucha legislativa. Su abogacía ha sido fundamental para impulsar una defensoría especializada, evitando que otras familias enfrenten los complicados caminos del sistema judicial por su cuenta.
Las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resaltaron que el nuevo servicio se implementará de forma gradual en los próximos meses, comenzando en regiones como Valparaíso y Metropolitana. La ministra Aisén Etcheverry destacó la necesidad de reformar un sistema que históricamente ha desatendido a las víctimas, enfatizando el consenso transversal que permitió esta reforma tras 16 años de tramitación.
Este avance legislativo se enmarca en un contexto de creciente demanda por reformas en la justicia restaurativa en Chile, frente a un panorama de violencia creciente. Expertos advierten que esta ley podría reducir la revictimización y mejorar la confianza en el sistema judicial, alineándose con compromisos internacionales en derechos humanos.
El Gobierno también anunció la organización de foros regionales para capacitar a funcionarios y facilitar el acceso al nuevo servicio, especialmente para víctimas de femicidios, robos y agresiones sexuales, garantizando así el soporte necesario y fomentando un entorno más seguro.
Con esta histórica promulgación, el Estado chileno se enfrenta al desafío de avanzar hacia una justicia inclusiva y humana, donde cada víctima y su familia sientan que su dolor es validado y atendido. El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delito se establece como un compromiso del Estado para asegurar la dignidad de las víctimas y su búsqueda de justicia.
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