
¿Por qué Chile no se desmorona por la administración de Boric? El FMI mejora la proyección de crecimiento
El FMI eleva su pronóstico de crecimiento para Chile, desafiando críticas a la gestión de Boric en medio de un entorno económico incierto.
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La contralora Dorothy Pérez pide $1.200 millones adicionales para mantener la eficacia de la Contraloría ante un presupuesto insuficiente.
Chile15 de octubre de 2025En el contexto de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2026, la contralora general, Dorothy Pérez, levantó la voz sobre la urgente necesidad de recursos adicionales para operar eficientemente. Durante su intervención ante la comisión encargada de la revisión del presupuesto de la Contraloría General de la República, Pérez dejó claro que la situación es grave: “sin esos recursos, corremos el serio riesgo de que nuestras plataformas se caigan”.
La solicitud de $1.200 millones adicionales se inscribe en un escenario presupuestario complicado, donde se ha autorizaron apenas un 1.5% de aumento, muy por debajo del 8.5% solicitado inicialmente por la Contraloría. Esta diferencia significativa de 7 puntos porcentuales provoca una tensión en el funcionamiento del organismo fiscalizador, crucial para garantizar la transparencia y la eficacia del gasto público.
“Sabemos que la situación presupuestaria del país es compleja”, expresó Pérez, enfatizando que si bien las contrariedades son reconocidas, los recursos básicos para mantener el funcionamiento de la Contraloría no deben sacrificar la eficacia del servicio.
Uno de los puntos críticos enfatizados por la contralora fue la incorporación de 10 nuevos funcionarios para reforzar la revisión de procesos sumariales. Estas revisiones son fundamentales para mantener la transparencia en la administración pública, y el aumento en la plantilla permitiría a la Contraloría enfrentar un número creciente de casos en un tiempo razonable. “Sin estos profesionales, la capacidad de respuesta de nuestra institución podría verse comprometida significativamente”, advirtió.
Además, la contralora solicitó los $1.200 millones destinados a fortalecer el almacenamiento informático de la Contraloría. Este aspecto es esencial, dado que la digitalización de los procesos administrativos en la administración del Estado requiere inversiones significativas en tecnología. “La modernización de nuestras plataformas es crítica para asegurar la preservación y la integridad de la información pública”, resaltó Pérez. Sin este financiamiento, se corre el riesgo de que los sistemas colapsen, lo que podría llevar a una paralización funcional en la supervisión de las cuentas públicas.
Frente a estas solicitudes, el Ministerio de Hacienda ha manifestado su rechazo a la propuesta de recursos adicionales, justificando la decisión en el marco de la delicada situación fiscal del país. Esta postura ha generado un clima de preocupación dentro de la Contraloría, donde se entiende que los recursos disponibles son insuficientes para atender adecuadamente la misión del organismo.
Dentro de su discurso, Pérez expresó: “Se nos están otorgando recursos para una parte de esas soluciones, pero el monto de $1.200 millones sigue siendo crítico. Sin esos fondos, no podremos garantizar el funcionamiento adecuado de nuestras plataformas”.
La Contraloría General de la República desempeña un rol esencial en la supervisión del uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas. Con un entorno cada vez más digitalizado, es crucial que el organismo cuente con las herramientas y el personal adecuado para realizar su labor. En este sentido, la falta de financiamiento adecuado no será solo un obstáculo para el ejercicio de sus funciones, sino que también podría llevar a una mayor desconfianza pública en las instituciones.
La Contraloría necesita más recursos para incorporar profesionales y modernizar sus plataformas, garantizando así la efectividad de su supervisión.
La Contraloría solicita $1.200 millones adicionales para fortalecer el almacenamiento informático y mejorar los procesos sumariales.
Sin el financiamiento necesario, hay un “serio riesgo de que nuestras plataformas se caigan”, lo que podría afectar gravemente la vigilancia sobre el gasto público.
El Ministerio de Hacienda ha rechazado la propuesta de recursos adicionales, citando las limitaciones del presupuesto nacional.
La carencia de recursos afectaría la capacidad de la Contraloría para llevar a cabo su labor, comprometiendo la transparencia y la seguridad de la gestión financiera del Estado.
La situación presentada por la Contraloría General de la República no puede ser ignorada. En un momento donde la transparencia y la responsabilidad fiscal son más cruciales que nunca, los requerimientos de recursos adicionales y la contratación de personal especializado deberían ser priorizados en la agenda del gobierno. El futuro de la supervisión pública estructuralmente necesita de la voluntad política para garantizar que la Contraloría pueda cumplir su misión sin interrupciones.
En un panorama incierto, es vital que tanto la sociedad civil como las autoridades comprendan que el fortalecimiento de las instituciones es una inversión a largo plazo en la salud democrática del país.
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