En una jornada maratónica la Sala de la Cámara de Diputados aprobó declarar admisible la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera. Primero el diputado PS Jaime Naranjo expuso por más de 15 horas con tan solo dos pausas en ese período (una de 15 minutos, y otra de 20). Luego fue el turno del abogado del Mandatario, Jorge Gálvez, para replicar a los argumentos expuestos por el legislador, cuya intervención duró alrededor de cuatro horas, para luego dar paso a las intervenciones de las bancadas.

Finalmente, la Sala decidió por 78 a favor, 67 en contra y 3 abstenciones (de Pepe Auth, Pablo Lorenzini, y Carlos Abel Jarpa), con esto la acusación fue declarada admisible y pasa al Senado, sin haber deducido la cuestión previa.

La Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera fue ingresada por la oposición el pasado 13 de octubre. Al Jefe de Estado se le cuestionaba por su participación en la venta de la Minera Dominga, a raíz de lo publicado en los Pandora Papers.

Para aprobar el libelo en la Cámara eran necesarios 78 votos, pero la oposición no estaba segura de tenerlos, por lo que Naranjo expuso durante todo ese período para dar tiempo al RD Giorgio Jackson de llegar a la sede del Congreso del Valparaíso, al terminar su cuarentena preventiva luego de haber sido contacto estrecho del abanderado de Apruebo Dignidad Gabriel Boric, quien resultó positivo para Covid-19.

Por su parte, el abogado Gálvez afirmó en su argumentación sobre la venta de Dominga que la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento por estos hechos por unanimidad, “y concede el sobreseimiento definitivo por dos causales, una porque no hay un hecho constitutivo de delito, no hay un funcionario público que haya tenido conocimiento de sus operaciones, y por lo tanto no hay delito, pero además, le concede la letra ‘b’ del artículo 250 del Código Procesal Penal, que refiere explícitamente que no hay participación del imputado en el hecho”.

Además, sobre la relación de la firma del acuerdo de Escazú con el Proyecto Dominga apuntó: “Nadie me ha explicado de que manera la firma de un tratado internacional impacta sobre la posibilidad de hacer completamente imposible el proyecto minero Dominga. Eso no está dicho ni explicado”.

Y argumentó que “la decisión soberana del Presidente de la República de no suscribir a un tratado no constituye, ni puede constituir ilícito constitucional. No existe vinculación posible de ese hecho con una cláusula contractual, donde el Presidente no intervino, y cuya vigencia fue entre 2010 y 2011, esto es 11 años atrás. La acusación no explica, y al revés, incurre en una contradicción manifiesta al sostener que la firma del tratado de Escazú hubiese impedido irremediablemente el proyecto Dominga. El capítulo II debe ser categóricamente rechazado”.

El texto acusatorio, que consta de 99 páginas, se fundamentaba en dos capítulos acusatorios: el primero por vulneración al “principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación” y el segundo por haber “comprometido gravemente el honor de la nación”.

Tras la notificación a la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón, se establecerá un plazo de entre cuatro y seis días para fijar la votación. La acusación requiere de dos tercios de los senadores en ejercicio para recibir luz verde. De ser así, Sebastián Piñera quedará destituido de su cargo y no podría ejercer ninguna función pública en cinco años.