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Las diputadas María Luisa Cordero (IND-RN) y Marlene Pérez (IND-UDI) han elevado una voz de alerta al Gobierno sobre una creciente problemática que afecta a miles de adultos mayores en el país: la incapacidad de identificación a través de huellas dactilares. Este fenómeno, ligado al envejecimiento natural de la piel y otros factores de salud, ha dificultado el acceso a trámites esenciales que dependen de este método biométrico.
Las parlamentarias realizaron un llamado formal al Ministerio de Desarrollo Social y al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), haciendo hincapié en que la pérdida o el deterioro de las huellas digitales ponen en riesgo la dignidad y derechos de este sector poblacional. “Estamos hablando de una vulneración silenciosa que afecta a miles de personas mayores. No puede ser que queden excluidas por una barrera tecnológica que el Estado aún no resuelve”, advirtió Cordero.
El deterioro de las huellas digitales, ya sea por el paso del tiempo, enfermedades dermatológicas o condiciones de salud específicas, se ha vuelto un tema recurrente en diversas instancias sociales, afectando especialmente a quienes dependen de servicios financieros, notariales y de salud. Este problema a menudo resulta en la imposibilidad de ser identificados correctamente, generando frustración y limitaciones en el acceso a servicios básicos.
El impacto de esta problemática es amplio y se manifiesta en diversas formas. Muchos adultos mayores se ven obligados a realizar trámites de manera presencial, lo que no solo incrementa los costos asociados, sino que también les somete a una dependencia de terceros. Además, se han verificado casos de discriminación involuntaria en bancos, consultorios y servicios públicos, donde la falta de protocolos diferenciados lleva a situaciones humillantes y excluyentes.
La congresista Marlene Pérez respaldó contundentemente el llamado de su colega, enfatizando la necesidad urgente de establecer protocolos alternativos. "La solución no es lejana: existen mecanismos como el reconocimiento facial o la validación mediante testigos. Lo que falta es voluntad institucional para implementarlos", destacó Pérez. Esta declaración subraya la importancia de que las entidades públicas se adapten a las circunstancias cambiantes de su población, especialmente de un grupo tan vulnerable.
El oficio presentado por las diputadas también solicita información sobre si el Ejecutivo cuenta con estudios o registros que evidencien la magnitud del problema. “Es fundamental que el Gobierno reconozca la realidad que enfrentan nuestros adultos mayores y que se implementen capacitaciones a funcionarios para garantizar un trato digno y no discriminatorio en los diversos trámites que requieren”, manifestaron.
Ambas legisladoras coinciden en que la digitalización del Estado no debe dejar atrás a quienes más necesitan apoyo. “Es inaceptable que las personas mayores queden marginadas de trámites esenciales por factores ajenos a su voluntad. El Estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso a sus derechos”, concluyeron.
La situación planteada por las diputadas Cordero y Pérez exige una respuesta rápida y efectiva del Gobierno. La implementación de nuevas tecnologías y protocolos que consideren las necesidades específicas de la población mayor es una prioridad ineludible. El bienestar y dignidad de nuestros adultos mayores deben ser un compromiso colectivo.
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