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El legislador del Frente Amplio defiende la decisión de asignar cuotas pesqueras y critica el oportunismo político tras la controversia.
Chile09 de mayo de 2025Santiago, Chile - En una reciente entrevista en CNN Prime, el diputado Jorge Brito, miembro de la Comisión Mixta, expresó su desacuerdo con la propuesta del ministro de Economía, Nicolás Grau, de repetir la votación vinculada al controversial proyecto de ley de fraccionamiento. Esta controversia surgió luego de que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, presentara datos erróneos sobre la distribución de la cuota de merluza, lo que, según Brito, es aprovechado por algunos parlamentarios para deshacer un acuerdo alcanzado.
Durante la sesión anterior, se aprobó una distribución de la cuota de merluza que asigna un 52% a la pesca artesanal y un 48% a la pesca industrial. Sin embargo, Brito señaló que los datos utilizados para esta votación estaban desactualizados y no reflejaban con precisión la realidad actual del sector pesquero. "Los parlamentarios que votaron en contra han utilizado esto como una oportunidad para pedir la repetición de la votación. Creo que esto es un acto de oportunismo", sostuvo.
La polémica se intensificó con el reciente anuncio de cierre de la planta de procesamiento PacificBlu, que algunos han vinculado con la decisión de cuotas. Brito desestimó esta afirmación, argumentando que la cuota asignada era suficiente para garantizar el abastecimiento de la planta. "El anuncio de cierre es tan falso como el argumento de que un error en los datos llevó a una mala decisión. La gestión se basa en los kilos de procesamiento de las plantas, no en desembarques", enfatizó, defendiendo los criterios utilizados para la toma de decisiones.
El legislador denunció que la información errónea se ha utilizado malintencionadamente por quienes buscan volver atrás en las decisiones que ya han sido tomadas. "He hablado con muchos parlamentarios de la comisión, y no hay unanimidad para reabrir el tema del fraccionamiento de la merluza común", afirmó. Su posición es clara: la aprobación inicial se basó en deliberaciones exhaustivas y múltiples sesiones que han incluido la participación de diferentes sectores.
Al respecto, Brito destacó la importancia de conservar la racionalidad en el proceso legislativo. "No podemos permitir que la falta de datos se convierta en un mecanismo para revertir acuerdos ya alcanzados. Aquí hemos construido un proyecto de ley con total transparencia, que ha sido debatido en más de 250 audiencias y 100 sesiones", apuntó.
En contraste, el ministro Grau sostenía que hay una responsabilidad de avanzar, dado que la pesca artesanal lleva años enfrentando graves problemas, y la ley a modificar se ha visto cuestionada en su capacidad para proteger a este sector. Enfatizó que aunque se han hecho ceder reservas para la pesca artesanal, no se debe caer en una dinámica de venganza, y que los esfuerzos pueden ser apenas un pequeño paso hacia la rectificación de una situación crítica.
Este debate resalta la tensión existente entre la pesca artesanal y la industria pesquera, un conflicto que ha permeado la política chilena desde hace años. A medida que se acerca la nueva votación programada para el martes 13 de mayo, las expectativas sobre el resultado se intensifican. ”¿Por qué cuando unos llegan a un acuerdo hay que repetir? —se pregunta Brito—. Esto no se puede convertir en una mera cuestión de poder”.
Desde una perspectiva más amplia, es crucial analizar la relación entre las decisiones políticas y la gestión sostenible de los recursos naturales, así como el impacto que tales decisiones pueden tener en las comunidades locales. Las tensiones entre el desarrollo y la conservación son evidentes, y el caso de la merluza no es una excepción.
La controversia en torno a la ley de fraccionamiento refleja no solo tensiones en el ámbito legislativo, sino que también pone de manifiesto las luchas sectoriales en la economía chilena. Históricamente, la pesca artesanal ha estado luchando por hacerse escuchar en un entorno dominado por poderosos intereses industriales. Las declaraciones de Brito se alinean con un esfuerzo por mantener las decisiones en el marco de un consenso construido a través de un extenso proceso de debate.
El riesgo de que un error administrativo se convierta en una herramienta para deshacer progresos legislativos es real y pone en jaque la confianza en el proceso político. Además, la intervención del ministro Grau muestra cuán divididos están los equipos que deben trabajar en conciliación de intereses. Si la votación se repite, podría abrirse la puerta para futuros debates en los que las decisiones ya tomadas sean cuestionadas bajo pretextos similares.
En este contexto, resulta fundamental seguir de cerca los próximos pasos de la Comisión Mixta y el proceso legislativo. La situación actual no solo muestra la fragilidad del sistema, sino que también apunta a la necesidad de robustecer la capacidad de los legisladores para manejar información veraz, así como su responsabilidad de proteger los derechos de todos los sectores afectados.
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