La justicia chilena acorrala a Manuel Monsalve: prisión preventiva intacta

Santiago de Chile, 30 de abril de 2025 -  En un nuevo capítulo de un caso que mantiene en vilo a la opinión pública chilena, la Corte de Apelaciones de Santiago asestó este miércoles un duro golpe a las aspiraciones de libertad de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior del Gobierno de Gabriel Boric. Tras una audiencia clave, el tribunal decidió mantener la prisión preventiva que pesa sobre el médico de 59 años desde el 19 de noviembre de 2024, cuando fue formalizado por los delitos de violación y abuso sexual contra una asesora de su equipo. La resolución llega luego de que la defensa de Monsalve, liderada por el defensor penal público Víctor Providel, intentara revertir la medida cautelar más severa a través de un recurso de amparo, el cual había sido declarado admisible por la Corte Suprema la semana pasada. Sin embargo, los argumentos de la defensa no lograron convencer a los magistrados, quienes estimaron que la libertad de Monsalve sigue representando un riesgo para la sociedad y el desarrollo de la investigación.

El caso, que ha sacudido los cimientos del Ejecutivo y puesto en tela de juicio la gestión de la seguridad pública durante la administración Boric, tuvo su origen el 14 de octubre de 2024, cuando una asesora de 32 años denunció a Monsalve ante el Ministerio Público. Según la imputación, los hechos ocurrieron entre la noche del 22 y la mañana del 23 de septiembre de ese año, tras una cena en un restaurante peruano en el centro de Santiago. Ambos habrían consumido ocho copas de pisco sour antes de trasladarse al hotel Panamericano, donde, según la Fiscalía, Monsalve aprovechó el estado de ebriedad de la víctima para cometer las agresiones. Desde entonces, el exsubsecretario ha permanecido privado de libertad, primero en la cárcel de Rancagua y luego en el Anexo Capitán Yáber, tras amenazas recibidas en el primer recinto.

Los argumentos de la defensa: un grito al vacío

Previo a la resolución de la Corte de Apelaciones, Víctor Providel se mostró confiado en que los planteamientos de la defensa podrían inclinar la balanza a favor de Monsalve. “Hemos planteado nuestros argumentos por los cuales entendemos que la resolución que mantiene privado de libertad a Manuel Monsalve es ilegal, por la falta de fundamentos de la resolución del Juzgado de Garantía”, afirmó el abogado en declaraciones recogidas por diversos medios antes de la audiencia. Providel insistió en que la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía, emitida los días 1 y 2 de abril, no respondió adecuadamente a los cuestionamientos presentados por la defensa sobre la existencia misma de los delitos imputados.“Lo que estamos planteando es que en la audiencia del 1 y 2 de abril nosotros realizamos una serie de cuestionamientos a la existencia de los delitos.

Esos cuestionamientos, que se desarrollaron en dos días, quedaron sin respuesta por parte de la resolución del tribunal. Alegamos que esa resolución, al no hacerse cargo de nuestros fundamentos, torna la privación de Manuel Monsalve ilegal”, explicó el defensor. Entre los puntos destacados por la defensa estaba la supuesta insuficiencia de pruebas para acreditar los hechos, incluyendo la falta de certeza sobre el material genético encontrado y la ausencia de un relato claro que corroborara la versión de la denunciante. Además, se argumentó que tanto Monsalve como la víctima habrían estado en un estado de confusión debido al alcohol, lo que pondría en duda la intencionalidad del exsubsecretario.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones no compartió esta visión. Tras una revisión que incluyó los antecedentes presentados por la Fiscalía y la parte querellante, el tribunal resolvió que la prisión preventiva sigue siendo la medida “más adecuada, racional y proporcional” para garantizar los fines del procedimiento. La decisión refuerza la postura inicial del Juzgado de Garantía, que en noviembre de 2024 consideró a Monsalve un “peligro para la seguridad de la sociedad” debido a la gravedad de los delitos imputados y su posición de autoridad al momento de los hechos.

Un caso que trasciende lo judicial

El periplo judicial de Manuel Monsalve no solo ha captado la atención por su dimensión penal, sino también por las implicancias políticas que arrastra. Hasta su renuncia el 17 de octubre de 2024, Monsalve era una figura clave en el Gobierno de Boric, encargado de liderar las políticas de seguridad pública en un contexto de creciente delincuencia y críticas a la administración. Su caída en desgracia, marcada por la denuncia y las posteriores diligencias de la Fiscalía, ha puesto en entredicho la credibilidad del Ejecutivo y desatado un intenso debate sobre el manejo interno de las acusaciones.

La investigación, a cargo de los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, ha avanzado en los últimos meses con nuevas diligencias que han fortalecido la tesis del Ministerio Público. Entre ellas, se destacan el análisis de más de 100 interacciones de Monsalve con su teléfono celular durante la noche de los hechos, lo que desmentiría su afirmación de no recordar nada, y el descarte de otras muestras de ADN en la ropa periciada, apuntando exclusivamente al exsubsecretario. Estos elementos fueron clave para que la Corte de Apelaciones mantuviera la medida cautelar, según fuentes cercanas al caso.

Mientras tanto, Monsalve permanece en el Anexo Capitán Yáber, un recinto conocido por albergar a imputados de delitos de “cuello y corbata”. Su traslado desde Rancagua se justificó por razones de seguridad, tras las amenazas de Antonella Marchant, líder de un clan narco, y otros internos. La defensa aún tiene la opción de recurrir a la Corte Suprema en un último intento por revertir la prisión preventiva, pero las posibilidades parecen menguar ante el peso de los antecedentes acumulados.

Desde una perspectiva política, el caso Monsalve es un reflejo de las fragilidades del Gobierno de Gabriel Boric, según apunta un análisis exclusivo de The Times en español. La publicación, conocida por su rigor periodístico, destaca que la permanencia de Monsalve en prisión preventiva no solo erosiona la imagen de un Ejecutivo que prometió transparencia y renovación, sino que también expone las tensiones internas en la coalición oficialista.

Fuentes serias, como las declaraciones del propio Boric ante la Fiscalía el 29 de octubre de 2024, revelan que el Presidente tuvo conocimiento de la denuncia un día después de presentada, lo que plantea interrogantes sobre la gestión de la crisis y la decisión de enviar a Monsalve al Senado horas antes de su renuncia.

Para The Times en español, el caso trasciende el ámbito judicial y se convierte en un símbolo de los desafíos del progresismo chileno en el poder. “La administración Boric, que llegó con un discurso de cambio generacional y ético, se ve ahora atrapada en un escándalo que pone en jaque su narrativa”. A esto se suma la presión de la oposición, que ha aprovechado el caso para cuestionar la idoneidad de los nombramientos gubernamentales y la efectividad de las políticas de seguridad, un área que Monsalve lideraba con mano firme hasta su salida.

El análisis periodístico sugiere que el rechazo del recurso de amparo podría tener un efecto dominó en La Moneda, forzando al Gobierno a recalibrar su estrategia comunicacional y política en un año clave. Mientras la investigación avanza, con un plazo de cuatro meses que culmina en julio de 2025, el futuro de Monsalve y su impacto en el Ejecutivo seguirán siendo un foco de atención ineludible.

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