En redes sociales se ha viralizado la afirmación de que el expresidente Sebastián Piñera fue el creador del proyecto de ley que reduce la jornada laboral en Chile de 45 a 40 horas. Sin embargo, la iniciativa nació en 2017 de las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola, y no de Piñera, quien propuso una reforma alternativa que no prosperó.
Chile18 de abril de 2025
The Times en Español
Santiago, Chile La reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales en Chile, un cambio histórico en la legislación laboral del país, ha generado un intenso debate en redes sociales sobre su autoría. En plataformas como X, han circulado publicaciones que atribuyen la iniciativa al expresidente Sebastián Piñera, asegurando que fue él quien propuso originalmente el proyecto. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta, y la verdadera historia detrás de la ley revela un esfuerzo liderado por la oposición en 2017, que finalmente se materializó bajo la administración de Gabriel Boric.
El proyecto de ley que dio origen a la reducción de la jornada laboral fue presentado en 2017 por las diputadas del Partido Comunista Camila Vallejo y Karol Cariola. La iniciativa, que buscaba modificar el Código del Trabajo para reducir la semana laboral de 45 a 40 horas sin disminución de salario, fue una respuesta a las demandas históricas de los trabajadores chilenos por un mejor equilibrio entre vida laboral y personal. En ese momento, el gobierno de Piñera, que asumió su segundo mandato en 2018, no apoyó la propuesta de Vallejo y Cariola, argumentando que podía afectar la productividad y el empleo, y en su lugar presentó una reforma alternativa que planteaba una reducción a 41 horas promedio con mayor flexibilidad horaria.
La propuesta de Vallejo y Cariola, presentada en 2017, enfrentó una fuerte resistencia del gobierno de Piñera. En 2019, tras su aprobación en la Cámara de Diputados con 88 votos a favor, 24 en contra y 27 abstenciones, Piñera amenazó con llevar el proyecto al Tribunal Constitucional, argumentando que implicaba gasto público y, por ende, debía ser una iniciativa presidencial. Además, el entonces ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, calificó el proyecto como “inconstitucional” y perjudicial para la economía, alegando que una reducción tan drástica de horas podría dañar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas.
En contraposición, el gobierno de Piñera presentó su propio proyecto de “Modernización Laboral”, que proponía reducir la jornada laboral a un promedio de 41 horas semanales, manteniendo un total mensual de 180 horas y permitiendo mayor flexibilidad en los horarios mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores. Esta iniciativa incluía la posibilidad de jornadas de cuatro días de trabajo con tres de descanso, pero mantenía una estructura más rígida que la propuesta de la oposición. Según fuentes de la época, el proyecto oficial buscaba dar a las empresas mayor control sobre los horarios sin aumentar costos, lo que fue criticado por sindicatos como una medida favorable a los empleadores.
A diferencia del proyecto de Vallejo y Cariola, la propuesta de Piñera no avanzó significativamente en el Congreso, donde la oposición tenía una mayoría relativa. Además, encuestas de la época, como las realizadas por Cadem, mostraban que el 71% de la población apoyaba la reducción a 40 horas, lo que dio un impulso adicional a la iniciativa de las diputadas comunistas.
El proyecto de 40 horas languideció durante el segundo gobierno de Piñera (2018-2022), pero fue revitalizado en agosto de 2022 por el gobierno de Gabriel Boric, quien lo incluyó como una de las promesas clave de su programa. Tras un proceso de diálogo con más de 200 organizaciones sociales y negociaciones en el Congreso, se incorporaron modificaciones que incluyeron elementos de flexibilidad inspirados en la propuesta de Piñera, como la posibilidad de distribuir las 40 horas en cuatro, cinco o seis días, o de compensar horas extras con días de descanso adicionales.
El 11 de abril de 2023, el Congreso aprobó el proyecto por amplia mayoría (127 votos a favor y 14 en contra en la Cámara de Diputados), y fue promulgado por el presidente Boric días después. La ley, que entró en vigor el 26 de abril de 2024, establece una reducción gradual: 44 horas en 2024, 42 horas en 2026 y 40 horas en 2028. Además, prohíbe a los empleadores reducir salarios debido a la disminución de horas y permite esquemas como una semana laboral de cuatro días con diez horas diarias, siempre que exista acuerdo con los trabajadores.
La confusión sobre la autoría del proyecto en redes sociales surge, en parte, porque Piñera promovió activamente su propuesta de reducción a 41 horas en 2019, destacando en publicaciones en X la importancia de generar más tiempo libre para los trabajadores. En un post del 8 de agosto de 2019, escribió: “El sentido profundo del desarrollo es mejorar calidad de vida de todos y eso pasa por generar más tiempo libre para lo más importante: familia, amigos, cultura, deporte y recreación. Por eso impulsamos una reducción gradual de jornada de trabajo de 45 a 41 hrs semanales promedio”. Sin embargo, esta iniciativa no es la que finalmente se convirtió en ley.
Publicaciones recientes en X, como una del 15 de abril de 2025 que afirmaba que “el 1ro en proponer 40 horas fue Piñera”, han contribuido a la desinformación. Estas afirmaciones han sido desmentidas por verificadores como FastCheck, que aclararon que el proyecto de 40 horas fue una iniciativa de Vallejo y Cariola, no de Piñera, cuya propuesta de 41 horas tenía objetivos y alcances distintos.
La ley de 40 horas representa un avance significativo en la alineación de Chile con estándares laborales internacionales, como los de países de la OCDE que han implementado jornadas más cortas. Estudios citados en el debate legislativo indican que países europeos con semanas laborales más cortas, como Francia (35 horas), tienden a tener mayor productividad promedio que aquellos con jornadas más largas, desafiando la idea de que trabajar más horas genera mejores resultados.
Sin embargo, la implementación plantea retos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que temen un aumento de costos al mantener los salarios con menos horas de trabajo. Para mitigar esto, la ley incluye apoyos técnicos a través de organismos como el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y la Dirección del Trabajo, además de permitir a las empresas adoptar la reducción antes de los plazos oficiales para obtener el “Sello 40 Horas”.
La ley también introduce medidas de conciliación laboral y familiar, como la posibilidad de que padres y cuidadores de niños menores de 12 años ajusten sus horarios de inicio y fin de jornada en hasta dos horas. Asimismo, permite compensar horas extras con hasta cinco días adicionales de descanso al año, en lugar de pago en dinero, lo que fomenta el bienestar de los trabajadores.
La ley de 40 horas es un reflejo de las demandas sociales que marcaron a Chile, especialmente tras el estallido social de 2019, cuando millones exigieron mayor justicia y equidad. Como señaló el diputado Daniel Núñez en 2019, el proyecto avanzaba en la dirección de “poner fin a los abusos y la brutal desigualdad”. Aunque el gobierno de Piñera enfrentó estas demandas con propuestas alternativas, fue la iniciativa de la oposición, liderada por Vallejo y Cariola, la que finalmente se consolidó como ley.
La confusión en redes sociales sobre la autoría del proyecto no debe opacar su impacto. La reducción de la jornada laboral es un paso hacia un Chile más justo, donde el tiempo libre para la familia, la educación y el ocio sea un derecho accesible para todos. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del país para implementar la ley sin afectar el empleo ni la productividad, un desafío que requerirá colaboración entre gobierno, empresas y trabajadores.
La viralización de la afirmación de que Sebastián Piñera propuso la ley de 40 horas refleja cómo las redes sociales pueden distorsionar la historia de un proyecto con profundas raíces en la lucha social. Desde The Times en español, consideramos que este caso pone en evidencia la importancia de combatir la desinformación con datos verificables, especialmente en un contexto donde las narrativas políticas buscan apropiarse de logros colectivos
La ley de 40 horas, nacida de la iniciativa de Camila Vallejo y Karol Cariola, es un hito que responde a décadas de demandas por mejores condiciones laborales. Su aprobación, tras años de debate y resistencia, demuestra que la perseverancia de los movimientos sociales puede transformar la legislación. Sin embargo, el intento de atribuir su autoría a Piñera, quien se opuso activamente al proyecto, subraya los riesgos de la polarización y la manipulación en plataformas como X, donde las afirmaciones sin sustento pueden ganar tracción rápidamente.
Chile enfrenta ahora el desafío de implementar esta ley en un contexto económico complejo, agravado por flujos migratorios que aumentan la presión sobre el mercado laboral. La integración de los migrantes, que representan una fuerza económica vital, debe ir de la mano con políticas que garanticen el cumplimiento de la ley de 40 horas para todos los trabajadores, sin distinción. Asimismo, el país debe abordar las causas de la emigración de sus ciudadanos, ofreciendo condiciones que hagan de Chile un lugar donde el talento quiera quedarse.
En un mundo donde el tiempo es un recurso cada vez más valorado, la ley de 40 horas posiciona a Chile como un referente en América Latina, junto con Ecuador, en la adopción de estándares laborales más humanos. Desde The Times en español, instamos a los lectores a informarse y participar en el debate sobre cómo estas políticas pueden construir un futuro más equitativo.
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