Alarma en Chile: comercio ilegal de medicamentos se dispara con 17,5 millones de dosis decomisadas en 2025

Santiago, Chile – El comercio ilegal de medicamentos en Chile ha encendido las alarmas tras un explosivo aumento en los decomisos realizados por el Instituto de Salud Pública (ISP). En lo que va de 2025, se han incautado 17,5 millones de dosis de medicamentos comercializados fuera de los canales autorizados, una cifra cinco veces mayor a los 2,19 millones de dosis decomisadas entre enero y septiembre de 2023. Este incremento, que representa un alza de más del 500%, ha generado preocupación entre especialistas, quienes advierten sobre los severos riesgos para la salud pública que implica la circulación de productos falsificados, vencidos o mal conservados.

El doctor David Torres, académico del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes (UANDES), califica el fenómeno como una “crisis sanitaria silenciosa”. Según Torres, “el aumento de más del 500% en la circulación de estos medicamentos muestra que su venta fuera del control sanitario es masiva”. Los riesgos asociados incluyen intoxicaciones, resistencia a antibióticos, reacciones adversas graves y el agravamiento de condiciones médicas debido al uso de medicamentos sin garantía de calidad. “Estos productos pueden no contener los principios activos declarados, estar vencidos o haber sido almacenados en condiciones inadecuadas, lo que los convierte en un peligro”, agrega.

Entre los medicamentos más decomisados en 2023, según datos del ISP, figuraban paracetamol, zopiclona, losartán, metformina e ibuprofeno, muchos de los cuales son utilizados para tratar dolencias comunes o enfermedades crónicas. La presencia de estos fármacos en el mercado ilegal, a menudo diluidos o falsificados, agrava el problema, especialmente cuando se usan para automedicación. En algunos casos, medicamentos como la zopiclona han sido encontrados como adulterantes en sustancias ilícitas, aumentando los riesgos para los consumidores.

El auge del comercio ilegal de medicamentos responde a múltiples factores. El alto costo de los fármacos en el mercado formal es una de las principales razones. “Muchas personas, especialmente en sectores vulnerables, recurren al mercado informal buscando precios más bajos”, explica Torres. En 2023, Héctor Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes, señaló a Cooperativa que los elevados precios en farmacias establecidas son un incentivo para el mercado ilegal, una tendencia que parece haberse intensificado en 2025.

Otro factor clave es la accesibilidad del comercio informal, que opera en ferias libres, vía pública, estaciones de metro y, cada vez más, a través de redes sociales. Plataformas digitales y servicios de entrega a domicilio han facilitado la distribución de estos productos, dificultando su control. “La gente cree que estos medicamentos son inofensivos porque los compran con facilidad, incluso con delivery”, lamenta Torres. Además, la falta de fiscalización efectiva permite que estas redes operen con relativa impunidad. En 2023, el ISP reportó 174 decomisos solo en la Región Metropolitana, pero la magnitud del problema sugiere que las acciones actuales son insuficientes frente a la escala del mercado ilegal.

El robo de medicamentos también alimenta este mercado. Entre 2021 y 2022, los robos a camiones de transporte de productos farmacéuticos aumentaron un 400%, según el ISP, y esta tendencia podría haber continuado, contribuyendo al suministro de fármacos en canales no autorizados. Algunas farmacias independientes han sido señaladas por vender al por mayor a vendedores ilegales, una práctica que, aunque irregular, no siempre enfrenta sanciones efectivas bajo la legislación actual.

El doctor Torres propone un enfoque multidimensional para combatir el comercio ilegal de medicamentos. En primer lugar, aboga por campañas educativas que informen a la población sobre los peligros de comprar medicamentos en el mercado informal. “Es crucial generar conciencia de que un medicamento barato puede costar la salud o la vida”, enfatiza. La campaña “El Remedio Puede Ser Peor que la Enfermedad”, lanzada en 2024 por la Cámara Nacional de Comercio y el Observatorio del Comercio Ilícito, es un ejemplo de este tipo de iniciativas, pero su alcance necesita ampliarse.

En segundo lugar, Torres sugiere endurecer las sanciones tanto para vendedores como para compradores, aunque reconoce que penalizar a los consumidores puede ser controvertido. En 2023, el senador Juan Luis Castro presentó un proyecto de ley para tipificar como delito la venta de medicamentos en lugares no autorizados, proponiendo penas de hasta cinco años de cárcel. Esta iniciativa, aprobada en general por la Comisión de Salud del Senado, busca también sancionar a profesionales de la salud que prescriban medicamentos con fines irregulares. Sin embargo, Torres advierte que “prohibir la venta libre de medicamentos comunes no resolverá el problema si no se ataca la demanda en el mercado informal”.

Finalmente, el académico subraya la necesidad de fortalecer la fiscalización. En 2024, la Subsecretaría de Prevención del Delito anunció 400 operativos adicionales para combatir el comercio ilícito, incluyendo la venta de medicamentos. Sin embargo, Torres insiste en que “sin un control general sobre el comercio informal, este problema seguirá creciendo”. Esto incluye regular las ventas en redes sociales y establecer mecanismos para rastrear el origen de los medicamentos decomisados.

El comercio ilegal de medicamentos no solo pone en riesgo la salud individual, sino que tiene consecuencias sistémicas. La automedicación, incentivada por el fácil acceso a estos productos, contribuye a la resistencia bacteriana, un problema global señalado por la Organización Mundial de la Salud. Además, la falta de adherencia a tratamientos formales puede agravar enfermedades crónicas, aumentando la carga sobre el sistema de salud.

El ISP ha intensificado sus esfuerzos, con 114 operativos en la Región Metropolitana entre enero y septiembre de 2023, pero la magnitud de los decomisos en 2025 sugiere que el problema ha superado las capacidades actuales de fiscalización. La colaboración con Carabineros, la PDI y municipios ha sido clave, pero la coordinación interinstitucional necesita ser más efectiva. 

El explosivo aumento del comercio ilegal de medicamentos en Chile refleja una tormenta perfecta: altos precios de los fármacos, falta de fiscalización y una demanda insatisfecha que el mercado informal explota con facilidad. Los 17,5 millones de dosis decomisadas en 2025 son solo la punta del iceberg, evidenciando un sistema sanitario incapaz de garantizar el acceso equitativo a medicamentos seguros.

Si bien las propuestas de endurecer sanciones y educar a la población son pasos en la dirección correcta, el problema requiere soluciones estructurales, como reducir los costos de los fármacos y fortalecer la regulación de las ventas digitales. La lentitud en la aprobación de proyectos de ley, como el presentado por el senador Castro, y la persistencia del comercio informal sugieren que las autoridades están jugando a la defensiva. Sin una estrategia integral que combine prevención, fiscalización y acceso asequible, Chile seguirá enfrentando una crisis que pone en riesgo la salud de miles.

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