Chile enfrenta una escalada de criminalidad que ha erosionado la seguridad ciudadana. Tras dos décadas de reforma procesal penal, el modelo garantista muestra fisuras: penas desproporcionadas, beneficios mal concedidos y una justicia que parece favorecer la impunidad. Robert Contreras, abogado y exgobernador, propone una reforma integral para endurecer sanciones, proteger a víctimas y frenar la reincidencia, con el objetivo de devolver a los chilenos la tranquilidad que merecen.
Opinión13 de abril de 2025 Robert Contreras Reyes
En los últimos años, Chile ha vivido un preocupante aumento en los índices de criminalidad, fenómeno que ha provocado una creciente sensación de inseguridad en la ciudadanía. Si bien nuestro sistema penal se inspira en principios garantistas —cuyo objetivo es equilibrar los derechos de los acusados con los de las víctimas—, la realidad demuestra que dicha orientación ha derivado en una serie de deficiencias que dificultan la persecución efectiva del delito y debilitan la aplicación de sanciones proporcionales. Tras más de dos décadas de vigencia de la reforma procesal penal, resulta impostergable revisar este modelo para reforzar la seguridad ciudadana y fortalecer la acción del Estado frente al crimen.
En demasiadas ocasiones, el castigo impuesto no guarda relación con la gravedad del delito cometido. Peor aún, incluso reincidentes o delincuentes peligrosos acceden a beneficios penitenciarios o a la suspensión condicional del procedimiento. Es hora de corregir estas distorsiones. Propongo:
Aumentar las penas mínimas para delitos violentos como homicidios, robos con violencia, violaciones y secuestros.
Eliminar beneficios penitenciarios automáticos para reincidentes y condenados por crímenes graves.
Establecer criterios más estrictos para la aplicación de atenuantes y rebajas de penas en delitos de alta connotación social.
Hoy, la prisión preventiva se aplica con criterios excesivamente restrictivos, lo que permite que imputados peligrosos permanezcan en libertad a la espera de juicio, con el consiguiente riesgo para la sociedad. Por ello propongo:
Ampliar su uso en casos de delitos violentos y crímenes cometidos con armas de fuego.
Endurecer las condiciones para conceder arresto domiciliario o libertad bajo fianza, reservándolas para situaciones verdaderamente excepcionales.
Fortalecer el control del cumplimiento de medidas cautelares, mediante el uso obligatorio de brazaletes electrónicos con monitoreo en tiempo real, gestionado por una central exclusiva.
El diseño actual permite la suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios incluso en delitos que afectan gravemente la seguridad pública. Esta laxitud solo alienta la reincidencia. Se requiere restringir la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento en casos de violencia reiterada.
Eliminar los acuerdos reparatorios en delitos contra la vida, la integridad física o la seguridad de las personas.
Ampliar el uso de juicios abreviados para evitar dilaciones injustificadas y asegurar condenas efectivas.
El avance del narcotráfico, los secuestros y los homicidios por encargo es una amenaza real. No basta con buenas intenciones: se requieren sanciones ejemplares. Propongo:
Establecer una pena mínima de 20 años para delitos cometidos por organizaciones criminales.
Reformar la legislación sobre armas, endureciendo las penas por porte ilegal y elevando los requisitos para su tenencia.
Reforzar la incautación de bienes y utilidades del crimen organizado, destinándolos directamente a programas de prevención del delito.
El sistema actual se ha centrado en exceso en los derechos del imputado, dejando en un segundo plano a víctimas y testigos, quienes muchas veces enfrentan amenazas y desprotección. Se debe:
Fortalecer los programas de protección de testigos, garantizando su anonimato en juicios vinculados al crimen organizado.
Proveer apoyo psicológico y asesoría legal a víctimas de delitos violentos.
Permitir el uso de testimonios pregrabados y videoconferencias para evitar la revictimización durante el proceso judicial.
No basta con castigar: el sistema debe evitar que los delincuentes reincidan. Para eso es necesario:
Implementar evaluaciones rigurosas y obligatorias antes de otorgar beneficios carcelarios, limitándolos a internos con bajo riesgo de reincidencia.
Fortalecer el seguimiento postpenitenciario para asegurar una reinserción real.
Crear recintos penitenciarios de máxima seguridad especializados en el tratamiento y contención de criminales de alta peligrosidad.
El sistema penal garantista, en su forma actual, ha favorecido una sensación de impunidad y ha debilitado la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia con decisión. La propuesta que presento busca dotar al sistema de justicia penal de herramientas más eficaces, protegiendo a las víctimas, desincentivando la reincidencia y estableciendo sanciones proporcionales al daño causado. Solo así podremos devolver a los chilenos el derecho fundamental a vivir seguros.
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