Victor Manuel Arce Garcia
Una denuncia interpuesta ante la Contraloría por los abogados Raimundo Palamara y John Reid señala una presunta irregularidad administrativa cometida por la Presidencia de la República durante el desplazamiento de Gabriel Boric a Punta Arenas el 25 de marzo de 2025.
Se alega que los pagos por la estadía en el hotel "Hoteles Australis Limitada" se dividieron en tres transacciones separadas, alcanzando un total de $12.185.600 (equivalentes a 180 UTM, con la UTM a $67.429 en marzo de 2025). De esta manera, se habría empleado el mecanismo de trato directo para evitar el proceso de licitación pública obligatorio para montos superiores a 100 UTM ($6.742.900) según la Ley de Compras Públicas (Ley 19.886) y su reglamento.
Los denunciantes sostienen que fraccionar una compra para eludir el límite legal constituye una conducta cuestionable, ya que el trato directo está permitido solo en circunstancias excepcionales y para montos inferiores a 100 UTM, siempre y cuando esté debidamente justificado. En esta situación, las múltiples transacciones con el mismo proveedor, en la misma fecha y por servicios similares (alojamiento), insinúan, según la denuncia, una supuesta maniobra premeditada para evitar el proceso competitivo de licitación. Asimismo, se destaca que una de las transacciones carece de una resolución exenta publicada en Mercado Público, agravando la falta de transparencia.
Los abogados solicitan una investigación para esclarecer cómo se determinaron los montos, cuántas personas u habitaciones se incluyeron y por qué la compra no se consolidó en un único proceso. También exigen sanciones si se confirma la fragmentación intencionada. En el documento, se identifica a Antonia Illanes Riquelme, directora administrativa de la Presidencia, como la responsable de las resoluciones emitidas.
El trato directo es un procedimiento de compra excepcional que permite contratar con un proveedor por las causales expresamente indicadas en la normativa.
Con los cambios a la Ley de Compras Públicas, que entraron en vigencia el 12 de diciembre de 2024, se establece una nueva definición para este procedimiento, pasando a denominarse “trato directo o contratación excepcional directa con publicidad”.
En términos objetivos, este caso plantea interrogantes sobre la gestión administrativa del gobierno, sobre todo en un contexto donde Boric ha puesto énfasis en la austeridad y la probidad. Sin embargo, hasta que la Contraloría lleve a cabo la investigación correspondiente y emita un veredicto, no existen pruebas concluyentes de ilegalidad, solo indicios basados en los montos y la forma de registro. La historia de casos similares en Chile sugiere que, de corroborarse, podría desembocar en sanciones administrativas o incluso en una revisión de los procedimientos de gasto público en la Presidencia.
Es fundamental que la Contraloría realice una investigación exhaustiva para determinar si se cometieron infracciones a la normativa vigente y, en caso de encontrarse culpable a la directora administrativa de la Presidencia, Antonia Illanes Riquelme, imponer las sanciones correspondientes. Además, este caso podría llevar a un replanteamiento de los protocolos de gasto público en la Presidencia para prevenir futuras prácticas cuestionables.
Hasta que se emita un fallo por parte de la Contraloría, es importante mantener la prudencia y esperar a que se esclarezcan los hechos antes de sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones y la necesidad de mantener altos estándares de transparencia y legalidad en la administración pública hacen de este caso un asunto de interés público que requiere una respuesta adecuada.
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