
Más de mil funcionarios renuncian por escándalo de licencias médicas en el gobierno central
Más de mil funcionarios del gobierno han dejado sus cargos tras el escándalo de licencias médicas fraudulentas, mientras se intensifican las investigaciones.
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Un peritaje realizado a las cuentas Irina Karamanos, según un informe de la Policía de Investigaciones (PDI), en el cual se evidencian abonos a la cuenta de la Fundación ProCultura.
De acuerdo con El Mostrador, el informe fue entregado dos días antes de que el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, fuera suspendido de manera indefinida por el fiscal nacional, Ángel Valencia.
Es importante recordar que Palma estaba investigando la conexión de Pro Cultura en el Caso Convenios, donde la fundación, copresidida por el psiquiatra Alberto Larraín, incrementó sus ingresos por fondos públicos en 2022 de $316,849,723 en 2021 a $3,282,841,556 en 2022.
En respuesta a las acusaciones, Irina Karamanos emitió un comunicado en redes sociales en el que niega haber realizado cualquier abono a la Fundación ProCultura, con la que trabajó prestando servicios entre mayo de 2021 y febrero de 2022 por una remuneración de 973,500 pesos mensuales.
Además, rechaza de manera contundente cualquier insinuación sobre su participación en financiamiento político irregular.
Karamanos enfatizó su compromiso con la transparencia y la integridad en lo público, mostrando su total disposición para colaborar en cualquier investigación judicial que sea considerada pertinente.
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