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Certificado de defunción descarta sobredosis y apunta a intervención de terceros en el caso del joven farmacéutico hallado en O’Higgins, Chile.
Chile05 de junio de 2025Santiago, Chile – La muerte de Francisco Albornoz, un joven de sólo 21 años, ha dejado a la sociedad chilena en estado de conmoción y desasosiego. Desaparecido durante 12 días, su cuerpo fue localizado el 3 de junio de 2025 en la ribera del río Tinguiririca, en la comuna de Placilla, Región de O’Higgins. Inicialmente, se especuló sobre una sobredosis de sustancias, pero el informe del Servicio Médico Legal (SML) ha desestabilizado esta teoría, arrojando nueva luz sobre un caso que ya se rumorea podría estar vinculado a la intervención de terceros.
El 23 de mayo de 2025, Francisco dejó su hogar en Santiago después de coordinar un encuentro con dos hombres en el sector de Plaza Egaña, en Ñuñoa. Su última comunicación, un mensaje de WhatsApp, indicaba que se encontraba "en el depa con unos amigos". Sin embargo, al indagar sobre sus acompañantes, amigos y familiares confirmaron que estas "amistades" eran desconocidas para ellos. Esta inconsistencia en su círculo social ha despertado inquietudes sobre las circunstancias de su desaparición.
Francisco fue hallado semidesnudo y envuelto en una frazada, mostrando signos evidentes de un avanzado estado de putrefacción, lo que complicó aún más las diligencias forenses necesarias para determinar la causa precisa de su muerte.
La investigación se tornó crucial cuando Christian González Morales, un médico ecuatoriano de 31 años, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de Ñuñoa. Este giro en la narrativa, suscitado por la declaración de González, permitió localizar el cuerpo de Francisco, quien fue inmediatamente identificado como el principal sospechoso. Al día siguiente, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un segundo implicado, José Miguel Baeza Cortés, un chef chileno de 43 años, en su domicilio en Codegua, mientras destruía evidencias que podrían haber estado relacionadas con la víctima.
Ambos hombres habrían estado en compañía de Albornoz en la noche de su desaparición. Se ha apuntado que el joven falleció en el departamento y, en vez de buscar asistencia médica, los implicados decidieron trasladar su cuerpo a más de 150 kilómetros, abandonándolo en el río Tinguiririca. La Fiscalía Metropolitana Oriente, bajo la dirección de la fiscal Rossana Folli, se encuentra a la espera de informes toxicológicos y de autopsia para esclarecer si el traumatismo encéfalo craneano que causó la muerte fue fruto de un accidente o el resultado de una acción intencionada.
El certificado de defunción, emitido el 3 de junio de 2025 por el Servicio Médico Legal, ha resultado ser un punto de inflexión en esta trágica historia. En lugar de confirmar las especulaciones que apuntaban a una sobredosis, el documento señalaba claramente que Francisco había fallecido por un traumatismo encéfalo craneano, lo que sugiere un fuerte golpe en la cabeza y refuerza la hipótesis de la intervención de terceros. La familia de la víctima ha desestimado categóricamente la noción de queFrancisco consumiera drogas; su hermana, Elizabeth Albornoz, afirmó que "nunca consumió drogas", cuestionando las decisiones tomadas por González en la noche de la tragedia.
El clamor popular no se ha hecho esperar. La comunidad LGBTIQ+ ha expresado su indignación, sugiriendo que la muerte de Albornoz podría haber sido motivada por un crimen de odio relacionado con su orientación sexual. Organizaciones como Movilh e Iguales han denunciado el hecho y demandado una investigación exhaustiva, enfatizando la necesidad de encontrar respuestas para las distintas vulnerabilidades que enfrenta esta comunidad.
Christian González Morales, el médico detenido, ha generado particular interés mediático. Trabajaba temporalmente en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, pero fue desvinculado inmediatamente tras su detención. Su abogado, Gabriel Solorzano, ha intentado justificar la situación, argumentando que no hubo intención de causar daño, sino que "hubo un accidente y las cosas se salieron de control". En sus declaraciones se ha insinuado que González intentó reanimar a Albornoz, pero tras un momento de pánico decidió ocultar su cuerpo.
José Miguel Baeza Cortés, el chef implicado en el caso, había trabajado en lugares prestigiosos como el Hotel Ritz Carlton en Santiago y en Estambul, Turquía. Su captura fue particularmente notable, ya que fue detenido en el acto de incinerar evidencias. La PDI descubrió elementos que podrían vincularlo directamente con las circunstancias de la muerte de Albornoz.
La Fiscalía Metropolitana Oriente continúa analizando los detalles del caso en un esfuerzo por esclarecer las circunstancias del traumatismo encéfalo craneano. Los informes toxicológicos serán esenciales para determinar si Francisco consumió sustancias antes de su muerte, mientras que las pericias forenses buscarán determinar la naturaleza del golpe en su cabeza. La formalización de los imputados, programada para el 7 de junio, marcará un momento clave en la búsqueda de justicia.
El impacto de este caso es profundo en Santiago, y especialmente en la comunidad LGBTIQ+, que ha visto en la muerte de Albornoz un reflejo de las vulnerabilidades que enfrentan. El velorio de Francisco se llevará a cabo el jueves, y su funeral, previsto para el 6 de junio en el Cementerio Metropolitano, ha convocado a una multitud de amigos, familiares y activistas que se esperan para rendir homenaje al joven.
La muerte de Francisco Albornoz no se queda en el ámbito de un crimen aislado; es un espejo que refleja las más amplias tensiones sociales, así como los desafíos constantes que enfrenta Chile. Este caso pone en manifiesto la importancia de la transparencia en la justicia, especialmente para sectores vulnerables como la comunidad LGBTIQ+.
Desde un enfoque periodístico, este asunto resalta los riesgos de la especulación en los casos de alta sensibilidad social. La evolución de la narrativa desde la posibilidad de una sobredosis hasta la confirmación de un traumatismo por un acto violento subraya la necesidad de que los informes forenses propicien una cobertura clara y precisa, evitando así la desinformación que puede afectar a las víctimas y sus familias.
Los eventuales vínculos del caso con un crimen de odio resaltan la urgencia de revisar políticas públicas y medidas de protección para la comunidad LGBTIQ+ en un Chile que ha visto progreso legislativo, pero que sigue batallando contra formas de violencia discriminatoria. En este contexto, la exigencia de justicia no debe perderse de vista, con un enfoque que respete la presunción de inocencia de los imputados y considere el sufrimiento de los afectados.
El trágico deceso de Francisco Albornoz es una llamada de atención sobre la fragilidad de la vida y la necesidad apremiante de un sistema judicial que funcione con eficiencia y transparencia. Mientras la sociedad chilena llora la pérdida de un joven con un futuro por delante, su memoria exige respuestas que clarifiquen las circunstancias de su muerte y que garanticen que incidentes de esta naturaleza no queden sin sanción.
Con cada nueva revelación, la historia de Francisco se convierte en un claro recordatorio de las múltiples luchas que enfrenta una sociedad que clama por justicia y respeto por la diversidad.
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