Exigen protocolos claros tras condena a hospital por discriminación a niño con TEA

Arica, Chile. En un contexto de creciente preocupación por la atención a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), la reciente condena al Hospital Regional Dr. Juan Noé en Arica ha desencadenado un fuerte clamor por cambios en la política de salud. Las diputadas de oposición María Luisa Cordero (RN) y Catalina del Real (Prep) han solicitado al Ejecutivo la adopción de medidas concretas para abordar lo que consideran una grave discriminación.

Un Clamor por Inclusión en Salud

La condena del hospital, por vulnerar los derechos de un niño de 9 años diagnosticado con autismo, ha puesto de relieve las carencias en el sistema de salud pública en Chile. Ambas diputadas, pertenecientes a diferentes comisiones relevantes del Congreso, han enviado comunicaciones al Ministerio de Salud (Minsal) y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para obtener información precisa sobre los protocolos de atención para personas con TEA y las capacitaciones necesarias del personal de salud.

"Es inaceptable que situaciones como la que sufrió este niño se repitan en un sistema de salud que debería ser inclusivo y empático. La falta de formación y protocolos claros pone en riesgo a muchos pacientes", destacó la diputada Cordero.

Demandas Claras y Concretas

La diputada Cordero también exigió que se esclarecieran los protocolos existentes en los hospitales públicos para la atención de personas con TEA, así como las capacitaciones que el Minsal ha llevado a cabo en este ámbito. La idea es asegurar que todos los trabajadores de la salud estén equipados para atender a personas neurodivergentes de manera adecuada.

Del mismo modo, Catalina del Real enfatizó la necesidad de contar con un enfoque intersectorial. "No solo es una cuestión del Minsal, sino que debe involucrar a Desarrollo Social y todos los actores relevantes", sostuvo. "La salud pública debe ser accesible, universal y respetuosa para todos, especialmente para aquellos que requieren un tratamiento diferenciado".

La Fundación Chilena para la Discapacidad Respaldará el Llamado

Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, respaldó la posición de las parlamentarias. En sus declaraciones, Poblete destacó la importancia de que este fallo no se convierta solo en una anécdota, sino en un punto de inflexión en la manera en que se aborda la neurodiversidad en los centros de salud.

"El sistema de salud tiene el deber legal y ético de ofrecer atención inclusiva", afirmó Poblete. Según él, ignorar las condiciones de las personas con neurodiversidad no solo se traduce en fallos clínicos, sino que también afecta la dignidad humana de estos pacientes.

Un Vínculo Inmediato con los Derechos Humanos

Desde el Congreso, los parlamentarios han comprometido su apoyo en la fiscalización de las acciones del gobierno. Existe una convicción generalizada de que la salud debe avanzar hacia un modelo de atención que respete los derechos humanos. Durante las últimas semanas, se han realizado reuniones con expertos en el área y más de una docena de organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de discutir estos problemas críticos.

Necesidad de Formación Continua para el Personal

A lo largo de este proceso, se ha subrayado la importancia de la capacitación continua del personal médico y administrativo. La falta de formación en temas de inclusión y prácticas adecuadas está afectando profundamente a los pacientes con autismo. Tanto Cordero como Del Real han insistido en que es necesario que los hospitales dispongan de protocolos claros y formativos, lo que permitirá mejorar el trato y atención a personas neurodivergentes.

"Los profesionales de la salud deben tener herramientas adecuadas para responder a las necesidades de una población diversa. No podemos permitir que estos errores se repitan", concluyó la diputada Del Real.

Medidas Prometidas por el Gobierno

El gobierno, por su parte, ha prometido una revisión exhaustiva de los protocolos actuales y una serie de sesiones de capacitación para el personal de salud en todo el país. Se espera que estas medidas se implementen en un futuro cercano, aunque las diputadas y activistas permanecerán alerta para asegurarse de que se lleven a cabo efectivamente.

Conclusión

El caso del Hospital de Arica es un recordatorio alarmante de las brechas que existen en el sistema de salud chileno en relación con la atención inclusiva. La urgencia de establecer protocolos claros y el compromiso de capacitar al personal son pasos esenciales para garantizar que todas las personas, independientemente de su condición, reciban el respeto y la atención que merecen. La lucha por una atención de salud equitativa está lejos de terminar, pero con la presión del Congreso y la sociedad civil, hay esperanza de cambio.

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