Raúl Domínguez, cercano al presidente Boric, dimite tras informe de Contraloría que revela irregularidades en licencias médicas de 25 mil funcionarios públicos.
Chile24 de mayo de 2025
Javier Saldívar
Santiago, Chile – Un escándalo se cierne sobre el gobierno chileno luego de la renuncia de Raúl Domínguez, jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), anunciada este viernes por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Domínguez, amigo de infancia del presidente Gabriel Boric, está bajo la lupa por el uso irregular de una licencia médica que extendió su estancia en Europa tras asistir al Mobile World Congress en China en julio de 2023.
El polémico caso es parte de un informe reciente de la Contraloría General de la República, que ha revelado que 25.078 funcionarios públicos de 777 instituciones salieron del país durante licencias médicas vigentes, generando indignación y acciones administrativas y judiciales.
El informe de la Contraloría, basado en un exhaustivo cruce de datos entre los registros de la Policía de Investigaciones (PDI), las licencias médicas y la base de funcionarios públicos entre 2023 y 2024, documentó la emisión de 5.147.997 licencias médicas, de las cuales 35.585 presentan indicios de uso irregular. Este abuso de las licencias, que afectan en su mayoría a los afiliados a Fonasa (69%) y a Isapres (31%), permitió que muchos funcionarios viajaran al extranjero durante períodos que deberían haber estado dedicados a la recuperación, infringiendo normativas vigentes.
Raúl Domínguez, ingeniero civil eléctrico y antiguo compañero del presidente Boric en el British School de Punta Arenas, asistió en julio de 2023 al Mobile World Congress en Shanghái, China. Sin embargo, al concluir su comisión, no regresó a Chile, sino que utilizó una licencia médica para justificar su permanencia en Europa durante los días 6, 7 y 8 de julio. Tras esto, solicitó un feriado legal del 10 al 14 de julio, lo que agudizó la controversia al extender su estancia en el extranjero por 11 días más.
La Contraloría determinó que Domínguez utilizó la licencia médica de manera "irregular", ya que no cumplía con la normativa que exige a los beneficiarios permanecer en su domicilio durante el período de reposo. Adicionalmente, la Contraloría indicó que el feriado legal mencionado no estaba registrado en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (Siaper), lo que incrementa el nivel de irregularidades en su caso. A raíz de esta situación, el caso de Domínguez fue investigado desde el 24 de julio de 2023 y se elevó a un sumario administrativo en enero de 2025.
El ministro Álvaro Elizalde confirmó la renuncia de Domínguez y destacó que el sumario interno sobre su caso ya estaba en curso antes de hacerse pública la controversia. “Me comuniqué con el ministro de Transportes. Puedo informar que hay un sumario interno en curso que se instruyó antes de esta información, y la persona en cuestión ha presentado su renuncia”, afirmó.
El caso de Domínguez es solo una de las muchas irregularidades que ha expuesto el informe de la Contraloría. 25.078 funcionarios públicos de diversas instituciones han sido identificados viajando al extranjero durante sus licencias médicas entre 2023 y 2024. Las instituciones afectadas van desde la Presidencia de la República hasta la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), que reportó 2.280 licencias irregulares.
El cruce de datos también reveló más de 59.575 movimientos migratorios de estos funcionarios, con un promedio de 17.7 días de reposo por licencia. La Contraloría destacó que hay casos extremos, como el de 125 funcionarios que realizaron entre 16 y 30 viajes internacionales mientras estaban bajo licencia médica. Las regiones con mayor número de movimientos irregulares incluyen la Región Metropolitana (43,7%), Arica y Parinacota (16,9%) y Magallanes (10%).
En respuesta al escándalo, el ministro Elizalde ha anunciado medidas como informes a todos los ministerios, sumarios internos en las instituciones involucradas y el envío de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para posibles acciones civiles y penales. “Con los recursos públicos hay que ser responsables. El abuso de las licencias médicas afecta a los cotizantes y al Estado”, enfatizó Elizalde, subrayando la importancia de que el derecho a la licencia médica esté debidamente justificado.
La revelación del informe ha provocado una oleada de críticas desde diferentes sectores políticos. Desde Chile Vamos, diputados de RN y la UDI exigieron la renuncia inmediata de Domínguez, considerando su caso un ejemplo de “pituto político” y fraude al fisco. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, expresó en su cuenta de X que “usan el Estado como agencia de viajes. Este amigo del Presidente debe ser echado ya”. Críticas similares han surgido de personajes políticos como Gonzalo Winter (Frente Amplio) y José Antonio Kast (Republicanos), quienes demandan sanciones severas.
Asimismo, los diputados de RN han solicitado que la propia Contraloría dirija los sumarios de altos cargos para evitar posibles conflictos de interés, argumentando que los vínculos políticos dentro del gobierno podrían influir en las investigaciones. “No confiamos en sumarios donde el propio gobierno investigue a sus directivos”, declaró el jefe de bancada de RN, Miguel Mellado.
Por The Times en Español
El caso de Raúl Domínguez y las revelaciones de la Contraloría representan un golpe significativo para la administración de Gabriel Boric, marcada por críticas sobre su manejo de la transparencia y la probidad. La cercanía de Domínguez con el presidente, una amistad forjada desde la infancia en Punta Arenas, añade un matiz personal al impacto político del escándalo.
La noticia de que Domínguez se mantuvo en su puesto y recibió un aumento de sueldo a 7.3 millones de pesos mensuales mientras estaba bajo investigación alimenta las acusaciones de favoritismo y descontrol en los procesos internos del gobierno. Fuentes como El Líbero y La Tercera han señalado la lentitud del proceso administrativo, que tomó 22 meses sin avances significativos hasta la renuncia de Domínguez, sugiriendo una posible protección política.
Este escándalo pone en entredicho la capacidad del gobierno para fiscalizar el uso de recursos públicos, destacando una falla estructural en el control sobre las licencias médicas. La Contraloría ha dejado claro que el abuso de estas licencias no solo implica un fraude al fisco, sino que también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
A medida que se aproxima la elección presidencial de 2025, los opositores al gobierno de Boric podrían utilizar este caso para cuestionar su gestión. La percepción de que el gobierno protege a sus aliados, como Domínguez, puede fortalecer las narrativas de corrupción y desgobierno en un electorado cada vez más sensible a escándalos de esta índole. La respuesta de Boric, que hasta ahora se ha mantenido al margen, será crucial para determinar si este episodio se convierte en un punto de inflexión en su presidencia.
La renuncia de Raúl Domínguez marca un capítulo crucial en el escándalo de licencias médicas irregulares en Chile, que ha expuesto vulnerabilidades en la gestión pública y avivado un debate sobre la transparencia y el uso de recursos estatales. A pesar de las acciones administrativas y judiciales anunciadas por el gobierno, el caso resalta la necesidad urgente de reformas estructurales para prevenir abusos futuros. La presión política y mediática no disminuirá, y la forma en que el gobierno maneje esta crisis será vital para la imagen del presidente Boric y su administración.
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