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José Antonio Kast propone eliminar la dieta vitalicia de expresidentes, apuntando a Boric, quien podría recibir 17 millones mensuales al dejar el cargo.
Chile24 de mayo de 2025¡Mantente informado con The Times en Español!
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Santiago, Chile – La polémica sobre las dietas vitalicias de los expresidentes ha cobrado fuerza en el panorama político chileno, tras las declaraciones del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien se comprometió a renunciar a este beneficio si llegara a la presidencia. La atención ahora se centra en el actual mandatario, Gabriel Boric, quien, al término de su mandato en marzo de 2026, tendría derecho a recibir hasta 17 millones de pesos mensuales, según lo estipulado en la legislación.
El artículo 30 de la Constitución de Chile asegura que los expresidentes perciban una dieta parlamentaria, equivalente a la de los senadores, que supera los 7 millones de pesos brutos, además de gastos operacionales y administrativos. Este sistema ha permitido que figuras como Michelle Bachelet, Eduardo Frei y Ricardo Lagos reciban mensualidades que rondan los 17 millones de pesos. En abril de 2025, por ejemplo, Bachelet reportó ingresos de 16.719.890 pesos, Frei, 17.653.857 pesos, y Lagos, 17.335.056 pesos, sumando un gasto total de más de 620 millones de pesos anuales para el erario público.
Kast ha criticado enérgicamente este sistema, planteando que no es justo que alguien como Boric, quien dejará el cargo a los 40 años, acceda a una pensión vitalicia por encima de la edad de jubilación establecida en 60 años para mujeres y 65 para hombres. “No debe corresponder que un expresidente reciba una especie de jubilación antes de lo que le corresponde a cualquier chileno”, afirmó en declaraciones citadas por The Clinic.
El debate ha abierto la puerta a un proyecto de ley presentado en marzo de 2024 por los diputados Carlos Bianchi, Cristián Tapia y Héctor Ulloa, que busca reformar el artículo 30 para reemplazar la dieta vitalicia por una pensión de vejez a definir por una comisión de expertos. Este proyecto lleva más de un año estancado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Según sus impulsores, la nueva pensión se podría solicitar a partir de los 65 años, eliminando también los gastos operacionales asociados.
Bianchi ha instado a Boric a renunciar a este beneficio en su próxima Cuenta Pública del 1 de junio de 2025, argumentando que “es necesario” que demuestre coherencia con su discurso de equidad y justicia social.
A pesar de las propuestas, el avance legislativo se ha frenado debido a la falta de apoyo político. En junio de 2023, la diputada Paula Labra intentó una reforma directa para eliminar la dieta vitalicia, pero, al igual que el proyecto de Bianchi, no logró avanzar por la resistencia de bloques como el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Esto ha generado críticas en redes sociales, donde la ciudadanía exige respuestas sobre los privilegios de la clase política, en un contexto en el que muchos chilenos sobreviven con pensiones mínimas.
Kast ha resaltado que el beneficio no representa un “enriquecimiento ilícito”, pero considera necesario reformar un sistema que perpetúa inequidades. “Los expresidentes merecen reconocimiento, pero no a costa de la equidad social”, declaró.
Esta discusión sobre dietas vitalicias ocurre en un contexto social cargado de tensiones y en medio de un creciente malestar por las desigualdades económicas en Chile. Mientras expresidentes acceden a sumas millonarias, la Pensión Garantizada Universal (PGU), que asiste a millones de jubilados, es apenas de 206.000 pesos mensuales, según el Instituto de Previsión Social. Esta disparidad es frecuentemente utilizada por quienes buscan transformar las políticas públicas, argumentando que los recursos podrían ser mejor destinados al bienestar de la población.
La reforma previsional, uno de los proyectos más importantes del gobierno de Boric, se encuentra en discusión en el Congreso, aunque la falta de avances ha alimentado las críticas hacia los beneficios de la élite política. Bianchi ha subrayado que “es impresentable que, mientras no avanzamos en la reforma de pensiones, los expresidentes reciban cifras que equivalen a 35 veces la PGU”.
La propuesta de Kast ha encontrado eco en la opinión pública, especialmente en las redes sociales, donde usuarios han expresado la necesidad de una renuncia de Boric a la dieta vitalicia. La presión para que el presidente se pronuncie sobre esta controversia crecerá a medida que se acerque su próxima Cuenta Pública, un momento crucial para su imagen y credibilidad como líder progresista.
Mientras tanto, el debate en el Congreso podría reactivarse en el contexto de la reforma previsional, aunque las dificultades políticas y la falta de consenso siguen siendo barreras significativas. Lo que está en juego es mucho más que una simple dieta; se trata de la percepción de justicia y equidad en una nación que se ha visto marcada por las desigualdades.
El debate sobre las dietas vitalicias de los expresidentes en Chile no es solo una discusión económica, sino un reflejo de las tensiones sociales que atraviesan al país. La ofensiva liderada por José Antonio Kast, respaldada por figuras como Carlos Bianchi, denuncia un malestar ciudadano que supera ideologías: la percepción de una élite política desconectada de las necesidades de la mayoría.
El compromiso de Kast de renunciar a la dieta vitalicia es una estrategia para conectar con un electorado que busca justicia y equidad. Sin embargo, su postura entra en conflicto con las acusaciones de su partido de defender intereses de élites económicas, lo que podría debilitar su mensaje.
El silencio de Boric sobre el tema es preocupante. Su falta de acción podría ser vista como una contradicción a su discurso de juventud y renovación política. La presión para abordar este asunto en su próxima Cuenta Pública aumentará, siendo un indicador clave de su compromiso con la transparencia.
La situación en el Congreso, donde los intereses partidistas a menudo priman sobre las demandas ciudadanos, ilustra las dificultades para avanzar hacia una reforma sustancial. La resistencia de partidos a perjudicar a figuras históricas de la política chilena podría costarles en un electorado que pide a gritos reformar un sistema que consideran injusto.
En conclusión, el debate sobre las dietas vitalicias no solo afecta la imagen de Boric y Kast, sino que también toca la credibilidad de las instituciones chilenas. Mientras Chile enfrenta desafíos económicos y sociales, la posible eliminación o reforma de este beneficio puede ser un paso hacia la reconciliación de la política con una ciudadanía que exige justicia y transparencia.
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