La Fuerza Aérea de Chile se niega a brindar información sobre cinco funcionarios arrestados por tráfico de drogas, desatando un conflicto con la Fiscalía.
Chile07 de julio de 2025
Lucía Rivas
Santiago, Chile, 7 de julio de 2025, – Un nuevo escándalo acecha a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) tras su negativa a colaborar con la entrega de datos sobre cinco de sus funcionarios detenidos por presunto tráfico de drogas. Este caso revela prácticas que ponen en jaque la transparencia institucional y generan un conflicto serio con la Fiscalía, que persigue justicia civil en un asunto de gran gravedad.
El pasado 5 de julio, cinco oficiales de la FACh fueron arrestados en Santiago mientras intentaban transportar drogas en un avión institucional. Según informes iniciales de la Policía de Investigaciones (PDI), se sospecha que los arrestados defendían sus posiciones dentro de la milicia para emplear recursos públicos en actividades ilícitas. Esta situación ha suscitado una ola de indignación en la ciudadanía y desatado interrogantes sobre la integridad de las Fuerzas Armadas de Chile.
La Fiscalía Nacional, liderada por el fiscal regional de Santiago, ha iniciado una profunda investigación para esclarecer este caso, pero se ha encontrado con un obstáculo considerable: la FACh asegura que la investigación corresponde exclusivamente a la justicia militar, amparándose en el Código de Justicia Militar. La negativa de la institución a proporcionar información ha sido duramente criticada por organismos como Chile Transparente, que sostiene que "dar prioridad a la justicia civil generaría mayor confianza en el proceso".
La discordia entre la FACh y la Fiscalía no es un hecho aislado, sino un reflejo de una tensión histórica en Chile sobre la jurisdicción en casos que involucran a militares. Bajo el marco del Código de Justicia Militar, los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en funcione de sus operaciones son generalmente procesados en tribunales militares, lo que permite un manejo interno de tales casos. Sin embargo, desde la Fiscalía se sostiene que el tráfico de drogas es un delito de carácter civil con serias implicaciones sociales, particularmente cuando implica el uso de recursos públicos.
Para abordar esta disputa, la Fiscalía planea solicitar una audiencia de contienda de competencia ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Este procedimiento buscará determinar qué tribunal tiene la autoridad para investigar y juzgar a los funcionarios involucrados. Según el abogado Juan Pérez, miembro del Colegio de Abogados de Chile, “los conflictos de competencias son comunes en delitos que afectan la seguridad pública, y la justicia civil tiene más experiencia abordando situaciones vinculadas al narcotráfico.”
A pesar de la falta de colaboración por parte de la FACh, los informes preliminares sugieren que los cinco detenidos pertenecen a una unidad logística de la institución. La investigación, que incluye seguimientos y escuchas telefónicas, ha revelado que los involucrados intentaban transportar cocaína y otras sustancias ilegales, utilizando un avión institucional para eludir controles aduaneros.
Este incidente ha provocado un impacto significativo en la percepción pública respecto a la FACh, una institución tradicionalmente respetada en Chile. La idea de que personal de alto rango esté implicado en actividades delictivas ha reavivado el debate sobre la necesidad de mayores controles internos y de mayor transparencia en las Fuerzas Armadas. "Esto representa un golpe duro a la confianza pública," explicó María González, analista en seguridad. "La ciudadanía espera que sus instituciones sean ejemplares, especialmente en un contexto donde el narcotráfico está en incremento."
Situaciones como la de la FACh no pueden ser entendidas de manera aislada, sino como parte de un problema más amplio en América Latina, donde el narcotráfico ha infiltrado tanto instituciones públicas como privadas. Países como México y Colombia ya han enfrentado escándalos similares, donde funcionarios de alto nivel han sido acusados de colaborar con cárteles de drogas. En México, por ejemplo, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue condenado en 2023 en Estados Unidos por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.
En Chile, el narcotráfico ha estado ganando terreno en los últimos años, especialmente en puertos como Valparaíso y San Antonio, los cuales se han convertido en puntos estratégicos para el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Europa y Asia. La participación de militares en estas actividades no es un fenómeno nuevo, pero su aparición en este escándalo representa un aumento alarmante en la gravedad de la situación.
Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) menciona que el tráfico de drogas en América Latina genera alrededor de 150 mil millones de dólares anuales, constituyendo una de las mayores amenazas para la estabilidad regional.
La negativa de la FACh a entregar información ha suscitado críticas intensas desde diferentes sectores políticos y sociales. El diputado Rodrigo Martínez, miembro de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional, ha calificado la situación de “inaceptable”, instando a una revisión exhaustiva de los protocolos actuales de la justicia militar. "No puede haber zonas grises cuando se trata de delitos tan graves como el narcotráfico", enfatizó.
El Ministerio Público, por su parte, ha reiterado su compromiso con la investigación, asegurando que agotará todas las instancias legales necesarias para garantizar la transparencia en el proceso. Activistas de organizaciones civiles, como Chile Transparente, han demandado que el caso sea transferido a la justicia civil, advirtiendo que “la justicia militar no cuenta con la imparcialidad ni la capacidad necesarias para llevar un caso de esta magnitud.”
Este escándalo plantea serias preguntas sobre el control interno en las Fuerzas Armadas y la eficacia de los mecanismos de supervisión. La FACh ha anunciado que llevará a cabo una investigación interna, aunque no ha especificado detalles sobre el alcance o los plazos de la misma. Mientras tanto, la Corte de Apelaciones se prepara para resolver la disputa de competencias, y cualquier retraso en la decisión podría complicar la recolección de pruebas y el eventual procesamiento de los responsables.
A nivel político, este caso podría tener un impacto considerable. En un año electoral en Chile, donde los temas de seguridad son prioritarios, el caso podría ser aprovechado por fuerzas opositoras para cuestionar la gestión del gobierno en materia de defensa y narcotráfico. La presidenta Michelle Bachelet, en su segundo mandato, se enfrenta a una presión creciente para fortalecer las políticas contra las drogas y asegurar la transparencia en las instituciones.
Por Víctor Manuel Arce García, editor de The Times en español
El escándalo que rodea a la FACh por la detención de cinco de sus funcionarios por tráfico de drogas no solo expone las debilidades de las Fuerzas Armadas chilenas, sino que también pone en el centro del debate la relación conflictiva entre las instituciones militares y el poder civil en América Latina. La negativa de la FACh a colaborar con la Fiscalía refleja una tensión estructural entre la autonomía militar y la rendición de cuentas, un problema que ha marcado la historia reciente en países como México y Colombia, donde las Fuerzas Armadas han sido acusadas de proteger a los cárteles de drogas en lugar de combatirlos.
Localmente, este asunto podría erosionar la confianza en la administración de Michelle Bachelet, ya cuestionada por su manejo de la seguridad pública. La creciente violencia asociada al narcotráfico en regiones como Arica y Tarapacá ha generado alarma, y si la Corte de Apelaciones se pronuncia a favor de la justicia civil, esto podría establecer un precedente crucial que limite el alcance de la justicia militar. Sin embargo, tal decisión también podría aumentar las fricciones con las Fuerzas Armadas, quienes perciben estos casos como una amenaza a su independencia.
En un contexto regional, este caso pone de manifiesto que el narcotráfico es una fuerza corrosiva capaz de permeabilizar incluso instituciones tradicionalmente sólidas. La colaboración internacional, particularmente con agencias como la DEA, será vital para desmantelar las redes que operan en el país. No obstante, ello también conlleva riesgos, ya que la intervención externa en temas de seguridad puede generar resistencias tanto políticas como sociales.
A nivel global, la situación de la FACh ilustra la injerencia del narcotráfico en todas las esferas del poder. La presión internacional para que América Latina intensifique sus esfuerzos contra el tráfico de drogas podría obligar a Chile a reevaluar sus estrategias de seguridad y defensa en el futuro. No obstante, cualquier reforma debe equilibrar la necesidad de transparencia con el respeto a la soberanía institucional, un desafío crucial en la lucha contra el crimen organizado a largo plazo.
El caso de los cinco funcionarios de la FACh detenidos por tráfico de drogas representa un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en Chile. Mientras la Fiscalía y la justicia militar se enfrentan en la disputa por la competencia del caso, la ciudadanía espera respuestas claras y castigos ejemplares. La resolución de esta controversia no solo redefinirá el futuro de los implicados, sino que también podrá reconfigurar la relación entre las Fuerzas Armadas y la justicia civil en un país que busca mantener su reputación como bastión de estabilidad en América Latina.
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