El Consejo de Defensa del Estado solicita la retención de $8 millones ganados por Camila Polizzi en medio del escándalo de corrupción en Concepción.
Chile08 de julio de 2025
Lucía Rivas
Concepción, Chile, – El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha solicitado al Juzgado de Garantía de Concepción la retención de 8 millones de pesos que la excandidata a alcaldesa, Camila Polizzi, obtuvo tras realizar presentaciones en el Diosas Club de Recoleta, en la Región Metropolitana. Esta acción busca resarcir los fondos presuntamente malversados en el marco del Caso Convenios, un escándalo de corrupción que impacta a la Región del Biobío. La defensa de Polizzi afirma que los ingresos son “remuneraciones no embargables”, lo que añade un nuevo capítulo a esta saga judicial.
El Caso Convenios, conocido también como Caso Fundaciones, constituye una de las investigaciones más significativas sobre corrupción en Chile en años recientes. La arista Lencería, donde está imputada Camila Polizzi, surgió a raíz de la transferencia de 250 millones de pesos desde el Gobierno Regional del Biobío a la Fundación En Ti, vinculada a Polizzi. La Fiscalía sostiene que estos fondos, destinados a fines sociales, fueron utilizados de manera irregular, incluso en el supuesto gasto en lencería con dineros públicos, un detalle que ha captado la atención mediática.
Durante su arresto domiciliario total desde diciembre de 2023, Polizzi ha negado los cargos reiteradamente. En una intervención en el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión, la imputada declaró: “Nunca compré lencería”, responsabilizando a un “exceso de confianza” en allegados. Sin embargo, el CDE, que representa los intereses del Gobierno Regional del Biobío, insiste en recuperar los fondos malversados, vinculando los recientes ingresos de Polizzi a una posible solución para cubrir el daño al erario público.
El Diosas Club, ubicado en el bohemio Barrio Bellavista de Santiago, se ha convertido en el centro de la controversia tras las presentaciones de Polizzi, quien se disfrazó de personajes icónicos como Harley Quinn y Cleopatra. Según su abogado, Francisco García, cada presentación le reportó 4 millones de pesos, alcanzando un total de 8 millones en un fin de semana llamativo para el mundo del espectáculo y la política.
El permiso judicial que autorizó a Polizzi a viajar a Santiago fue concedido tras considerar su “situación financiera”, principalmente para garantizar el sustento de sus hijas. No obstante, esta decisión desató críticas de figuras públicas como Daniela Aránguiz, quien la tildó de “pena” y acusó a Polizzi de demostrar una actitud "impune" ante el escándalo.
El CDE formalizó su solicitud el 7 de julio, exigiendo que los 8 millones de pesos pagados por Inversiones Conecta Chile SpA, la empresa a cargo del Diosas Club, sean retenidos. La entidad argumenta que estos fondos deberían destinarse a cubrir los daños fiscales provocados por el Caso Convenios. La solicitud se extiende a cualquier “retiro de ganancias” futuro que Polizzi pudiera obtener.
Francisco García ha cuestionado la legalidad de esta medida, afirmando que los ingresos de su defendida son remuneraciones protegidas por la ley chilena. En una entrevista con Radio Universo, García resaltó: “Las remuneraciones, salvo ciertos montos, no pueden ser objeto de retención”. Además, mencionó que Polizzi carece de patrimonio y depende de actividades como los shows nocturnos y la creación de contenido en plataformas digitales como Arsmate para sobrevivir.
El debate legal gira en torno a si los ingresos generados por Polizzi son considerados ganancias lícitas o si, debido a su contexto judicial, deben ser retenidos como parte de la investigación. Previamente, el CDE ya había congelado 250 millones de pesos que Polizzi había obtenido en Arsmate, lo que refuerza su estrategia de recuperar fondos vinculados a la imputada.
Simultáneamente, la defensa de Polizzi ha solicitado una audiencia crucial para cerrar la investigación en la arista Fundación En Ti, argumentando que el plazo de indagación, de un año y ocho meses, ha expirado sin que la Fiscalía demandara una extensión. Esta audiencia, programada para los próximos días en el Juzgado de Garantía de Concepción, puede marcar un punto de inflexión en el caso, a pesar de que el CDE y otros involucrados han pedido extender la pesquisa debido a diligencias aún pendientes.
Según la fiscal María José Aguayo, encargada del caso, Polizzi ha optado por guardar silencio durante las indagatorias, lo que ha complicado el avance de la investigación. Aunque la imputada ha utilizado plataformas como TikTok y la televisión para defender su inocencia, generando un contraste marcado entre su imagen pública y su situación judicial.
El caso de Camila Polizzi y el Caso Convenios refleja no solo una crisis judicial, sino también una grave preocupación sobre la transparencia y la ética en la política chilena. La decisión del CDE de congelar los ingresos de Polizzi, aunque respaldada legalmente, suscita interrogantes sobre la justicia y la imparcialidad del sistema judicial chileno. Mientras Polizzi ha generado ingresos significativos bajo un permiso judicial, otros imputados enfrentan restricciones mucho más severas, lo que alimenta una percepción de privilegiados en el tratamiento de figuras públicas.
A nivel local, el escándalo ha dañado la confianza en el Gobierno Regional del Biobío, una entidad crucial para el desarrollo de esta importante región del país. La arista Lencería, con su carga mediática, ha desviado la atención de fallas sistémicas en la fiscalización de convenios públicos, un problema que afecta no solo a esta región, sino a múltiples localidades en Chile. La lentitud de la Fiscalía en cerrar la investigación, junto con la alta exposición de Polizzi, refuerza la narrativa de un sistema judicial incapaz de proporcionar respuestas rápidas y efectivas.
Globalmente, el Caso Convenios se alinea con las crecientes demandas de la sociedad civil para rendir cuentas en diversas democracias latinoamericanas. Escándalos similares en países como Brasil y Perú han mostrado que la corrupción en la administración pública puede erosionar la legitimidad de las instituciones. En un país como Chile, conocido por su estabilidad política, estos casos pueden actuar como un llamado de atención sobre la fragilidad de los mecanismos de control.
La resolución del caso dependerá de la capacidad del Juzgado de Garantía de Concepción para equilibrar los derechos de los imputados con la imperiosa necesidad de restaurar el daño al erario público. Si la investigación concluye sin resultados concretos, el Caso Convenios podría convertirse en un símbolo de impunidad, alimentando el descontento social. Por el contrario, una resolución contundente enviaría un mensaje claro sobre la intolerancia ante la corrupción, un paso crucial para fortalecer la democracia chilena.
Con el Consejo de Defensa del Estado intensificando sus esfuerzos para recuperar los fondos supuestamente defraudados, el futuro de Camila Polizzi se mantiene en el aire. La próxima audiencia podría significar un cambio decisivo en el proceso. Sin duda, el Caso Convenios seguirá siendo un punto focal de interés público, no solo por sus repercusiones judiciales, sino también por lo que revela sobre las tensiones entre justicia, transparencia y equidad en Chile.
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