Valeria Ponce Canche
Santiago, Chile – La Cámara de Diputados protagonizó una sesión especial marcada por la controversia, donde se discutió la tragedia ocurrida el 10 de abril de 2025 en las cercanías del Estadio Monumental, donde dos jóvenes perdieron la vida en disturbios. Con escasa asistencia parlamentaria y tras una suspensión por falta de quórum, se aprobó un oficio dirigido al Presidente Gabriel Boric, solicitando la destitución del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán. Este hecho, impulsado por la bancada del Partido Republicano, intensifica la presión sobre Durán, quien también enfrentará una acusación constitucional en los próximos días.
Convocada por la diputada Marisela Santibáñez (Ind.) y respaldada por Renovación Nacional, la sesión incluyó a altas autoridades como el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya. A pesar de la presencia de figuras clave, la baja asistencia de parlamentarios reflejó las tensiones y la polarización en torno a la seguridad en eventos masivos.
El debate se centró en tres ejes principales: la seguridad en los estadios, el rol de Carabineros y la responsabilidad política de Durán. Legisladores de oposición, encabezados por Henry Leal (UDI), acusaron al delegado de negligencia, insistiendo en que su falta de acción derivó en la tragedia. “Los carabineros van porque hay delincuentes actuando en las afueras del estadio,” aseguró Leal, subrayando que hay “responsabilidades políticas que no se han asumido.”
Desde el oficialismo, se defendió a Durán. El diputado Andrés Giordano (FA) describió los eventos como un “fracaso estructural” del sistema de seguridad, cuestionando que la oposición utilizara la tragedia como una “vendetta política” al promover una acusación constitucional. Alejandra Placencia (PC) enfatizó que las víctimas “no eran barristas peligrosos,” criticando el uso del crimen organizado como excusa para justificar fallas policiales.
Los trágicos incidentes del 10 de abril, durante el partido de Copa Libertadores entre Colo Colo y Fortaleza, resultaron en el atropello de dos jóvenes por un vehículo policial. A pesar de haber sido informado de las muertes antes del partido, Durán argumentó que no había condiciones legales para suspender el encuentro, una decisión que ha suscitado severas críticas.
Un informe de Carabineros, revelado por Ciper Chile, cuestionó la versión inicial de los hechos, lo que alimentó las críticas hacia la gestión de seguridad. La oposición, liderada por Chile Vamos y otros partidos, sostiene que una mejor planificación podría haber evitado la tragedia. La acusación constitucional presentada el 6 de mayo busca establecer la responsabilidad política de Durán ante estas omisiones.
La aprobación del oficio para solicitar la remoción de Durán, con 45 votos a favor, refleja el apoyo de la oposición y divide al oficialismo. Las abstenciones de diputados del Partido Liberal y la Democracia Cristiana evidencian la falta de consenso, incluso entre sectores moderados. Para que la acusación constitucional prospere, se requieren 76 votos en la Cámara Baja, un objetivo que la oposición considera alcanzable.
La presión sobre Durán aumentó tras su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde defendió su actuación y aseguró que no piensa renunciar. Sin embargo, la oposición insiste en que su permanencia es insostenible, especialmente tras lo sucedido. “No podemos dejar pasar hechos tan graves,” remarcó el jefe de bancada de la UDI.
La sesión especial y la solicitud de remoción de Durán reflejan profundas divisiones en el escenario político chileno, en un año electoral como 2025. The Times en español señala que la tragedia del Monumental ha sido utilizada por la oposición para desgastar al gobierno de Boric, en un contexto donde la seguridad pública es crucial.
Mientras el oficialismo responde que la oposición desvía el foco de las fallas estructurales en seguridad, informes como el de Ciper Chile complican su estrategia si las investigaciones avanzan. Este episodio resalta la necesidad de una reforma integral a la legislación sobre seguridad en estadios, destacada por la diputada Yasna Lewin.
Por otro lado, la baja asistencia a la sesión, reflejada por BioBioChile, sugiere dificultades del Congreso para priorizar temas de interés público en medio de disputas partidistas.
La tragedia del Estadio Monumental pone en evidencia las tensiones entre el gobierno, la oposición y las fuerzas policiales, mientras la ciudadanía exige respuestas y medidas concretas. La solicitud de remoción de Durán es simbólica, pero su impacto dependerá de la respuesta de Boric ante la acusación constitucional. La seguridad en eventos masivos y la profesionalización de la acción policial siguen siendo un desafío pendiente para Chile.
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