Victor Manuel Arce Garcia
Washington D.C., 22 de abril de 2025. La Casa Blanca confirmó esta tarde, a las 18:00 horas (hora local), que responderá en los tribunales a la demanda presentada por Harvard University, intensificando un enfrentamiento sin precedentes entre el gobierno de Donald Trump y la prestigiosa institución. El conflicto, que estalló tras la congelación de $2.2 mil millones en fondos federales el pasado 14 de abril, enfrenta al Ejecutivo con la universidad más rica del mundo, en un caso que podría redefinir la relación entre el gobierno federal y las instituciones académicas privadas en Estados Unidos.
El anuncio llegó horas después de que Harvard presentara su demanda en un tribunal federal de Boston, el lunes 21 de abril, acusando al gobierno de Trump de violar la Primera Enmienda y de usar el financiamiento como “arma” para imponer control político sobre sus decisiones académicas. La universidad argumenta que la medida, que afecta investigaciones médicas, científicas y tecnológicas, no tiene una conexión racional con las acusaciones de antisemitismo que la administración esgrime como justificación. “El gobierno ha cesado el flujo de fondos como parte de una campaña de presión para forzar a Harvard a someterse a su control”, señala el escrito legal de 51 páginas, que pide declarar la congelación “ilegal” y revertirla de inmediato.
La respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar. En una declaración emitida este martes, el portavoz Harrison Fields afirmó: “El presidente Trump está trabajando para hacer que la educación superior sea grande otra vez, poniendo fin al antisemitismo desenfrenado y asegurando que los dólares de los contribuyentes no financien discriminación racial ni violencia”. Fields agregó que Harvard “no cumple con las condiciones básicas” para recibir fondos públicos, reiterando una postura que la administración ha sostenido desde que envió una carta con demandas el 11 de abril, exigiendo cambios como la eliminación de programas de diversidad, auditorías de “diversidad de puntos de vista” y reportes de estudiantes extranjeros que violen normas del campus.
El origen del choque se remonta a marzo, cuando el gobierno inició una revisión de $9 mil millones en fondos federales a Harvard, alegando fallas en combatir el antisemitismo tras protestas pro-palestinas en 2024. Tras el rechazo de Harvard a las demandas, el 14 de abril la administración congeló $2.2 mil millones en subsidios plurianuales y $60 millones en contratos, una medida que la universidad calificó de “punitiva” y “sin precedentes”. Desde entonces, el conflicto ha escalado: Trump ha amenazado con revocar el estatus de exención fiscal de Harvard, y el Internal Revenue Service (IRS) evalúa esa posibilidad, según reportes de The Wall Street Journal.
El caso ha captado la atención nacional e internacional, con expertos legales pronosticando un recorrido hasta la Corte Suprema. Laurence Tribe, profesor emérito de Harvard, dijo a CNN: “Cuando ganemos, y lo haremos, esto dará coraje a otras instituciones para resistir demandas dictatoriales”. Por su parte, la Casa Blanca parece confiada en su posición legal, respaldada por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación en programas que reciben fondos federales. Sin embargo, Harvard sostiene que el gobierno no ha seguido los procedimientos legales requeridos para justificar la congelación.
La disputa trasciende lo financiero. Con un endowment de $53.2 mil millones, Harvard podría amortiguar el impacto económico a corto plazo, pero el 80% de esos fondos está restringido a fines específicos, como becas y proyectos académicos. La congelación ya ha afectado investigaciones clave: el doctor Donald Ingber, del Wyss Institute, recibió órdenes de suspender trabajos financiados por la Autoridad de Investigación Biomédica Avanzada, y Sarah Fortune, de la Escuela de Salud Pública, detuvo estudios sobre tuberculosis vinculados a un contrato de $60 millones del NIH, según fuentes internas citadas por CNN.
Sin embargo, la administración no retrocede. Además de Harvard, ha congelado fondos a Columbia ($400 millones), Cornell ($1 mil millones) y Northwestern ($790 millones), y negocia acuerdos con otras instituciones para imponer cambios similares. Esta ofensiva, que Trump enmarca como una cruzada contra el “woke” y el antisemitismo, coincide con su segundo mandato, iniciado en enero de 2025, y refleja promesas de campaña de “reclamar” las universidades de la “izquierda comunista”.
El juicio, asignado a la jueza Allison Burroughs —quien en 2019 falló a favor de Harvard en un caso de admisiones—, podría extenderse por años. Mientras tanto, las consecuencias inmediatas se sienten en el campus: estudiantes internacionales temen por sus visas, y profesores como Nikolas Bowie, de Harvard Law, denuncian que “Trump está aterrorizando a la academia para castigar nuestras ideas”. La Casa Blanca, por su parte, prepara su defensa legal, prometiendo un combate sin cuartel en los tribunales.
Desde The Times en Español, este choque entre Harvard y la Casa Blanca es un punto de inflexión en la batalla por la autonomía académica en EE.UU. La postura de Trump busca disciplinar a las universidades de élite bajo el pretexto del antisemitismo, pero su enfoque agresivo —congelando fondos sin proceso claro— parece más una vendetta política que una solución efectiva. Harvard tiene razón al señalar la falta de nexo entre los recortes y los objetivos declarados, pero su dependencia de fondos federales lo pone en una posición vulnerable a pesar de su riqueza.
La respuesta judicial de la Casa Blanca podría solidificar un precedente peligroso: si triunfa, el gobierno ganaría un poder inusitado sobre la educación privada; si pierde, podría galvanizar la resistencia institucional. Por ahora, Trump arriesga alienar a aliados y acelerar debates sobre alternativas al dólar como moneda de reserva, un tema que él mismo defiende con vehemencia. Este caso no solo es legal, sino un reflejo de las tensiones entre poder estatal y libertad intelectual en un país dividido.
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