La migración en Chile no es la causa principal del desempleo, sino un reflejo de un sistema laboral precario. El sector empresarial, con bajos salarios y falta de mejoras, junto a políticas migratorias insuficientes, perpetúa la informalidad y la desigualdad.
Opinión18 de abril de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
La migración en Chile ha sido señalada como un factor clave en el desempleo y la precariedad laboral, pero esta narrativa simplifica un problema estructural donde el sector empresarial y las políticas laborales juegan un rol determinante. Con datos recientes y un análisis de las leyes laborales, esta columna explora cómo la migración interactúa con el mercado laboral chileno y por qué culpar a los migrantes desvía la atención de soluciones reales.
Contexto migratorio y desempleo Chile ha experimentado un aumento significativo de la migración. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), al 31 de diciembre de 2022, había 1.625.074 personas extranjeras en el país, equivalente al 8.2% de la población. De estas, 973.450 estaban ocupadas en 2023, representando el 11% de los empleos totales. Los principales países de origen son Venezuela (30%), Haití y Colombia, y se concentran en sectores como comercio (24.4%), servicios (20%) y construcción (8.5%).
La tasa de desempleo nacional, según el INE, fue de 8.5% en el trimestre móvil diciembre 2024-febrero 2025, con un aumento en sectores donde compiten tanto chilenos como migrantes. Esto ha alimentado la percepción de que los migrantes "quitan" empleos, respaldada por un 70% de chilenos que, según la encuesta Cadem 2024, consideran negativa la inmigración.
El rol del sector empresarial El sector empresarial contribuye significativamente a la precariedad laboral. Muchas empresas prefieren contratar migrantes debido a su disposición a aceptar salarios más bajos y condiciones menos favorables. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022) señala que los migrantes en Chile ganan en promedio un 20% menos que los chilenos en trabajos similares. Esta práctica no solo afecta a los migrantes, sino que presiona a la baja los salarios de todos los trabajadores, desincentivando mejoras salariales. Por ejemplo, el salario mínimo en Chile, que subió a 500.000 CLP en 2024, sigue siendo insuficiente frente al costo de vida, y muchas empresas evaden incrementos por encima de este piso, especialmente en sectores informales donde los migrantes son mayoría.
Además, la informalidad laboral es un problema grave. Desde 2022, la tasa de informalidad entre migrantes supera la de los chilenos, con un 30% de trabajadores extranjeros en empleos precarios sin contrato ni seguridad social. Esto se debe en parte a la irregularidad migratoria, que limita el acceso a trabajos formales, pero también a la falta de fiscalización de empresas que explotan esta vulnerabilidad.
Leyes laborales y fiscalización La legislación laboral chilena, aunque robusta en teoría, enfrenta desafíos en su aplicación. El Código del Trabajo establece derechos como salario mínimo, jornada máxima de 44 horas (pronto 40 horas con la Ley N° 21.561 de 2023) y cotizaciones previsionales. Sin embargo, la Ley de Migración y Extranjería (N° 21.325, 2021) impone restricciones a los migrantes, como la necesidad de un permiso de trabajo específico, lo que dificulta su acceso al mercado formal.
El artículo 505 bis del Código del Trabajo sanciona a empleadores que contraten a migrantes sin autorización, con multas de hasta 100 UTM (aproximadamente 6.5 millones CLP en 2025) por trabajador. Sin embargo, la fiscalización es insuficiente. La Dirección del Trabajo, según un informe de la OIT, carece de recursos para inspeccionar adecuadamente las condiciones laborales, especialmente en sectores como agricultura y construcción, donde los abusos son frecuentes. Además, la Ley N° 21.325, aunque busca regular la migración, no aborda la integración laboral ni establece incentivos para que las empresas formalicen a los trabajadores migrantes.
Políticas migratorias y responsabilidad gubernamental Las políticas migratorias chilenas han sido criticadas por su enfoque reactivo. La Ley N° 21.325 representa un avance frente al Decreto Ley N° 1.094 de 1975, al incorporar un enfoque de derechos y regularización, pero no resuelve las barreras estructurales para la integración laboral. Por ejemplo, los procesos de regularización son lentos, y un 33% de los migrantes están en situación irregular, lo que los empuja a la informalidad.
El gobierno ha intentado medidas como la mesa de trabajo para la inserción laboral de migrantes, con participación de la OIT, la CUT y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Sin embargo, estas iniciativas no han generado cambios estructurales, y la falta de coordinación entre políticas migratorias, laborales y sociales persiste.
El gobierno ha propuesto rediseñar subsidios como el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio al Empleo Joven para incentivar la formalidad, pero estos programas no alcanzan a los sectores más vulnerables, como los migrantes irregulares o los trabajadores por cuenta propia. Además, la informalidad estructural, que afecta a regiones como La Araucanía (38.1% de informalidad), requiere políticas regionales específicas que consideren economías cíclicas y bajas remuneraciones.
El gobierno enfrenta un dilema: cómo reducir la informalidad sin desincentivar la contratación formal ni afectar a los sectores más vulnerables. La OIT sugiere que la formalización no solo reduce la precariedad, sino que también aumenta la productividad y el PIB, como se vio con el aporte migrante al crecimiento económico (13.4% entre 2009 y 2017). Sin embargo, las políticas actuales no logran integrar a los migrantes ni combatir las prácticas empresariales que perpetúan la informalidad
Conclusión: Hacia un mercado laboral inclusivo Culpar a la migración por el desempleo y la precariedad es una solución fácil que ignora las fallas del sistema. El sector empresarial debe asumir su responsabilidad, ofreciendo salarios justos y formalizando el empleo, mientras que el gobierno debe fortalecer la fiscalización laboral y agilizar la regularización migratoria. La OIT sugiere que integrar a los migrantes al mercado formal no solo reduce la informalidad, sino que fortalece la economía, como se vio con su aporte al PIB.
Chile enfrenta el desafío de construir un mercado laboral inclusivo. Esto requiere reformas que armonicen las leyes laborales y migratorias, incentiven mejoras salariales y garanticen derechos para todos los trabajadores, independientemente de su origen. Solo así la migración dejará de ser un chivo expiatorio y se convertirá en un motor de desarrollo.
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