A tres años del gobierno de Boric: Las tensiones que persisten en la Patagonia por el conflicto acuícola en áreas protegidas
El próximo 11 de marzo se cumplen tres años del gobierno del presidente Gabriel Boric, un período marcado por desafíos en materia ambiental, especialmente en la relación entre la industria salmonera, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas del sur de Chile. La expansión de la salmonicultura en áreas protegidas y ecosistemas frágiles ha generado conflictos desde la Región de Los Lagos hasta Magallanes, con impactos ambientales significativos.
En mayo de 2022, durante una visita a Magallanes, el presidente Boric declaró: "Queremos decir de manera muy clara a las distintas industrias que acá la convivencia tiene que ser en términos de respeto a la comunidad y al medioambiente, y eso implica, aunque sea duro decirlo, que industrias como la de la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas". Además, enfatizó la necesidad de equilibrar el empleo con la protección ambiental, señalando que no se deben otorgar más concesiones sin estudios independientes sobre la capacidad de carga del suelo marítimo.
Sin embargo, a la fecha, 32 empresas, incluyendo conglomerados chilenos y transnacionales provenientes de capitales noruegos, canadienses, japonesas, chinos, estadounidenses, alemanas y australianos, controlan cientos de concesiones industriales dentro de Parques Nacionales y áreas protegidas en la Patagonia. Organizaciones ambientales denuncian la degradación de ecosistemas y la falta de medidas efectivas para frenar la explotación desmedida de la naturaleza, lo que ha generado desconfianza en las instituciones políticas.
Juan Carlos Viveros: "La gestión del gobierno ha sido deficiente, casi una inacción"
También se cumplen tres años desde que el gobierno asumiera una posición ecologista: "Nuestro gobierno será el primer gobierno ecologista en la historia de Chile, por lo que avanzaremos con cambios concretos para enfrentar las problemáticas ecológicas, cuidando la naturaleza y nuestra identidad, para así heredar un mejor futuro para las próximas generaciones". Sin embargo, esta consigna hoy es cuestionada por diversos referentes ambientalistas y, en esta ocasión, es evaluada desde la perspectiva de los conflictos en áreas protegidas y parques nacionales de la Patagonia, debidos a los impactos de la industria acuícola.
Juan Carlos Viveros, ambientalista, ingeniero comercial y coordinador de Defendamos Chiloé, evaluó críticamente la gestión gubernamental en materia salmonera. "La gestión del gobierno en materia salmonera ha sido bien extraña. Recordemos que la misma industria criticó por 2 años que no tenían diálogo con el gobierno, que no eran recibidos por los ministros. Paradójicamente, quienes buscamos un desarrollo más armónico y sostenible, éramos recibidos, pero sin lograr resultados concretos sobre las propuestas que presentamos, en particular la salida de la industria de las áreas protegidas de la Patagonia", afirmó.
Viveros recordó las promesas incumplidas del gobierno, como el anuncio del presidente Boric en Magallanes y el compromiso del subsecretario de Pesca, Julio Salas, de presentar un plan para retirar las concesiones de áreas protegidas. "Hasta el día de hoy el subsecretario está al debe. No ha presentado nada", señaló.
Viveros insistió en que la industria salmonera debe abandonar las áreas protegidas. "Es un contrasentido de marca mundial que el país pretenda ser líder en conservación del océano y a su vez permitir una actividad industrial contaminante en áreas destinadas a la conservación", afirmó. Además, propuso un ordenamiento territorial y marítimo basado en estudios científicos, similar al sistema de semáforos utilizado en Noruega, donde se regula la producción según la capacidad de los ecosistemas.
También destacó la necesidad de involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones. "El Estado debe tener una política de ordenamiento del territorio/maritorio, donde a través de estudios científicos de impactos y de capacidad de carga de los ecosistemas se sepa de manera concreta en qué zonas pueden producir y en qué zonas no", explicó.
Viveros alertó sobre los graves daños causados por la industria salmonera, incluyendo la contaminación del agua, la destrucción de fondos marinos y la amenaza a especies nativas como el chungungo y el huillín. "No solo son graves e incluso irreparables algunos de los daños en columna de agua, fondos marinos muertos y contaminación de ecosistemas. Recientemente se están sumando estudios sobre los impactos sobre la biodiversidad nativa marina. La muerte de ballenas por colisión con embarcaciones, la matanza de lobos marinos, el desplazar de sus hábitats al chungungo y huillín al punto de ponerlos en peligro de extinción, los impactos sobre los bosques de algas gigantes como el huiro patagónico. Qué decir de la resistencia a los antibióticos que podría producirse tras el excesivo uso de estos fármacos, que sus residuos ya se encuentran en humedales, en aves playeras y migratorias. Una amenaza a la seguridad de la salud global", afirmó.
Además, destacó que "lo increíble de todo esto es que si se calculara el valor económico de todos estos impactos y la industria tuviera que pagarlos, dejaría de ser rentable inmediatamente. Hoy lo hace porque el Estado les permite. Es esto lo que debe cambiar".
A tres años del gobierno de Boric, el desafío de conciliar el desarrollo económico con la protección ambiental sigue pendiente, de acuerdo a las organizaciones. Las palabras de Viveros resuenan como un llamado urgente a la acción: "Tenemos que entender todos, gobiernos, parlamento, propietarios, gerencias de la industria, que el contexto en que estamos viviendo de emergencias de contaminación, de pérdida de biodiversidad y de cambio climático nos obliga a ser absolutamente conscientes en las decisiones. Aquí lo que está en juego no es la industria, es la continuidad de la especie humana en este amado y bello planeta".
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