Congelación de tarifas hasta 2075: Detalles del proyecto de Ley de Diputado Rivas

Según Rivas, después de que el presidente Piñera congelara las tarifas eléctricas por ley tras las protestas de 2019, y el presidente Boric generara un proceso de normalización tarifaria con la Ley 21.667, ahora se enfrentan a una deuda acumulada de 6 mil millones de dólares con las empresas eléctricas, la cual se trasladará a los consumidores a partir de julio de este año, con aumentos del 40% hasta enero de 2025.

Chile26 de junio de 2024The Times en EspañolThe Times en Español
Gaspar Rivas

En medio de la controversia y debate sobre cómo abordar los próximos aumentos en las facturas de electricidad, que se estima aumentarán entre un 40% y un 60% debido al congelamiento de las tarifas desde 2019, el diputado independiente Gaspar Rivas ha propuesto un proyecto de reforma constitucional que busca eliminar las deudas, intereses y ajustes contraídos por el Estado o los clientes con las empresas eléctricas, y también prohibir incrementos futuros hasta el año 2075. 
  
 Según Rivas, después de que el presidente Piñera congelara las tarifas eléctricas por ley tras las protestas de 2019, y el presidente Boric generara un proceso de normalización tarifaria con la Ley 21.667, ahora se enfrentan a una deuda acumulada de 6 mil millones de dólares con las empresas eléctricas, la cual se trasladará a los consumidores a partir de julio de este año, con aumentos del 40% hasta enero de 2025. 
  
 El diputado, también vicepresidente de la Cámara de Diputados, señaló que es injusto que los ciudadanos comunes deban asumir nuevamente el costo de la crisis económica, y cuestionó si la clase política debería legislar más en favor de la ciudadanía que de los grandes poderes económicos. 
  
 En respuesta a estos interrogantes, el proyecto de ley propone eliminar las deudas y congelar las tarifas eléctricas hasta 2075, estableciendo un límite de aumento anual del 10% al levantar el congelamiento. 
  
 Rivas subrayó la importancia de que el Estado recupere el control de las empresas de servicios públicos, sin expropiación ni estatización, sino a través de un proceso de nacionalización que permita al Estado competir en el mercado y garantizar un beneficio para la población.

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