Pérdida de un joven de 17 años en Temuco plantea la necesidad urgente de protocolos de emergencia en establecimientos educativos.
11 de julio de 2025
Irmina Herrera
En Temuco, Chile, el luto y la indignación se apoderan de la comunidad educativa tras la dolorosa muerte de un estudiante de 17 años en el Liceo Camilo Henríquez. Este suceso ha suscitado una ola de reacciones que enfatizan la urgencia de garantizar la seguridad en los establecimientos escolares, particularmente mediante la dotación de desfibriladores externos automáticos (DEA). La diputada Karen Medina (IND-DC) ha alzado la voz pidiendo una pronta fiscalización por parte del Ministerio de Educación respecto a la ley N.º 21.156, que exige la presencia de estos dispositivos en lugares de gran concurrencia.
"Es devastador saber que un joven ha perdido la vida por un paro cardiorrespiratorio en un colegio. No sabemos si había un DEA disponible, y eso es inaceptable", declaró Medina, representando a la región del Biobío. La parlamentaria ha solicitado al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, información precisa sobre la existencia de un DEA operativo en el liceo al momento del incidente, el grado de cumplimiento de la ley en colegios nacionales y las medidas de capacitación que se están implementando.
La Ley N.º 21.156 fue promulgada con el fin de prevenir tragedias en lugares donde la afluencia de público es considerable. En el contexto escolar, la presencia de un DEA puede ser crucial para salvar vidas. Sin embargo, la aplicación y fiscalización de esta normativa han sido criticadas por diversos actores de la comunidad educativa.
La inquietud no se limita a la diputada Medina. Maximiliano Castillo, apoderado y presidente del Centro de Padres y Apoderados del Liceo de Aplicación, comentó sobre la preocupación generalizada: "El no cumplimiento de esta ley no solo es un grave error, sino que pone en riesgo vidas. Si bien hasta ahora no se ha requerido, esto no implica que no puedan ocurrir emergencias en el futuro". Castillo hizo hincapié en que exigir el cumplimiento de la ley es un derecho, no una solicitud de caridad.
La falta de información sobre la existencia y uso de desfibriladores en muchos colegios refleja un problema más amplio. A menudo, los establecimientos educativos no tienen relieves claros sobre cómo actuar en situaciones de emergencia. Pamela Pizarro, miembro de la Fundación Una Mirada, subrayó que “no basta con tener una ley en el papel si no existe fiscalización ni educación. Cada segundo cuenta en una emergencia".
Pizarro también advirtió que muchas comunidades escolares no tienen conocimento sobre la existencia de la normativa ni de los protocolos a seguir. "Hemos encontrado escuelas que ni siquiera saben si poseen un DEA o cómo se usa. La ley está para prevenir tragedias como la de Temuco, pero sin recursos y voluntad política, será solo una letra muerta", concluyó.
La serie de eventos desencadenados por la tragedia en Temuco pone de relieve la necesidad urgente de implementar un modelo de prevención sólido en los colegios. Esto no solo implica dotar de desfibriladores, sino también garantizar que todos los funcionarios y docentes estén preparados para actuar ante cualquier eventualidad.
El llamado generalizado hacia las autoridades se centra en:
La implementación adecuada de estos elementos es vital para garantizar que futuros incidentes no se conviertan en tragedias.
Los actores involucrados se unen en un grito de alerta: la seguridad en las escuelas es un derecho. La respuesta a este llamado está en manos de las autoridades, quienes tienen la responsabilidad de implementar medidas efectivas para preservar la vida de los estudiantes. La ausencia de acción puede no solo ser cuestionada éticamente, sino también legalmente.
En un contexto donde las leyes están diseñadas para proteger a la ciudadanía, la situación actual plantea la pregunta: ¿por qué la legislación no se aplica de manera eficaz? La responsabilidad recae en múltiples instancias, desde el gobierno central hasta las autoridades educativas locales. Este hecho resalta problemas estructurales en el sistema educativo chileno, donde la planificación y la implementación efectiva no siempre están alineadas.
La ausencia de un DEA en un momento crítico refleja una falta generalizada de preparación y recursos en el ámbito educativo. Sin embargo, la opacidad sobre el cumplimiento de la ley N.º 21.156 acentúa la desconfianza entre los padres, quienes ven comprometida la seguridad de sus hijos. Esto no solo representa un fallo en las políticas educativas nacionales, sino que también pone en tela de juicio la eficacia del sistema de salud al no articularse adecuadamente con las instituciones educativas.
Con elecciones en el horizonte y la presión social en aumento, es vital que las autoridades aborden este tema de manera proactiva. La seguridad de los estudiantes debe ser un eje central en las discusiones políticas, y el compromiso con la implementación de soluciones tangibles será fundamental en la construcción de un futuro más seguro para todos.
El análisis de esta situación revela que la tragedia puede ser un catalizador para el cambio, siempre que se actúe con urgencia y decisión.
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