La Corte Interamericana de Derechos Humanos clarifica las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática, estableciendo un nuevo estándar global.
Mundo04 de julio de 2025
Irmina Herrera
En un momento histórico para la jurisprudencia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una Opinión Consultiva revolucionaria que resalta las obligaciones específicas de los Estados en relación con la crisis climática desde un enfoque de derechos humanos. Esta opinión no solo establece un precedente en el contexto legal, sino que también ha sido recibida con gran expectativa y esperanza por organizaciones de derechos humanos y comunidades afectadas a lo largo de las Américas.
El dictamen de la CIDH se considera un cambio de paradigma en la interpretación de los derechos humanos en el contexto de la emergencia climática. Según la CIDH, la acción climática no es simplemente una decisión política opcional, sino una obligación que los Estados deben cumplir para garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Esto significa que las naciones ya no pueden alegar ignorancia sobre sus responsabilidades en cuanto a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.
Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional, subrayó la importancia de esta opinión en su declaración:
"Cada día de inacción significa más sufrimiento para las personas y comunidades que menos han contribuido a la crisis climática."
Esta afirmación se dirige especialmente a las comunidades más vulnerables, que son las que sufren las consecuencias más severas de un fenómeno que ellas mismas han contribuido poco a agravar. La CIDH enfatiza que entre los grupos que sufren impactos desproporcionados se encuentran los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, y otros sectores en situación de vulnerabilidad.
La Opinión Consultiva establece una serie de obligaciones específicas para los Estados. Destacó que los gobiernos deben:
Mandi Mudarikwa, jefa de Litigios Estratégicos de Amnistía Internacional, añadió que:
"Hoy, la Corte Interamericana afirmó y aclaró las obligaciones de los Estados de respetar, garantizar, prevenir y cooperar para hacer efectivos los derechos humanos en el contexto de la crisis climática."
Esto pone de relieve el reconocimiento del derecho a un clima sano, un concepto que ha sido objeto de debate y que ahora se incorpora formalmente al ámbito de los derechos humanos.
Uno de los puntos más sobresalientes de la opinión es su enfoque en los grupos más vulnerables. La CIDH especifica que los Estados tienen el deber de proteger a las personas desplazadas por el clima, incluyendo la necesidad de emitir visas humanitarias y garantizar que estas personas no sean deportadas. Esta obligación subraya el carácter crítico de la crisis climática, que a menudo se despliega con consecuencias más severas para aquellos que ya viven en condiciones marginales.
Los derechos de grupos como mujeres, niños y personas con discapacidades son especialmente vulnerables durante crisis ambientales, lo que implica que los Estados deben tener un enfoque diferenciado en sus políticas y acciones.
La Opinión Consultiva no solo es un avance legal, sino que también representa una contribución significativa al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Amnistía Internacional ha expresado su optimismo respecto a futuras decisiones de otros tribunales, como la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se pronunciará sobre los mismos temas más adelante este año.
La participación activa de la sociedad civil en este proceso, como la contribución de Amnistía Internacional en calidad de amicus curiae, ha sido fundamental. Las audiencias públicas en Barbados y Brasil, que atrajeron a una amplia gama de voces de la sociedad civil, reflejan la urgencia y la relevancia de este tema en la discusión pública.
La solicitud de la Opinión Consultiva fue presentada por los Estados de Chile y Colombia en enero de 2023 con el objetivo de clarificar las obligaciones de los Estados frente a la crítica situación climática desde el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Esta solicitud se enmarca en un contexto muy complejo, donde los desastres naturales, las migraciones forzadas y la destrucción ambiental se han vuelto cada vez más comunes, haciendo que la necesidad de acciones concretas sea más apremiante.
La declaración de la Corte Interamericana se une a una serie de decisiones adoptadas por entidades internacionales que han comenzado a abordar la crisis ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos. Un año antes, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) emitió una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados para mitigar el cambio climático en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
Este dictamen representa un avance crucial en la lucha por la justicia climática, proporcionando a los Estados una hoja de ruta que les permitirá actuar de manera más eficaz ante la emergencia climática. La promesa de una acción focalizada y concreta está ahora sobre la mesa, obligando a los gobiernos a dejar la inacción y la impunidad detrás.
Como indicó Ana Piquer, "el camino está trazado, así que es momento de tomar acciones inmediatas, concretas y positivas." La comunidad internacional estará observando de cerca cómo los Estados responderán a este llamado a la acción y qué medidas implementarán para proteger a sus ciudadanos y el planeta en su conjunto.
El reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es solo un logro en términos legales; representa un significativo cambio en el marco de la política climática a nivel global. Considerando que la crisis climática es uno de los mayores desafíos que enfrentamos actualmente, la jerarquización de los derechos humanos en este contexto podría catalizar un nuevo orden en la forma en que las naciones interaccionan con el medio ambiente y entre sí.
Los Estados, antes renuentes a asumir responsabilidades concretas por el calentamiento global, ahora se ven obligados a reformular sus políticas. La obligación de prevenir y garantizar los derechos humanos de los sectores más vulnerables podría generar un efecto dominó en las legislaciones, presionando a los gobiernos a adoptar medidas que históricamente habían evadido. Esto, sin duda, transformará el maquillaje político en muchas naciones, donde la retórica ambientalista se vuelve insuficiente ante la necesidad de confrontar la realidad de la crisis.
Sin embargo, hay un punto crítico a considerar: la implementación efectiva de estas obligaciones. La lucha por la justicia climática requiere no solo de decisiones judiciales, sino también de un compromiso real de los países en vías de desarrollo y desarrollados. Habrá que observar si los gobiernos utilizarán esta Opinión Consultiva como un faro, o si lo relegarán a un mero documento. La presión internacional puede tener un papel crucial en esto; sin embargo, la voluntad política será el verdadero motor de cambio.
A medida que otras cortes, incluida la Corte Internacional de Justicia, se preparan para abordar estos temas, el mundo observará cómo las decisiones interamericanas influyen en las dinámicas globales sobre derechos humanos y cambio climático. La Corte Interamericana ha abierto una puerta, pero su impacto real dependerá de cómo los Estados elijan cruzarla.
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