El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este viernes para discutir la situación en Etiopía, ante el recrudecimiento del conflicto y los últimos avances del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) en el norte del país.

A petición de México, el consejo de 15 miembros tiene previsto celebrar en Nueva York a las 15:00 horas (hora local) una reunión que será en parte pública y en parte a puerta cerrada, confirmaron fuentes diplomáticas.

El Consejo de Seguridad está también preparando una declaración conjunta, aunque Rusia ha pedido más tiempo para deliberar al respecto.

Por otro lado, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Eri Kaneko, informó este jueves en rueda de prensa que el secretario, António Guterres, ha conversado con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, para ofrecer sus buenos oficios y crear las condiciones para un diálogo que detenga la lucha.

En la llamada, que tuvo lugar el miércoles, Guterres discutió con el primer ministro sobre la visita a Etiopía del coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Martin Griffiths, para garantizar la asistencia humanitaria a quienes necesitan desesperadamente ayuda para salvar vidas.

De hecho, se espera que Griffiths esté sobre el terreno a partir de este viernes para conversar con las partes interesadas pertinentes, subrayó Kaneko.

La Cámara de Representantes del Pueblo de Etiopía ha aprobado este jueves el estado de emergencia ordenado por el Gobierno, que instó el martes a los ciudadanos a armarse y proteger los barrios ante el avance de los rebeldes.

Estas decisiones llegan después de los avances del TPLF en Amhara y de que el grupo confirmara contactos con el grupo rebelde Ejército de Liberación Oromo (OLA), escindido del Frente de Liberación Oromo (OLF) tras el acuerdo de paz de 2018, que ha lanzado también ofensivas en la región de Oromía, lo que amenaza con una expansión del conflicto a nivel nacional.

Una investigación conjunta de Naciones Unidas y la Comisión de Etiopía para los Derechos Humanos (EHRC), publicada el miércoles, presentó “motivos razonables” para creer que todas las partes implicadas en el conflicto en Tigray han cometido violaciones de los Derechos Humanos y contra la ley de refugiados, algunos de los cuales podrían equivaler a crímenes de guerra y contra la humanidad.

El conflicto comenzó el 4 de noviembre de 2020 cuando Abiy ordenó una ofensiva militar en represalia por el ataque a la base del Ejército en la capital de Tigray, Mekelle, tras meses de tensiones entre el TPLF y el Gobierno central en torno al aplazamiento de las parlamentarias, finalmente celebradas en junio y en las que Abiy logró una victoria aplastante ante los llamados al boicot y la falta de votación en varias zonas -entre ellas Tigray- por la inseguridad.

Sin embargo, el TPLF logró importantes avances en junio que le permitieron recuperar Mekelle, tras lo que Abiy anunció un alto al fuego unilateral citando motivos humanitarios, rechazado por el grupo, que expandió su ofensiva a las adyacentes regiones de Amhara y Afar, haciendo temer una propagación de la guerra al resto del país.

Con Información Europa Press