La derecha acusa a Boric de contratar 100 mil funcionarios con sueldos de $2.500.000, pero datos del INE y cambios laborales desmienten la narrativa. ¿Táctica electoral?
Editorial16 de mayo de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile - La contienda política en Chile está tomando un giro crucial con las elecciones presidenciales programadas para diciembre de este año. La derecha chilena, liderada por figuras como José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, ha intensificado sus críticas contra el gobierno de Gabriel Boric, enfocándose en una supuesta expansión desmedida del empleo público. Aseguran que el Ejecutivo ha incorporado a más de 100,000 nuevos funcionarios, cuyos sueldos promediarían $2,500,000 mensuales. Sin embargo, un análisis de The Times en Español desmantela esta narrativa, calificando tales cifras como exageradas y basadas en interpretaciones erróneas de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y reformas laborales previas a la administración actual.
La controversia surgió en 2023, cuando legisladores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) denunciaron un incremento de 94,100 empleos en el sector público entre 2021 y 2022. Este dato fue rápidamente adoptado por la derecha como una prueba de contratación irresponsable. Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, ha sostenido insistentemente que el gobierno de Boric ha creado "100,000 nuevos empleados públicos". Sin embargo, este argumento fue cuestionado en redes sociales, donde un tuit de @RobertoMerken lo calificó de "fake news".
El INE y el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, aclararon que este aumento no se limita a las contrataciones del gobierno central, sino que también incluye personal de municipalidades, salud, educación y empresas estatales, muchos de los cuales operan sin control directo del Ejecutivo. Además, gran parte de este aumento es resultado de un cambio en el estatus laboral orquestado en administraciones pasadas, especialmente durante el segundo mandato de Sebastián Piñera (2018-2022).
Un informe de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) revela que cerca de 30,000 trabajadores transitaron de honorarios a contratos entre 2018 y 2022, lo que infló la percepción del crecimiento en el empleo público. Esta dinámica se vio acentuada por la necesidad de más personal en salud y educación tras la crisis de la pandemia, lo que también aportó a la cifra reportada por el INE. Un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD) destaca que el gasto en personal del sector público creció un 52% en la última década, pero subraya que esta tendencia proviene de administraciones de distintos signos políticos.
La afirmación de que los nuevos empleados públicos reciben un promedio de $2,500,000 mensuales carece de respaldo. Los datos de Gobierno Transparente muestran que los salarios en el sector público son muy diversos. A pesar de que algunos cargos administrativos y técnicos perciben salarios menores, los sueldos más altos son reservados para posiciones especializadas y directivas, como en Codelco o BancoEstado.
La cifra de $2,500,000 parece haberse originado en un debate de 2021, donde se propuso limitar los sueldos de los constituyentes a esa cantidad, un punto que la derecha ha aprovechado en su narrativa sobre "salarios millonarios". Contrariamente, un tuit de @GaelDiputada, publicado el 2 de marzo de 2025, rectificó las afirmaciones de Matthei, asegurando que bajo Boric, se han creado apenas 26,000 nuevos empleos, concentrados principalmente en los sectores de salud y educación, muy lejos de los 100,000 mencionados.
José Antonio Kast: Como líder del Partido Republicano, ha centrado su discurso en la austeridad fiscal, acusando al gobierno de aumentar la burocracia pública para beneficiar a sus aliados políticos. Sus publicaciones en X refuerzan la narrativa de un estado sobredimensionado.
Johannes Kaiser: El líder del Partido Nacional Libertario manifiesta un tono populista al denunciar un "estado elefantiásico". Su creciente popularidad, alcanzando un 13% en Cadem en marzo de 2025, ilustra su atractivo entre votantes frustrados, aunque carece del respaldo organizativo necesario.
Evelyn Matthei: La candidata más vocal sobre los supuestos 100,000 empleos. Acusó a Boric de generar una "burocracia insostenible", pero sus afirmaciones han sido rebatidas por el INE, debilitando su credibilidad, a pesar de liderar las encuestas.
La narrativa de los 100,000 empleados públicos parece ser una estrategia intencionada para polarizar al electorado y capitalizar el descontento económico. La fragmentada derecha compite por captar un electorado que enfrenta problemas de inflación, inseguridad y desempleo, exagerando el crecimiento del sector público para presentar al gobierno de Boric como ineficiente.
Un análisis de CIPER Chile (2022) observa que la derecha emplea "políticas sucias" para amplificar narrativas simplificadas. A pesar de las inexactitudes, la cifra de 100,000 obtiene visibilidad gracias al apoyo de medios establecidos como El Mercurio y La Tercera. La transición de honorarios a contratos es convenientemente ignorada por la derecha, que la enmarca como un fenómeno exclusivo de la era Boric.
El gobierno de Boric defiende estas contrataciones como esenciales para los sectores de salud, educación y seguridad. Mario Marcel enfatiza que el crecimiento corresponde a necesidades estructurales, no a prácticas clientelistas. Pese a las propuestas de reformas de transparencia, éstas no han logrado contrarrestar la narrativa adversa de la derecha.
La historia de los 100,000 empleados públicos subraya un contexto político altamente polarizado en la carrera presidencial chilena de 2025. Kast, Kaiser y Matthei se posicionan como defensores de la responsabilidad fiscal, pero su dependencia de cifras exageradas podría resultar en su contra. La transición de honorarios a contratos, rica en contexto histórico, queda oculta en su crítica, que intenta responsabilizar exclusivamente a Boric.
La dinámica de los medios en Chile, donde entidades como El Mercurio a menudo apoyan intereses conservadores, amplifica los mensajes de la derecha. Asimismo, las redes sociales juegan un papel crucial en difundir desinformación; un tuit de @RememberKatyn erróneamente afirmando que la Contraloría había hallado 100,000 empleados fantasmas propagó rápidamente un rumor infundado.
Desde una perspectiva periodística, la estrategia de la derecha es de doble filo. Su retórica sobre "pitutos" y "salarios millonarios" resuena con un público angustiado por la desigualdad económica, aunque su falta de precisión factual podría erosionar la confianza. A medida que se acercan las elecciones de 2025, la disputa por la contratación pública pondrá a prueba la resiliencia democrática de Chile, con implicaciones significativas para la gobernabilidad y la confianza en sus instituciones.
El debate sobre los sueldos en el sector público chileno es crucial y debe enfocarse en una regulación efectiva de los altos ingresos, especialmente en los grados 8 y superiores de la escala de remuneraciones. Aquí se concentran los salarios más elevados, que, en muchos casos, carecen de justificación adecuada en términos de responsabilidades o resultados. Según normativa de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y datos del Servicio Civil, los funcionarios en estos grados pueden recibir sueldos brutos superiores a los $3.000.000 mensuales, con algunos casos que alcanzan cifras aún más altas. En contraste, la mayoría de los empleados públicos—ubicados en grados 13 o inferiores—ganan un promedio líquido de $1.100.000, según datos de transparencia.
Un segundo aspecto crítico es la proliferación de asesores en ministerios y subsecretarías, especialmente bajo el gobierno de Gabriel Boric. Reportes indican que algunos ministerios cuentan con más de 60 asesores, muchos de ellos contratados como "cargos de confianza" (grados 5 y superiores). Esta práctica permite designar personal sin exigir competencias técnicas específicas, lo que ha suscitado críticas por el aumento de "apitutados" políticos. Estas contrataciones no solo aumentan el gasto público, sino que también afectan la eficiencia y credibilidad de las instituciones.
Es necesario desmentir la idea errónea de que los 100.000 funcionarios públicos ganan en promedio $2.500.000 mensuales. La gran mayoría se encuentra en grados inferiores, con ingresos promedio que no superan los $1.500.000 líquidos. Datos del Informe de Recursos Humanos del Sector Público (DIPRES, 2023) muestran que cerca del 70% de los funcionarios están en escalafones técnicos o administrativos con remuneraciones modestas, evidenciando la desigualdad de ingresos en el sector.
En conclusión, la gestión eficiente de los recursos humanos en el sector público requiere un enfoque equilibrado que corrija las distorsiones en los altos sueldos y contrataciones discrecionales, sin perjudicar los ingresos de la mayoría de los funcionarios que desempeñan roles esenciales. Estas reformas no solo optimizarían el gasto público, sino que también fortalecerían la confianza en las instituciones.
Los grados 8 y superiores corresponden a cargos directivos, profesionales altamente especializados o autoridades políticas. Aunque algunos requieren competencias técnicas avanzadas, otros son designaciones políticas que no siempre se alinean con los méritos. Por ejemplo, un jefe de servicio en grado 5 puede ganar entre $4.000.000 y $6.000.000 brutos, lo que genera cuestionamientos sobre la justificación de tales costos.
La falta de un sistema de evaluación de desempeño vinculada a estos sueldos perpetúa la percepción de que no están justificados. Modelos de remuneración variable basados en resultados, como los implementados en Nueva Zelanda o Canadá, podrían ser referentes para Chile.
La figura de "cargo de confianza", aunque legal, ha sido objeto de abuso en distintos gobiernos. La prensa ha documentado casos de asesores sin experiencia técnica relevante ocupando posiciones con sueldos altos, alimentando el clientelismo. Cualquier solución debe establecer límites cuantitativos y cualitativos sin eliminar totalmente estos cargos, que son necesarios para las políticas públicas.
El mito de que los funcionarios ganan $2.500.000 mensuales es una distorsión que perjudica la imagen de los empleados públicos de grados inferiores. Según el Servicio Civil, en 2023, el sueldo bruto promedio era de aproximadamente $1.800.000, pero el líquido es significativamente menor debido a descuentos variables.
La implementación de regulaciones más estrictas enfrenta resistencias políticas, ya que los cargos de confianza son herramientas clave para mantener coaliciones. Cualquier reforma debe fomentar consensos transversales para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.
Para concluir, antes de criticar, es crucial investigar a fondo, especialmente si aspiras a representar como presidente a una ciudadanía que podría creer las mentiras dichas por los candidatos presidenciales.
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