El Presidente Gabriel Boric condenó el ataque incendiario que dejó 47 camiones y maquinaria destruidos en la central Rucalhue, Biobío, asegurando que los culpables serán encontrados y juzgados. El gobierno invocará la Ley Antiterrorista por la gravedad del hecho.
Chile20 de abril de 2025
The Times en Español
Santiago de Chile - La madrugada del domingo 20 de abril de 2025 quedará marcada en la región del Biobío como el escenario de un violento ataque incendiario contra la central hidroeléctrica Rucalhue, en construcción entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco. Un grupo de desconocidos armados irrumpió en el lugar alrededor de las 02:30 horas, amenazando a cuatro guardias —dos de los cuales resultaron con heridas leves— antes de prender fuego a 47 camiones, un camión de combustible, una moto niveladora y dos excavadoras. Horas después, el Presidente Gabriel Boric salió al paso con un mensaje claro: el gobierno no tolerará este tipo de actos y los responsables enfrentarán la justicia.
A través de su cuenta en X, Boric expresó su rechazo al atentado. "El atentado en la central Rucalhue en Alto Biobío merece toda nuestra condena", escribió el mandatario, quien asumió el cargo en marzo de 2022 con la promesa de abordar los conflictos sociales y la violencia en el sur del país. "Tal como lo hemos hecho en otros casos, perseguiremos y encontraremos a los responsables que deberán responder ante la justicia", añadió, proyectando una postura de mano dura frente a un hecho que ha generado alarma tanto en el Ejecutivo como en la ciudadanía.
El mensaje presidencial no se quedó en palabras. En una entrevista en Mesa Central de Canal 13, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, anunció que el gobierno presentará una querella invocando la Ley Antiterrorista, una herramienta legal que ha sido objeto de controversia en casos similares. "Los hechos son muy graves", afirmó Cordero, destacando la planificación del ataque, el tipo de incendio y el lugar donde ocurrió. "Las leyendas en el lugar reivindican una asociación terrorista respecto a la cual el gobierno considera que es momento de ejercer la acción de la ley antiterrorista", explicó, sin detallar qué mensajes específicos fueron encontrados.
El ataque a la central Rucalhue no solo dejó un rastro de destrucción material, sino que también reavivó las tensiones en una región marcada por conflictos históricos, particularmente relacionados con demandas territoriales de comunidades mapuches y la instalación de proyectos energéticos. Según el reporte policial, los agresores actuaron con rapidez y precisión, intimidando a los guardias antes de incendiar la maquinaria. La empresa Rucalhue Energía, filial de la china International Water & Electric (CWE), emitió un comunicado condenando el acto y anunciando querellas propias, además de comprometerse a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.
"Este tipo de hechos no solo representa un atentado contra la infraestructura, sino también contra los trabajadores, las comunidades vecinas y el estado de derecho", señaló la compañía, que ha defendido la legalidad y transparencia del proyecto. La central, diseñada para generar 90 MW mediante un sistema de paso con embalse, ha enfrentado críticas por su impacto ambiental y social desde que fue adquirida en 2018. Pese a ello, Rucalhue Energía insiste en que cumple con toda la normativa vigente y apuesta por el diálogo con las comunidades locales.
La respuesta del gobierno llega en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el sur de Chile. Incidentes como este, que incluyen la quema de maquinaria y vehículos, han sido recurrentes en las regiones del Biobío y La Araucanía, a menudo vinculados a grupos radicales que rechazan la presencia de empresas en territorios reclamados por el pueblo mapuche. Aunque no se ha atribuido oficialmente la autoría del ataque a una organización específica, las declaraciones del ministro Cordero sugieren que las autoridades tienen sospechas iniciales basadas en las evidencias recolectadas en el lugar.
La decisión de invocar la Ley Antiterrorista marca un punto de inflexión en la estrategia del gobierno de Boric frente a este tipo de violencia. Durante su campaña, el Presidente abogó por un enfoque más dialogante y menos punitivo en el conflicto mapuche, distanciándose de la militarización impulsada por administraciones anteriores. Sin embargo, la magnitud del atentado en Rucalhue parece haber forzado una postura más contundente, alineada con la necesidad de mostrar resultados concretos ante una ciudadanía que exige seguridad.
El impacto económico del ataque es significativo. La pérdida de 47 camiones y maquinaria pesada representa un golpe millonario para Rucalhue Energía, además de un probable retraso en las obras, que ya habían sido pausadas en 2020 por la pandemia y dificultades administrativas antes de reiniciarse en 2024. Para las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, el proyecto prometía beneficios como tributación local, pero la violencia asociada podría erosionar esas expectativas y alimentar la desconfianza hacia las empresas y el Estado.
Carabineros ya inició una investigación en el lugar, recopilando testimonios de los guardias y analizando las evidencias físicas, incluidas las mencionadas leyendas. Mientras tanto, Boric cerró su mensaje en X con una promesa que busca proyectar determinación: "Seguiremos trabajando sin dar pie atrás para erradicar toda forma de violencia". Este compromiso, sin embargo, enfrenta el desafío de traducirse en acciones efectivas sin agravar las tensiones sociales en una zona donde la paz sigue siendo esquiva.
El atentado a la central Rucalhue no es solo un ataque a una obra en construcción; es un recordatorio de los conflictos no resueltos que persisten en el sur de Chile. La respuesta del gobierno, combinando persecución legal y un llamado a la estabilidad, será puesta a prueba en los próximos días, mientras la región espera que la justicia llegue sin dejar más heridas abiertas.
El pronunciamiento de Boric y la decisión de invocar la Ley Antiterrorista reflejan la encrucijada en la que se encuentra su gobierno: equilibrar su discurso de diálogo con la presión de responder con firmeza a un acto de violencia de gran escala. Si bien la condena y la persecución de los responsables son pasos esperados, el uso de una ley cuestionada por su aplicación en conflictos sociales podría alienar a sectores que confiaron en su enfoque progresista. El atentado a Rucalhue expone las limitaciones de las políticas actuales para desactivar las tensiones en el Biobío y La Araucanía, donde la falta de soluciones estructurales sigue alimentando la violencia. Para The Times en español, este caso subraya la urgencia de un enfoque que combine seguridad con negociación genuina, o el ciclo de ataques y represión continuará erosionando la estabilidad del país.
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El atentado, ocurrido cerca de las 02:30 horas en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, fue ejecutado por sujetos armados que amenazaron a los guardias antes de incendiar la maquinaria. Rucalhue Energía anunció querellas y colaboración con las autoridades, mientras reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable y la paz social en la zona.
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