El Congreso de Perú ratifica polémica ley de amnistía que beneficia a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos entre 1980-2000, generando rechazo internacional.
Latam09 de julio de 2025
Javier Saldívar
Lima, Perú,– En un acto que ha provocado un torrente de críticas tanto dentro como fuera del país, el Congreso de la República del Perú ha aprobado en segunda votación el Proyecto de Ley 7549/2023-C, comúnmente conocida como la ley de amnistía. Esta polémica norma otorga una serie de beneficios a militares, policías, y miembros de comités de autodefensa que han sido procesados o condenados por presuntas violaciones de derechos humanos durante el devastador conflicto armado interno que asoló al país entre 1980 y 2000. La medida, impulsada por bancadas conservadoras y liderada por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, es vista por muchos como un retroceso en el camino hacia la justicia y la verdad para las víctimas de uno de los períodos más oscuros de la historia peruana.
El conflicto armado interno dejó cicatrices profundas en la sociedad peruana, con un saldo trágico de aproximadamente 70,000 muertos y 20,000 desaparecidos, tal como documentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Durante este periodo, más de 11,500 casos de violaciones de derechos humanos fueron registrados, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y atrocidades masivas como las de Barrios Altos y La Cantuta. La ley de amnistía fue aprobada con 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención en la Comisión Permanente del Congreso, buscando eximir de responsabilidad penal a aquellos involucrados en estos crímenes, a menos que fuesen condenados por terrorismo o corrupción.
El congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, argumentó que esta nueva norma también incluye una amnistía humanitaria para mayores de 70 años con sentencias firmes. Rospigliosi defendió que la medida "hace justicia a quienes derrotaron al terrorismo" y acusó a algunos sectores de "persecución judicial" hacia estos grupos.
La aprobación de la ley de amnistía ha generado un rechazo contundente por parte de diversas organizaciones de derechos humanos, tanto locales como internacionales. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que representa a más de 70 organizaciones, alertó que la norma “pone en riesgo” más de 156 sentencias firmes y más de 600 procesos judiciales aún en curso, incluyendo casos emblemáticos de violaciones sistemáticas de derechos humanos como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas por el escuadrón de la muerte Grupo Colina. "Esta ley borra décadas de lucha por justicia y verdad”, afirmó la CNDDHH en un comunicado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) expresó su desacuerdo y recordó que las amnistías para crímenes de lesa humanidad son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En un contundente pronunciamiento el 26 de junio de 2025, la CIDH instó al Estado peruano a “abstenerse de aprobar amnistías por graves violaciones a los derechos humanos”. Amnistía Internacional también condenó la iniciativa, describiéndola como una “amenaza al acceso a la justicia” para miles de víctimas y sus familias.
La ley de amnistía no es un acto aislado, sino parte de un contexto más amplio de debilitamiento institucional en Perú. Según la CNDDHH, ha habido intentos sistemáticos de copar el sistema judicial y decisiones controvertidas impulsadas desde el Congreso con la complacencia del Poder Ejecutivo. En agosto de 2024, el Congreso aprobó una ley que declaró prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, lo que benefició al expresidente Alberto Fujimori y a cientos de militares procesados, recibiendo críticas similares por parte de organismos internacionales.
Aunque el legado del conflicto armado interno ha sido difícil de superar, los esfuerzos de justicia, verdad y reparación aún se mantienen. Los familiares de víctimas, como aquellos de la masacre de Accomarca (1985), donde 69 personas, incluidos 22 niños, fueron asesinados por el ejército, han luchado durante décadas para obtener justicia. La reciente aprobación de esta ley amenaza con deshacer esos avances, dejando a las víctimas sin respuestas y a los responsables sin castigo.
La ley de amnistía estipula que los beneficiarios de esta norma serán los militares, policías y miembros de comités de autodefensa sin sentencias firmes o quienes tengan más de 70 años con condenas en ejecución. Sin embargo, críticos advierten que esta medida podría permitir la liberación de responsables de crímenes graves y cerrar investigaciones actualmente en curso. “Los militares presos que tienen más de 70 años se van a la calle. Los procesos abiertos se cierran”, subrayó Rospigliosi en declaraciones a la agencia AFP.
Organizaciones como WOLA (Washington Office on Latin America) y la FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos) han señalado que esta nueva Ley contraviene sentencias de la Corte IDH, como las de Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006), que establecieron la incompatibilidad de las amnistías con el derecho internacional. Además, el abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal advirtió que se librará una “batalla judicial” para que los jueces peruanos se nieguen a aplicar la norma, argumentando su ilegalidad frente a los compromisos internacionales del país.
En las calles de Lima, activistas y familiares de víctimas han organizado protestas para exigir que el Poder Ejecutivo, bajo la dirección de la presidenta Dina Boluarte, no promulgue la ley. Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, hizo un llamado a la acción, afirmando, "No se puede justificar las violaciones a los derechos humanos".
Por Víctor Manuel Arce García, editor de The Times en español
La aprobación de la ley de amnistía en Perú pone de manifiesto la profunda polarización política que persiste en el país más de dos décadas después de haber finalizado el conflicto armado interno. Desde una perspectiva política, esta medida refleja el auge de las bancadas conservadoras, especialmente el fujimorismo, que intenta consolidar una narrativa en la que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son vistas como salvaguardas en la lucha contra el terrorismo, trivializando las graves violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante ese periodo.
No obstante, esta narrativa se enfrenta a las exigencias de justicia de miles de víctimas y sus familias, así como a los estándares internacionales establecidos en el ámbito de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones como Amnistía Internacional se han manifestado firmemente en contra, afirmando que las amnistías para delitos de lesa humanidad son inaceptables.
La insistencia del Congreso peruano en aprobar esta ley, junto a la propuesta del jefe del gabinete, Eduardo Arana, de revisar la permanencia de Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sugiere un intento de desmantelar los mecanismos de rendición de cuentas establecidos a nivel internacional. Esto coloca a Perú en una situación delicada a nivel regional. Mientras países como Chile y Argentina han priorizado caminos de justicia transicional para sanar las heridas del pasado, la actual ley de amnistía podría ser interpretada como un retroceso que se alinea con tendencias autoritarias que buscan proteger a los perpetradores de abusos.
La posible salida de Perú del sistema interamericano no solo aislaría al país en el ámbito diplomático, sino que además enviaría un mensaje adverso sobre su compromiso con el respeto a los derechos humanos. En el ámbito local, la aprobación de esta ley podría agravar la crisis de legitimidad del Congreso, cuya popularidad es excepcionalmente baja, estimándose en apenas el 2%. La percepción de que el Legislativo actúa en favor de ciertos intereses, como el de los militares y policías procesados, aumenta el desencanto generalizado entre la población.
La presidenta Dina Boluarte, quien también enfrenta acusaciones por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2022-2023, tiene una importante decisión que tomar: si promulga o veta la ley. Su elección será un punto de inflexión crucial no solo para su gobierno, sino también para el futuro de la justicia en el país.
En un contexto global donde los problemas de derechos humanos continúan siendo prioridad, la situación en Perú podría sentar un precedente preocupante. La respuesta internacional, especialmente de organismos como la OEA, será fundamental para presionar al Estado peruano a cumplir con sus compromisos. De lo contrario, el país corre el riesgo de consolidar un régimen de impunidad que perpetúe las cicatrices del pasado en lugar de promover su sanación.
La ley de amnistía recién aprobada ha reavivado el debate sobre cómo Perú enfrenta su oscuro pasado. Para las víctimas y sus familias, que durante décadas han luchado por justicia, verdad y reparación, esta norma es un golpe devastador. Organizaciones de derechos humanos y activistas han prometido llevar esta situación a instancias internacionales, mientras que en las calles se articulan protestas para rechazar lo que consideran una injusticia monumental.
El Congreso de la República, dominado por fuerzas conservadoras, ha enviado un claro mensaje: la protección de militares y policías es más prioritaria que el reconocimiento a las víctimas. Sin embargo, la última decisión recae en la presidenta Dina Boluarte, siendo su postura sobre la norma crucial para el rumbo del país en materia de derechos humanos. Las cicatrices de las masacres de Barrios Altos, La Cantuta y Accomarca continúan resonando, recordando a los peruanos que la justicia no puede sacrificarse en pos de una supuesta reconciliación.
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