La Corte Suprema, tras el impacto del informe de Contraloría, inicia una investigación interna para revisar licencias médicas de jueces y funcionarios.
Chile24 de mayo de 2025
Lucía Rivas
Santiago, Chile - La Corte Suprema de Chile ha tomado una decisión significativa en respuesta a la controversia provocada por un informe reciente de la Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez. Este informe expone que un total de 25.078 funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica. En un movimiento marcado por la transparencia, el máximo tribunal ha instruido a la unidad de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial realizar un catastro exhaustivo de las licencias médicas de jueces y funcionarios judiciales durante los últimos cinco años.
La polémica comenzó con el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), publicado por la Contraloría. Este análisis, que abarcó los años 2023 y 2024, cruzó más de cinco millones de licencias médicas con 1.231.362 salidas del país registradas por la Policía de Investigaciones (PDI). Al cruzar datos, se identificaron a 25.078 funcionarios que presuntamente viajaron al extranjero durante su licencia médica, lo que representa un incumplimiento del reposo obligatorio.
El informe reveló que 59.000 viajes fueron realizados por empleados de 788 instituciones públicas, incluyendo entidades como la Presidencia, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Fonasa y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). Los datos más alarmantes incluyeron a 125 trabajadores con entre 16 y 30 salidas y 51 con más de 31 movimientos migratorios.
La publicación del informe ha sacudido el sector público chileno, centrándose en la transparencia, la fiscalización y el uso adecuado de las licencias médicas. Según fuentes internas del Poder Judicial citadas por La Tercera, el organismo debe “no quedar ajeno a la contingencia”, considerando la alta tasa de licencias médicas que afecta al funcionamiento de los tribunales. Esto llevó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, a enfatizar la necesidad de una investigación interna.
A diferencia de la Contraloría, que carece de competencia legal para auditar al Poder Judicial, este último ha decidido actuar de forma proactiva. El catastro ordenado abarcará las licencias médicas presentadas por jueces y funcionarios judiciales entre 2020 y 2025. Su objetivo es cruzar esta información con los registros migratorios proporcionados por la PDI.
Aunque aún no se ha definido la metodología exacta, se espera que el proceso siga un enfoque similar al de la Contraloría, que combinó datos de Suseso sobre licencias médicas con los movimientos migratorios reportados por la PDI. Se busca identificar posibles irregularidades en el uso de licencias médicas y determinar si hay jueces o funcionarios que abandonaron el país durante su reposo médico.
La alta tasa de licencias médicas es un tema relevante para el funcionamiento de los tribunales, según las fuentes del máximo tribunal, que subrayan la necesidad de garantizar la probidad y la transparencia dentro del Poder Judicial.
La decisión de la Corte Suprema es vista como una respuesta a la presión pública generada por el informe de Contraloría. Dorothy Pérez, quien asumió como subrogante en diciembre de 2023, ha logrado consolidar su imagen como una figura clave en la fiscalización del sector público. Su gestión ha puesto a diversas instituciones en la mira al evidenciar un uso indebido de licencias médicas, que en muchos casos parecen haber sido utilizadas para viajes recreativos.
El impacto del informe ha provocado un debate nacional sobre la ética pública y la necesidad de reformas en la gestión de licencias médicas. En el ámbito del Poder Judicial, la investigación interna podría tener consecuencias significativas, especialmente en un contexto de crisis de confianza, tras el caso "Audios", que involucró a exministros de la Corte Suprema en acusaciones de tráfico de influencias.
La acción de la Corte Suprema para realizar un catastro de licencias médicas marca un momento crucial para el Poder Judicial chileno, que busca recuperar la confianza ciudadana en medio de escándalos recientes. Esta iniciativa, inspirada por el trabajo de Dorothy Pérez en la Contraloría, establece un comprometido esfuerzo por la transparencia y, además, tiene implicaciones políticas significativas en un año electoral como 2025.
El informe de Contraloría ha expuesto problemas estructurales en el sector público, donde el abuso de licencias médicas actúa como una herramienta para obtener beneficios indebidos. Según El Líbero, la reacción de la Corte Suprema indica una presión institucional ante un tema de interés público que podría influir en el debate político hacia las elecciones. La gestión de Pérez, respaldada por un acuerdo político entre el Gobierno y la UDI, ha visualizado estas irregularidades, lo que ha generado tensiones con sectores de izquierda, como el Frente Amplio y el Partido Comunista, que critican la politización de nombramientos institucionales.
Por otro lado, BioBioChile reportó que el reciente dictamen de Pérez sobre la confianza legítima, que obliga a judicializar despidos en el sector público, ha generado descontento entre gremios de funcionarios. Este contexto evidencia las tensiones entre los poderes del Estado y la necesidad de establecer marcos normativos claros.
Al ordenar este catastro, el Poder Judicial no solo intenta limpiar su imagen, sino también enviar un mensaje de probidad. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de la rigurosidad de la investigación y la capacidad del fiscal judicial para gestionar un tema que podría conllevar sanciones internas.
En términos políticos, esta decisión puede verse como una estrategia del Poder Judicial para alinearse con la agenda de transparencia del Gobierno de Gabriel Boric, al mismo tiempo que busca proteger su autonomía frente a críticas externas. La crisis de confianza en las instituciones chilenas, intensificada por el caso "Audios", hace que estas acciones sean fundamentales para restablecer la legitimidad del sistema judicial.
Esta evolución en la gestión de licencias médicas por parte del Poder Judicial no solo enfrenta desafíos internos, sino que también añade una capa de complejidad al extenuante escenario político que vive Chile en la actualidad. La atención pública y los estándares de ética están más altos que nunca, y el camino hacia la confianza ciudadana será un proceso que requerirá compromiso genuino y resultados tangibles.
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