Ministro de Hacienda critica abusos en licencias médicas y horas extraordinarias en municipios, tras informe de Contraloría sobre 25.000 funcionarios.
Chile24 de mayo de 2025
Lucía Rivas
Santiago, Chile – El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha encendido el debate tras revelaciones sobre licencias médicas fraudulentas en municipalidades chilenas. En el contexto del Chile Day en Nueva York, Marcel destacó un informe de la Contraloría General de la República que expone que 25.078 funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica, violando el reposo que les fue prescrito.
El reciente informe de la Contraloría, basado en un cruce de datos entre las licencias médicas y los registros migratorios proporcionados por la Policía de Investigaciones (PDI), identificó 35.585 licencias que fueron utilizadas de forma irregular por funcionarios de 788 entidades públicas, que incluyen ministerios, municipalidades, universidades y empresas estatales. De estas, el 69% fueron emitidas por Fonasa y el 31% por Isapres, con un promedio de 17,7 días de reposo incumplido por cada licencia.
Las regiones con el mayor número de irregularidades son la Región Metropolitana (43,7%), Arica y Parinacota (16,9%), y Magallanes (10%). Entre las instituciones más afectadas, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) lidera con 2.280 casos, seguida por la Fundación Integra con 1.934 y la Municipalidad de Arica con 719.
Marcel enfatizó que, aunque el número de funcionarios involucrados no sorprende dado que el universo abarca a 760.000 servidores públicos, aproximadamente dos tercios de estos casos provienen de municipalidades, poniendo de relieve problemas severos en la gestión de estos recursos.
El ministro también abordó la problemática de las horas extraordinarias en municipios, donde algunos alcaldes han sido sancionados por implementar programas que actúan como "sobresueldos". “En las municipalidades es donde ha habido casos de abuso con las horas extraordinarias”, afirmó Marcel, subrayando que estas prácticas han causado pérdidas fiscales significativas, estimadas en más de US$350 millones, según la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Esta situación suma al mal uso de las licencias médicas y pone en riesgo la transparencia y rendición de cuentas en el sector público. La Contraloría ha ordenado sumarios administrativos en las 788 entidades implicadas y remitido el caso al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público para evaluar responsabilidades civiles, penales y patrimoniales. Desde Nueva York, Marcel dio un ultimátum de 72 horas para que los servicios públicos inicien investigaciones internas y busquen el reintegro de fondos mal utilizados.
El escándalo ha generado un rechazo unánime en el espectro político. La candidata presidencial Evelyn Matthei calificó los hechos como “fraude y abuso”, exigiendo sanciones incluso para los médicos que emitieron licencias fraudulentas. La candidata Carolina Tohá se refirió a este asunto como un “fraude social” que debe ser enfrentado por el Estado. Parlamentarios como Miguel Mellado (RN) y Natalia Romero (UDI) han anunciado denuncias por fraude al fisco, mientras que el senador Juan Luis Castro (PS) pidió una acción contundente del CDE.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, condenó las prácticas y destacó la reciente promulgación de una ley que regula a los grandes emisores de licencias médicas, una acción del gobierno para mitigar estos abusos. “Cuando se presenta una licencia médica falsa, se hace daño a los demás cotizantes del sistema”, apuntó Elizalde, enfatizando el impacto económico y social de estas irregularidades.
En respuesta al informe, el Ministerio de Hacienda ha implementado medidas drásticas. Marcel firmó el Oficio Circular N°16, que ordena la creación de un Comité Nacional de Ausentismo, integrado por Hacienda, el Ministerio del Trabajo, Dipres, el Servicio Civil y la Mesa del Sector Público. Además, se establecerán Comités Locales de Ausentismo en cada subsecretaría y servicio público para monitorear el cumplimiento de las licencias médicas y construir índices de ausentismo.
El gobierno busca también modernizar el marco jurídico para evitar el abuso de licencias. La nueva ley sobre grandes emisores, recientemente promulgada, se dirige a sancionar a quienes emiten licencias sin fundamentos médicos. Según Marcel, este problema “hace mayor daño a la comunidad económica y social”. Estas estrategias buscan recuperar la confianza ciudadana y garantizar el uso responsable de los recursos públicos.
El costo fiscal del ausentismo en el sector público es alarmante. Según la Dipres, el gasto en licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral superó los $3,1 billones en 2022, equivalente al 1,2% del PIB, un monto superior al presupuesto de varios ministerios, como Defensa o Justicia. Además, el informe de Contraloría evidencia que 125 funcionarios realizaron entre 16 y 30 viajes al extranjero durante sus licencias, y 51 superaron los 31 viajes, sugiriendo un patrón sistemático de abuso.
Desde una perspectiva ética, el escándalo cuestiona la conducta de los funcionarios públicos. Un análisis de El País subraya que “nadie habla de la ética” en estos casos, centrándose el debate en el impacto económico. Sin embargo, el daño a la confianza ciudadana resulta igualmente grave, en especial en instituciones como Junji e Integra, que se dedican a la educación infantil.
El escándalo de las licencias médicas fraudulentas y los abusos en horas extraordinarias, expuesto por la Contraloría y comentado por el ministro Mario Marcel, no solo revela fallas en la gestión pública, sino que también refleja una crisis de valores éticos en el sector estatal. Involucrando a 25.078 funcionarios, este caso pone de relieve la urgencia de reformar el Estatuto Administrativo y modernizar los mecanismos de fiscalización en el sector público.
Desde una perspectiva política, el gobierno de Gabriel Boric enfrenta un desafío significativo. Las medidas anunciadas por Marcel, como la creación del Comité Nacional de Ausentismo y el ultimátum de 72 horas, buscan proyectar firmeza y compromiso con la transparencia. Sin embargo, la magnitud del problema podría alimentar el discurso de la oposición, que ha capitalizado el caso para acusar al gobierno de falta de control sobre el aparato público. Figuras como Evelyn Matthei y José Antonio Kast han utilizado el escándalo para reforzar su narrativa de “mano dura” contra la corrupción, un tema que probablemente dominará la agenda de las elecciones presidenciales de 2025.
El énfasis de Marcel en las municipalidades como epicentro de las irregularidades tiene implicaciones políticas. Los municipios, gobernados por una variedad de partidos, son un terreno políticamente sensible. Las sanciones a alcaldes por abusos en horas extraordinarias podrían generar tensiones entre el gobierno central y las autoridades locales, especialmente en un contexto preelectoral. Aunado a esto, el hecho de que instituciones como Junji e Integra, vinculadas a la educación infantil, lideren el ranking de irregularidades, añade una dimensión social al problema, afectando directamente la confianza en servicios esenciales.
El análisis de Ex-Ante destaca la labor innovadora de la contralora Dorothy Pérez, cuya metodología de cruce de datos ha permitido visibilizar un problema estructural. Sin embargo, como señala El País, el debate no debe limitarse al impacto económico, sino abordar la crisis ética que subyace. La falta de controles efectivos y la aparente normalización de prácticas fraudulentas sugieren que el problema va más allá de las licencias médicas y apunta a una cultura de impunidad en ciertos sectores del Estado.
En conclusión, este escándalo representa tanto una oportunidad para que el gobierno impulse reformas estructurales como un riesgo político si no logra implementar medidas efectivas. La transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas serán claves para recuperar la confianza ciudadana, en un contexto donde la probidad se ha convertido en una demanda fundamental de la sociedad chilena.
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