Contraloría revela irregularidades y apunta a negligencia institucional en el uso de licencias médicas. Robert Contreras exige reformas y sanciones ejemplares.
Chile23 de mayo de 2025
Periodista Digital The Times en Español
Concepción, Chile – Un significativo escándalo ha emergido en el sector público chileno tras el último informe de la Contraloría General de la República, que ha revelado un fraude masivo en el uso de licencias médicas. Según el análisis, más de 25.000 servidores públicos habrían realizado viajes al extranjero o realizado actividades incompatibles durante sus períodos de descanso médico. Este caso no solo pone en tela de juicio la ética individual de los funcionarios, sino que también desvela preocupantes faltas institucionales en los organismos fiscalizadores, como la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).
El informe de la Contraloría, publicado el 20 de mayo de 2025, documenta que entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios salieron del país en sus periodos de licencia médica, contabilizando un total de 59.575 entradas y salidas. De las 35.585 licencias emitidas, el 69% fueron autorizadas por FONASA y el 31% por Isapres, con un promedio de descanso de 17.7 días. Un hecho alarmante es que 125 funcionarios realizaron entre 16 y 30 viajes, y 51 superaron los 31 viajes, indicativos de un patrón sistemático de abuso.
Este escándalo no solo apunta a los funcionarios implicados en fraude al fisco, sino que exhibe la negligencia institucional de entes encargados de supervisar el sistema. Por este motivo, la Contraloría ha iniciado sumarios administrativos contra SUSESO, COMPIN y FONASA, investigando posibles incumplimientos en sus deberes de fiscalización. Estos antecedentes han sido remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para determinar responsabilidades penales y patrimoniales.
Robert Contreras, abogado y exgobernador de Concepción, ha sido un vocero clave en esta discusión. Calificó al sistema actual como “permisivo y opaco”, señalando que las fallas no solo son de los funcionarios que abusaron, sino también de las instituciones que debían realizar los controles necesarios. “Aquí fallaron los funcionarios que mintieron, pero también las instituciones que tenían el deber legal de controlar y no lo hicieron”, declaró Contreras.
Contreras ha enfocado su crítica en que la omisión institucional debe ser considerada con la misma seriedad que el fraude directo. “La probidad no es solo un principio. Es una obligación jurídica. Y cuando la omisión permite la corrupción, la omisión también debe ser sancionada”, sentenció.
El abogado ha propuesto una reforma estructural al sistema de licencias médicas que incluye:
“Si no hay consecuencias reales, seguiremos repitiendo estos escándalos cada cierto tiempo. Y no hay democracia sana donde los recursos públicos se administran con impunidad”, advirtió Contreras, enfatizando la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
La Contraloría ha instruido a 788 instituciones públicas a abrir investigaciones internas para identificar a los responsables. Además, ha anunciado una nueva fase de auditorías específicas enfocadas en SUSESO, FONASA y COMPIN. La directora de COMPIN, Valeria Céspedes, ha reconocido que es "imposible fiscalizar el 100% de las licencias", pero resaltó que su institución ha presentado 293 denuncias al Ministerio Público por licencias falsas, conflicto de intereses y salidas al extranjero.
El ministro Álvaro Elizalde, también se ha pronunciado sobre el tema. Condenó los hechos e informó que se solicitarán informes a todos los ministerios y servicios con el fin de calcular el problemático impacto financiero que esto ha causado tanto al Estado como a los cotizantes.
Este escándalo no es un hecho aislado. Desde la implementación de la Ley N° 20.585 en 2012, que estableció medidas de control y sanciones por el uso indebido de licencias médicas, SUSESO ha investigado 949 casos, sancionando a 216 médicos por emitir licencias sin fundamento médico, acumulando multas de más de 211 millones de pesos y suspensiones de hasta 2.000 días. Sin embargo, el informe de la Contraloría revela que estas medidas han sido insuficientes para detener el uso indebido de recursos públicos.
La falta de trazabilidad en el sistema de licencias, la ausencia de controles automatizados y la incapacidad de COMPIN para gestionar un volumen tan alto de licencias (6,8 millones en 2023) han sido fundamentales en la generación de este fraude. Por añadidura, los retrasos en los pagos de licencias médicas, acumulados desde 2018, han generado desconfianza entre los usuarios legítimos y han exacerbado la crisis financiera de los hospitales.
La propuesta de Robert Contreras ha resonado en varios sectores que claman por una mayor transparencia y eficiencia en la administración pública. La creación de un registro público de sanciones, junto con controles cruzados automatizados, podría no solo disuadir futuros fraudes, sino también asegurar que los recursos públicos se utilicen de forma legítima.
La Comisión de Salud del Senado ya ha recomendado perfeccionar el proyecto de ley que sanciona las licencias fraudulentas (Boletín N°14845-11), sugiriendo multas más elevadas y exigiendo que los médicos emisores estén inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud (RNPI). Sin embargo, la implementación de estas reformas enfrenta obstáculos, como la falta de capacidad operativa en COMPIN y la resistencia de ciertos sectores a endurecer las sanciones.
Este escándalo de licencias médicas fraudulentas pone en relieve la credibilidad institucional del Estado chileno, justo a pocos meses de las elecciones legislativas y presidenciales de 2025. La magnitud del fraude, involucrando a más de 25.000 funcionarios, es un claro indicativo de un problema ético amplio y sistémico que subraya las debilidades de un sistema que ha fallado en su misión de fiscalización.
Desde el punto de vista político, este caso fortifica la retórica de la oposición, que ha culpado al gobierno de Gabriel Boric de una gestión ineficiente frente a la corrupción pública. Figuras como Miguel Mellado y Natalia Romero capitalizan este escándalo para presionar por acciones drásticas, mientras que líderes como Robert Contreras se posicionan como defensores de la transparencia.
En contraposición, el oficialismo, representado por el senador Juan Luis Castro y el ministro Álvaro Elizalde, intenta distanciarse de la controversia. Pese a sus esfuerzos por resaltar los pasos proactivos de COMPIN, la percepción de impunidad podría dañar la imagen del gobierno, especialmente en un contexto donde crece la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas.
El análisis sugiere que este incidente puede ser el catalizador para un debate más profundo acerca de la modernización en el sector público. Las ideas de Contreras sobre controles automatizados y un registro público de sanciones representan una oportunidad para avanzar hacia un sistema más efectivo. No obstante, la viabilidad de sus propuestas dependerá de la voluntad política y de los recursos necesarios para fortalecer a SUSESO, FONASA y COMPIN.
La lentitud en los pagos de licencias, unida a la incapacidad para fiscalizar grandes volúmenes, demuestra la necesidad urgente de una reforma estructural que supere los límites de los gobiernos de turno. Las fuentes periodísticas como La Tercera, BioBioChile, y El Mercurio de Valparaíso coinciden en que el problema radica no solo en los funcionarios, sino en un sistema que ha normalizado la negligencia institucional. La Contraloría, al iniciar sumarios y remitir antecedentes al Ministerio Público, lo que muestra que la omisión debe ser tratada con la misma gravedad que el fraude.
En conclusión, el escándalo de las licencias médicas representa una oportunidad crucial para que Chile evolucione hacia un sistema más transparente y eficiente. Sin embargo, también actúa como un recordatorio de que la probidad debe ser más que un simple discurso. Sin sanciones efectivas y reformas tangibles, la confianza ciudadana seguirá disminuyendo, debilitando la legitimidad de las instituciones públicas.
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