Dos menores de 12 años fueron casados en una comunidad indígena de Guerrero, desafiando leyes y encendiendo el debate sobre usos y costumbres.
Latam07 de mayo de 2025
Elena Carvajal
San Pedro Cuitlapan, Guerrero, México – En un acontecimiento que ha conmocionado a México, dos niños de apenas 12 años, Natalia y Miguel, contrajeron matrimonio en una ceremonia tradicional el 4 de mayo de 2025 en San Pedro Cuitlapan, región de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. La boda, autorizada por las familias y aparentemente valida bajo el amparo de los “usos y costumbres”, fue transmitida en vivo por redes sociales, generando una ola de indignación nacional. Este caso pone de relieve la persistencia del matrimonio infantil en México, una práctica prohibida por ley desde 2019, y revive el debate sobre la colisión entre tradiciones indígenas y los derechos humanos de la niñez.
Imágenes y videos en redes sociales muestran a los menores vestidos de novios, bailando y disfrutando de un festejo que incluyó música, banquete y bebidas alcohólicas. La comunidad mantuvo una gran celebración, pero lo que para algunos representa una tradición se convierte en una violación de derechos para otros. Desde 2019, el matrimonio infantil es estrictamente prohibido en México, estableciendo los 18 años como edad mínima para el matrimonio en todos los estados, sin excepciones. El Código Penal de Guerrero impone penas de 5 a 15 años de prisión a quienes promuevan o faciliten estas uniones, agravando las sanciones si las víctimas son de comunidades indígenas o afromexicanas. La boda de Natalia y Miguel, sin embargo, no es un caso aislado; otro matrimonio infantil en Huamuchitos, Acapulco, en febrero de 2025, también desató controversia.
La difusión de las imágenes provocó una intensa reacción en redes sociales. Muchos usuarios condenaron la normalización del matrimonio infantil, considerándolo una forma de violencia de género y una violación de los derechos de la niñez. Organizaciones como UNICEF y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) han afirmado que este tipo de uniones perpetúan la pobreza y la desigualdad, afectando desproporcionadamente a las niñas. Lorena Villavicencio, de SIPINNA, destacó que "el matrimonio infantil es un grito de desigualdad que exige acciones inmediatas".
Por otro lado, algunos sectores de la comunidad y autoridades locales defendieron la boda, argumentando que es parte de sus usos y costumbres. La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, justificó un matrimonio similar en febrero como un acuerdo familiar sin validez legal. No obstante, Roberto Barreto Bohórquez, del Registro Civil de Guerrero, aclaró que la boda de Natasha y Miguel carece de reconocimiento oficial, condenándola como una "fiesta organizada por las familias".
El matrimonio infantil en Guerrero es un problema estructural que va más allá de las tradiciones. Según el INEGI, al menos 27,800 adolescentes entre 12 y 17 años en comunidades indígenas estaban casados o en unión libre en 2020, con Guerrero, Chiapas y Oaxaca como los más afectados. Factores como la pobreza, el acceso limitado a educación y la desigualdad de género son determinantes clave. Muchas familias ven el matrimonio como última opción para aliviar la carga económica o cumplir con normas culturales que priorizan el “honor” de las niñas.
Activistas como Hermelinda Tiburcio Cayetano, del pueblo na savi, han denunciado que a menudo estas uniones implican la “venta” de niñas, con pagos que varían según la edad. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado más de 200 casos de matrimonios forzados en la región, muchos de ellos sin el consentimiento de las menores.
La Secretaría de la Mujer de Guerrero y la Fiscalía General del Estado han comenzado investigaciones en San Pedro Cuitlapan aunque, hasta el momento, no se han llevado a cabo detenciones. La gobernadora Evelyn Salgado, quien asumió el cargo en 2021, ha prometido combatir estas prácticas, aunque los resultados han sido limitados. En 2022, el Congreso de Guerrero reformó el Código Penal para endurecer las penas contra el matrimonio infantil, y en enero de 2025, la diputada Araceli Ocampo propuso sanciones de hasta 22 años de prisión para casos en comunidades indígenas.
A nivel nacional, el Senado aprobó en 2024 una reforma al artículo 2 de la Constitución, la cual prohíbe explícitamente los matrimonios infantiles en comunidades indígenas, priorizando el interés superior de la niñez. Sin embargo, la implementación de estas leyes se enfrenta a la resistencia cultural y la falta de políticas públicas efectivas en zonas rurales.
El caso de Natalia y Miguel simboliza las tensiones entre el marco legal mexicano y las dinámicas socioculturales en las comunidades indígenas. Este evento resalta la incapacidad del Estado para garantizar los derechos de la niñez en áreas marcadas por la pobreza y la marginación. Guerrero, uno de los estados más pobres de México, es un microcosmos de este desafío.
El gobierno de Salgado, aunque vocal sobre su compromiso contra el matrimonio infantil, recibe críticas por su enfoque reactivo. La ausencia de programas de educación, campañas de prevención y oportunidades económicas en comunidades indígenas perpetúa el problema. Según un informe de UNICEF y UNFPA de mayo de 2025, erradicar el matrimonio infantil requiere una inversión de 3,400 millones de dólares anuales hasta 2030, una suma que México no parece dispuesta a priorizar.
Además, la defensa de los "usos y costumbres" por parte de autoridades locales, como la alcaldesa López, refleja una ambigüedad política peligrosa. Aunque el respeto a la autonomía indígena es un principio constitucional, no puede justificar violaciones a los derechos humanos. La reforma del artículo 2 de 2024 busca cerrar esta brecha, pero su efectividad es limitada sin un cambio cultural profundo.
La boda de Natalia y Miguel es un recordatorio doloroso de que el matrimonio infantil sigue siendo una realidad en México, a pesar de los avances legislativos. Mientras las autoridades no enfrenten las raíces del problema, estas uniones continuarán ocurriendo bajo el manto de la tradición. La indignación en redes sociales debe traducirse en políticas públicas efectivas que protejan a los niños y niñas de Guerrero y de todo el país.
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