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Ex alcalde de Ñuñoa, podría recibir una condena de hasta 10 años de cárcel tras una acusación de fraude al fisco. La denuncia original provino de su sucesora, Emilia Ríos.
07 de junio de 2025
Javier Saldívar
La situación que rodea a Andrés Zarhi, el exalcalde de Ñuñoa, se ha intensificado en los últimos meses, convirtiéndose en uno de los casos más discutidos de la política local en Chile. La Fiscalía ha formalizado su acusación por fraude al fisco, lo que podría llevarlo a enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión. Esta investigación, que se originó a partir de una denuncia penal presentada por su sucesora, Emilia Ríos, ha revelado la existencia de presuntas irregularidades en la gestión de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa.
Andrés Zarhi, quien gobernó Ñuñoa durante cinco años, dejó el cargo en 2021 en un ambiente de controversia. Su mandato fue empañado por cuestionamientos sobre la transparencia y gestión administrativa, lo que llevó a Emilia Ríos, electa como alcaldesa de la misma comuna, a presentar formalmente la denuncia penal. Ríos, perteneciente al Frente Amplio (FA), ha señalado en varias ocasiones que las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos son motivo de grave preocupación para la ciudadanía.
La denuncia de Ríos desencadenó una investigación extensa por parte de la Fiscalía, la cual ha tomado más de un año y ha incluido análisis detallados de los contratos y testimonios relacionados con la municipalidad. En 2024, la fiscal Mitzy Henríquez presentó formalmente la acusación en contra de Zarhi, así como de otros tres exfuncionarios involucrados en operaciones cuestionables.
Los acusados, entre los que se encuentran Roberto Stern, exdirector del Cesfam Rosita Renard; José Palma, exsecretario de la Corporación; y Ludwig Bornard, exdirector jurídico, están implicados en la autorización de cláusulas abusivas en contratos que causaron un perjuicio fiscal significativo. La Fiscalía ha expuesto que Zarhi suscribió contratos que incluían indemnizaciones sin un límite legal, lo que resultó en pagos que superaron lo permitido por la ley. Un ejemplo específico mencionado en los cargos es el finiquito de José Palma, que ascendió a $44 millones, una cifra escandalosa, considerando el contexto económico.
A Andrés Zarhi se le atribuyen cinco delitos de fraude al fisco en calidad de frustrados y uno consumado. Estas acusaciones son serias y, si se comprueba su culpabilidad, el exalcalde podría enfrentar una condena que oscila entre 10 años y 5 meses de prisión. No obstante, la manera en la que se impondrá la condena dependerá del fallo del tribunal correspondiente.
La fiscalía, para sustentar su acusación, ha preparado un extenso dossier que incluye 11 testigos, 61 documentos y ocho evidencias materiales, lo que sugiere un despliegue considerable de recursos legales para asegurar la validez de los cargos presentados.
La audiencia para discutir la reapertura de la investigación se ha programado para el 12 de junio, y se anticipa que será un momento crucial en el desarrollo del caso. El tribunal deberá examinar todas las evidencias presentadas y decidir sobre la validez de cada uno de los cargos, lo cual podría influir en la imagen pública de la alcaldía de Ñuñoa y en la opinión de los ciudadanos respecto a la gestión municipal.
El caso de Andrés Zarhi no solo afecta su carrera, sino que también plantea una reflexión más amplia sobre la corrupción en la política local y la necesidad de fomentar transparencia en la gestión pública. La denuncia de Emilia Ríos es un recordatorio de que la ciudadanía reclama responsabilidad a sus líderes y que las irregularidades en el uso de los recursos públicos no pueden ser pasadas por alto.
El impacto de estos eventos resuena en el ambiente político del país, especialmente considerando el contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones políticas en Chile. La administración pública y la capacidad para gestionar recursos fiscales de manera apropiada se convierten en ejes cruciales de discusión en la actualidad.
Este caso ilustra la lucha interna de varios movimientos dentro del espectro político chileno. La denuncia de Ríos, a pesar de ser un acto necesario para mantener la transparencia, puede ser leída como parte de un esfuerzo más amplio de algunos sectores para desacreditar y desestabilizar a otros.
Desde la perspectiva de The Times, es fundamental analizar cómo este tipo de acusaciones pueden tener efecto tanto en el discurrir político de Ñuñoa como en el contexto más amplio. Los casos de corrupción, especialmente a nivel municipal, tienden a influir en la opinión pública y pueden impactar futuros resultados electorales. La ciudadanía está cada vez más alerta y exige transparencia, lo que a su vez fomenta un ambiente en el que la corrupción se torna intolerable.
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