La candidata presidencial critica el abuso de 25 mil funcionarios públicos y promete fortalecer controles en Chile para restaurar la confianza.
20 de mayo de 2025
Javier Saldívar
Santiago, Chile, 20 de mayo de 2025 – La actual campaña presidencial en Chile se ha visto sacudida por un escándalo que pone en evidencia la mala gestión en el sector público. Un informe reciente de la Contraloría General de la República revela que 25 mil funcionarios públicos habrían abandonado el país mientras estaban con licencias médicas, un hecho calificado como “no tolerable” por la candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara. Jara, que fue ministra del Trabajo en la administración de Gabriel Boric, ha prometido enérgicas medidas para abordar lo que considera un fraude al sistema de salud.
El informe de la Contraloría, publicado el 20 de mayo de 2025, señala que entre 2023 y 2024 se descubrieron 35.585 casos irregulares relacionados con licencias médicas. Las instituciones más afectadas incluyen la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Fundación Integra y la Municipalidad de Arica. De acuerdo al documento, se contabilizaron 8.893 licencias potencialmente fraudulentas, lo que representa un duro golpe a la confianza ciudadana en el sistema público y un posible desvío significativo de recursos.
Jeannette Jara se pronunció contundentemente en redes sociales, diciendo: “No es tolerable que existan 25 mil funcionarios públicos que, estando con licencias médicas, hayan salido del país”. En sus declaraciones, hizo un llamado a combatir el fraude: “Es necesario fortalecer los controles, fiscalizaciones y sanciones y así lo haremos en nuestro gobierno”, prometió.
El informe detalla que las regiones con más irregularidades son la Región Metropolitana, con 26.032 registros (43,7%), seguida de Arica y Parinacota (16,9%) y Magallanes (10%). Uno de los casos más destacados implica a un funcionario de salud que se otorgó a sí mismo una licencia para viajar al extranjero durante su supuesto periodo de reposo. Tales acciones no solo constituyen un abuso del sistema, sino que también generan pérdidas millonarias: 35 mil millones de pesos para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y más de 6 mil millones para las Isapres.
La venta de licencias médicas falsas ha tomado dimensiones alarmantes en Chile. Un análisis de ALTO Inmune informa que entre enero de 2023 y julio de 2024 se emitieron 4.836 licencias en los sectores de retail y supermercados, con 666 de estas emitidas por médicos sancionados o querellados. Las especialidades más involucradas en estos fraudes son traumatología, ortopedia y medicina general, evidenciando la magnitud del problema en el sistema.
En septiembre de 2024, el Servicio de Salud Metropolitano Norte denunció que 14 médicos, tres de ellos expulsados del país, estaban comercializando licencias falsas a 31 funcionarios de hospitales públicos, acumulando un total de 2.669 días de ausentismo. Este caso, que incluye al Hospital San José, ha desatado una ola de críticas y llamado a sanciones ejemplificadoras.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, manifestó la urgencia de intensificar las fiscalizaciones, subrayando que el subsidio de incapacidad laboral representa el 20% del presupuesto del sector salud, que equivale a tres billones de pesos. “Estamos muy preocupados por el uso abusivo de este instrumento”, declaró, enfatizando los esfuerzos de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) para identificar a quienes están detrás de las irregularidades.
En el Congreso, se ha presentado un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra las licencias médicas fraudulentas. Este fue aprobado unánimemente en el Senado en marzo de 2025 y contempla penas de hasta cinco años de presidio para los profesionales de la salud que emitan documentos falsos. Además, el proyecto otorga mayores potestades de fiscalización a Compin, Suseso y las Isapres, y contempla la suspensión del título profesional para médicos reincidentes.
El senador Juan Luis Castro, uno de los impulsores de la ley, exigió una investigación exhaustiva de la Contraloría en los servicios de salud con altos índices de ausentismo, como en Concepción, Arauco e Iquique. “La inacción frente a estas irregularidades vulnera el principio de legalidad y genera descredo en la ciudadanía”, manifestó Castro.
El anuncio de Jeannette Jara ha provocado diversas reacciones políticas. Figuras como el diputado Patricio Rosas y la diputada Helia Molina han calificado el escándalo como “gravísimo”, demandando sanciones ejemplares. “Estos médicos y usuarios de licencias falsas perjudican a quienes realmente las necesitan”, afirmó Molina.
No obstante, el Colegio Médico ha expresado reparos ante las intensas fiscalizaciones, argumentando que el sistema de Compin presenta fallos técnicos que dificultan el trabajo de los profesionales. La directora nacional de Compin, Valeria Céspedes, defendió los controles, asegurando que “el foco no es perseguir a los médicos, sino proteger el derecho de los trabajadores”.
El pronunciamiento de Jeannette Jara ante el escándalo de las licencias médicas fraudulentas es un movimiento calculado en el contexto de su campaña presidencial. Al abordar un tema que genera indignación ciudadana, Jara busca consolidarse como una figura de integridad y firmeza, cualidades esenciales en un clima de creciente desconfianza hacia las instituciones públicas. Su mensaje, centrado en las sanciones y controles, está dirigido a un electorado que exige transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos.
Sin embargo, su militancia en el Partido Comunista, tradicionalmente polarizante, puede limitar el impacto de su mensaje. A pesar de su habilidad para conectar con sectores progresistas, su énfasis en la fiscalización podría ser interpretado como un guiño a votantes más conservadores, creando tensiones en su base.
El escándalo también supone un reto para el gobierno de Gabriel Boric, bajo el cual Jara ejerció como ministra. La magnitud del fraude, involucrando a 25 mil funcionarios, destaca fallos estructurales en los sistemas de control, lo que la oposición podría utilizar para cuestionar la eficacia de la administración del gobierno actual. La propuesta de Jara de fortalecer las fiscalizaciones no solo actúa como una propuesta de campaña, sino que, implícitamente, critica las debilidades del gobierno al que perteneció.
Fuentes como BioBioChile, El Mostrador, y Diario Financiero han coincidido en que el fenómeno de las licencias médicas fraudulentas es sistémico, resultado de una mezcla de laxitud en los controles, corrupción y la facilidad para comercializar documentos en redes sociales. Como lo sugiere ALTO Inmune, la solución incluye implementar sistemas digitales de verificación y auditorías cruzadas, medidas que probablemente Jara podría incorporar en su plataforma para atraer la atención de los votantes.
El escándalo de las licencias médicas representa tanto una oportunidad como un riesgo para Jeannette Jara. Si logra articular un discurso que combine justicia social con gestión eficiente, su candidatura podría fortalecerse considerablemente. Sin embargo, el verdadero desafío será navegar las críticas hacia su partido y demostrar que sus propuestas son más que simples promesas electorales.
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