El expresidente Yoon Suk Yeol enfrenta arresto en Seúl, tras su controversial declaración de ley marcial en diciembre de 2024, intensificando la crisis política en el país.
Mundo09 de julio de 2025
Diego Arenas
Seúl, Corea del Sur – 9 de julio de 2025, 23:59 KST – En un giro inesperado de los acontecimientos políticos, el expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue detenido nuevamente en la madrugada del jueves en Seúl, bajo acusaciones de obstrucción especial de deberes públicos en relación con su fallida declaración de ley marcial del 3 de diciembre de 2024. Este arresto, el segundo vinculado al caso, no solo profundiza la crisis política ya existente, sino que también marca un capítulo sin precedentes en la historia democrática de la nación.
La operación de arresto, llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios (CIO), vuelve a poner en el centro del debate los problemas de estabilidad y estado de derecho en una de las democracias más consolidadas de Asia.
La ley marcial impuesta por Yoon en diciembre de 2024, aunque duró apenas seis horas, dejó una estela de controversia que persiste. En su discurso, Yoon justificó la decisión alegando la necesidad de combatir “fuerzas antiestatales” y algunas presuntas simpatías con Corea del Norte. Esta medida incluía el despliegue de tropas y policías alrededor de la Asamblea Nacional, la prohibición de actividades políticas y la restricción de medios de comunicación. La reacción fue inmediata: miles de ciudadanos protestaron, y unala Asamblea Nacional, liderada por la oposición, revocó la declaración por votación unánime. El 4 de abril de 2025, Yoon fue destituido por la Corte Constitucional, que lo acusó de insurrección y abuso de poder.
El nuevo arresto, solicitado por el consejo especial liderado por el fiscal Cho Eun Suk, se centra en la obstrucción de deberes públicos, falsificación de documentos y abuso de autoridad. Fuentes de la agencia Yonhap afirman que Yoon intentó obstruir las investigaciones al ordenar la destrucción de pruebas, incluyendo teléfonos de colaboradores. Además, habría utilizado a su equipo de seguridad para bloquear un intento previo de detención en enero de 2025.
La operación para arrestar a Yoon estuvo marcada por tensiones. Alrededor de 3,000 agentes de la CIO y la policía rodearon su residencia en Seúl. A diferencia de un intento fallido en enero, donde guardaespaldas y partidarios formaron una barrera humana, esta vez las autoridades lograron ejecutar la orden de arresto tras arduas negociaciones. "El estado de derecho se ha derrumbado por completo en este país”, declaró Yoon en un comunicado, defendiendo su ley marcial como una acción legítima para proteger el orden constitucional.
Fuera del centro de detención en Gwacheon, una ciudad cercana a Seúl, se congregaron cientos de manifestantes, tanto detractores como seguidores de Yoon. Los opositores coreaban consignas como “¡Yoon a prisión!”, mientras que sus partidarios, con banderas surcoreanas y estadounidenses, exigían su liberación, una visceral manifestación de la polarización política que actualmente enfrenta el país. El ambiente se tornó aún más dramático cuando un hombre se autoinmoló cerca del lugar, provocando reacciones inmediatas que dejaron a las autoridades locales en estado crítico.
El 3 de diciembre de 2024, Yoon sorprendió al país al declarar la ley marcial en un discurso televisado no anunciado. Justificó la decisión como un intento de "erradicar fuerzas pro-norcoreanas" y proteger a la democracia liberal. Afirmó que el Partido Democrático, que controlaba la Asamblea Nacional, había paralizado al gobierno, cayendo en una “dictadura legislativa”. Las protestas estallaron inmediatamente, y los legisladores, liderados por Lee Jae-myung, votaron para anular el decreto.
Tras el fallido intento de ley marcial, el Parlamento aprobó la destitución de Yoon el 14 de diciembre de 2024, suspendiéndolo de sus funciones. La Corte Constitucional ratificó esta decisión el 4 de abril de 2025, citando violaciones graves a los principios del estado de derecho. El primer arresto de Yoon tuvo lugar el 15 de enero de 2025, acusado de insurrección, un delito que, aunque puede conllevar cadena perpetua o pena de muerte, esta última ha estado suspendida en Corea del Sur desde 1997.
En marzo de 2025, fue liberado tras la anulación de la orden de detención debido a irregularidades procesales, aunque las investigaciones siguen en marcha. Los fiscales presentaron pruebas de que había autorizado el uso de la fuerza militar, incluida la posibilidad de disparar para entrar al Parlamento, lo que complicó más su situación.
El reciente arresto de Yoon se produce en medio de una nueva investigación que lo acusa de obstrucción especial de deberes públicos, falsificación de documentos oficiales y obstrucción de la justicia. Los investigadores alegan que ordenó la eliminación de pruebas clave y bloqueó las pesquisas al involucrar a su equipo de seguridad presidencial.
La detención de Yoon marca un hito histórico, siendo el primer presidente surcoreano arrestado durante o después de su mandato por cargos relacionados con insurrección. La Corte Constitucional ya no le otorga inmunidad, lo que lo expone a procesos penales adicionales, incluidos posibles cargos por corrupción relacionados con su esposa, Kim Keon Hee, quien está bajo investigación por presuntas malas prácticas.
La polarización política en Corea del Sur ha alcanzado niveles alarmantes. Miles de manifestantes se reúnen regularmente en Seúl, abogando por la libertad de Yoon o pidiendo su encarcelamiento. “La declaración de la ley marcial fue un error y un exceso legal”, señala Leif-Eric Easley, experto en relaciones internacionales de la Universidad Ewha, advirtiendo que este episodio mancha la reputación de Corea del Sur como un modelo de democracia.
La detención de Yoon Suk Yeol no es solo un hecho aislado en la historia política de Corea del Sur; plantea preguntas cruciales sobre la estabilidad de las democracias contemporáneas. La decisión de Yoon de imponer la ley marcial, aunque efímera, evoca un pasado autoritario que muchos surcoreanos prefieren olvidar, desencadenando una oleada de protestas y un fervor cívico sobre la defensa de los principios democráticos.
A nivel local, su arresto ha debilitado al Partido del Poder Popular (PPP), que ahora enfrenta una lucha interna para redefinir su liderazgo. El partido de oposición, liderado por Lee Jae-myung, ha visto un aumento en su popularidad, consolidándose como un contendiente fuerte en las próximas elecciones presidenciales anticipadas programadas para junio de 2025. Sin embargo, la creciente polarización entre los grupos conservadores y progresistas podría profundizar la fragmentación social en un momento en que Corea del Sur enfrenta desafíos económicos y tensiones geopolíticas con Corea del Norte.
En un contexto regional, el caso de Yoon envía un mensaje de advertencia a otras democracias asiáticas, donde el autoritarismo ha resurgido ante situaciones de crisis. Las relaciones con aliados clave, como Estados Unidos, podrían verse afectadas, especialmente tras la destitución de un líder que había cultivado la imagen de un socio estratégico.
Globalmente, este episodio resalta la inevitable fragilidad de cualquier democracia, donde decisiones impulsivas y la falta de control entre líderes pueden dar lugar a crisis significativas. Este es un fenómeno que resonó en eventos en otras partes del mundo, como el 6 de enero en Estados Unidos, donde la defensa de las instituciones democráticas se convirtió en un tema central.
A medida que avanzan las investigaciones sobre Yoon, la capacidad del sistema judicial surcoreano para mantener transparencia e imparcialidad es fundamental. La detención del expresidente sirve como un recordatorio de que incluso las democracias más robustas pueden enfrentar crisis cuando el poder se ejerce sin límites.
El arresto de Yoon Suk Yeol en Seúl representa un capítulo sombrío en la historia reciente de Corea del Sur. Mientras las investigaciones se desarrollan, el país se prepara para elecciones presidenciales que podrían redefinir su rumbo político. La crisis institucional provocada por la ley marcial de diciembre de 2024 no solo ha puesto de relieve las tensiones internas de una nación dividida, sino que también ha puesto a prueba la resiliencia de su democracia. Con el mundo observando, Corea del Sur enfrenta el desafío de restaurar la confianza en sus instituciones y avanzar hacia un futuro de estabilidad.
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