Fundación Allende en la mira por polémico trueque con Serviu

Santiago, Chile – Un verdadero escándalo financiero y patrimonial ha estallado en la Fundación Salvador Allende, luego de que se revelara que había cancelado una deuda de $560 millones con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) mediante un controvertido “trueque” de 93 obras de arte que nunca salieron de su sede. Esta operación, realizada en 2017 para saldar la deuda originada por la adquisición del Palacio Heiremans en 2004, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos debido a presuntas irregularidades y falta de transparencia, según un informe de El Mostrador. Ante esta situación, la diputada Chiara Barchiesi, del Partido Republicano, ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que inicie una investigación, argumentando que el Estado chileno ha sido perjudicado.

Este caso pone sobre la mesa cuestiones sobre la gestión de instituciones ligadas al legado de Salvador Allende, así como la correcta administración de bienes públicos en Chile.

El origen del polémico trueque

En 2004, la Fundación Salvador Allende (FSA) adquirió el Palacio Heiremans, un edificio histórico en el barrio República de Santiago, por 27.493 UF (aproximadamente $464 millones en ese momento), en un acuerdo con el Serviu Metropolitano. Este contrato estipulaba un pago en 10 cuotas anuales de 2.749 UF, y contemplaba una hipoteca a favor del Serviu en caso de incumplimiento. Sin embargo, la Fundación no cumplió con los pagos durante ocho años, acumulando aproximadamente $556 millones de deuda hasta 2016. Para saldar esta deuda, se propuso un método de pago inusual: la “dación en pago” de las 93 obras de arte, donadas en 2012 por el Museo Afro Brasil.

Lo que parecía una solución innovadora se convirtió rápidamente en un problema. Documentos obtenidos por El Mostrador muestran que las obras, valoradas en $560 millones, no fueron entregadas físicamente al Serviu, permaneciendo en las instalaciones de la Fundación y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA). En 2018, la Contraloría General de la República detectó irregularidades, como la falta de licitación o decreto supremo, aunque el caso fue declarado prescrito. Siete años después, en 2025, el tema ha resurgido con ímpetu, impulsado por las críticas de Barchiesi, quien sugiere un posible fraude al Estado.

Un símbolo con una historia compleja

El Palacio Heiremans, construido en 1925 por el empresario belga Amadeo Heiremans, es un icono del barrio República. Ha tenido diversos roles en su historia, desde ser la sede de la Embajada de España, hasta funcionar como un centro de operaciones de la Central Nacional de Informaciones (CNI) durante la dictadura de Pinochet. Esta rica historia añade un significado adicional al discutible acuerdo realizado por la Fundación Salvador Allende, creada en 1990 para preservar el legado del expresidente Allende y el MSSA, que alberga más de 3.100 obras de arte moderno y contemporáneo.

Las acusaciones de Chiara Barchiesi y el CDE

La diputada Chiara Barchiesi ha tildado la operación de “fraude”, alegando que la Fundación retuvo tanto el Palacio Heiremans como las obras de arte, tras haber pagado solo el 10% del valor acordado. Junto al diputado Rodrigo Palamara, han instado al CDE para que anule la venta, argumentando que el Estado ha sido estafado. Esta solicitud ha generado un intenso debate en redes sociales, donde las opiniones están divididas. Algunos usuarios acusan a la Fundación de “corrupción”, mientras que otros defienden la legalidad de la “dación en pago”, mencionando que es una práctica aceptada, aunque poco convencional en el ámbito de la vivienda pública.

En su informe de 2018, la Contraloría indicó que la operación carecía de los procedimientos administrativos adecuados, lo que generó sospechas de irregularidades. Sin embargo, el hecho de que el caso fuera prescrito en ese momento cerró las puertas a posibles sanciones. La presión actual de Barchiesi y otros legisladores podría reabrir el caso, colocando a la Fundación Salvador Allende nuevamente en el centro del escándalo.

Consecuencias del escándalo

Este asunto ha captado la atención del público. Usuarios como @gmobastias y @HelmutKramer han calificado la situación de “cambalache”, mientras que @rpalamaras ha acusado a la familia Allende de aprovecharse del Estado. Aunque la Fundación no ha emitido un comunicado reciente, en el pasado defendió la legalidad de la “dación en pago”, sosteniendo que las obras fueron debidamente valoradas.

La solicitud de Barchiesi al CDE podría dar lugar a una investigación que examine la documentación del acuerdo, las evaluaciones de las obras y el proceso de transferencia. Si se encuentran irregularidades, la transacción podría ser anulada, poniendo en riesgo no solo la propiedad del Palacio Heiremans, sino también la reputación de la Fundación.

Este escándalo revela las tensiones políticas que aún persisten en Chile en torno al legado de Salvador Allende. La acusación de Barchiesi, representante de una fuerza política de derecha, se dirige directamente a la familia Allende y su gestión de recursos públicos. Su enfoque busca resonar en un ambiente caracterizado por la creciente polarización en el país.

La Fundación, creada para preservar los ideales de justicia social y democracia de Allende, enfrenta un dilema. Por un lado, la operación de “dación en pago” puede considerarse una solución a una deuda знач размера; por otro, la falta de entrega de las obras de arte y la ausencia de transparencia alimentan las sospechas de favoritismo político. El hecho de que Ricardo Trincado, quien fue parte de otros casos de corrupción, haya estado involucrado en el contrato, añade más sombras a esta situación.

Desde una perspectiva política, este episodio fortalece la narrativa de la derecha chilena, que ha cuestionado la gestión de instituciones asociadas al socialismo. La acusación de “fraude” no solo busca deslegitimar a la Fundación, sino que también intenta revivir el debate sobre el uso del nombre de Allende como una “franquicia política”, según ha expresado Barchiesi.

Si el CDE decide investigar, el caso podría escalar, afectando la credibilidad de la Fundación y del MSSA. La falta de acción podría interpretarse como una señal de impunidad, alimentando aún más las críticas de la oposición.

El escándalo del “trueque” entre la Fundación Salvador Allende y el Serviu es mucho más que una mera disputa financiera: es un reflejo de las complejidades políticas y culturales que enfrenta Chile. Mientras la diputada Barchiesi impulsa una investigación, el futuro del Palacio Heiremans y la reputación de la Fundación penden de un hilo. Este escándalo, que entrelaza arte, política y patrimonio, seguirá generando debates ardientes en Santiago, Chile.

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