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El fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que removió al fiscal Cooper del caso ProCultura, expone las fisuras del Ministerio Público y su cercanía al poder político
Opinión17 de mayo de 2025Un Patriota sin Partido Político.El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta ha marcado un antes y un después al acoger el recurso de amparo a favor de Josefina Huneeus, removiendo al fiscal Patricio Cooper del caso ProCultura. Esta decisión no solo representa un contundente golpe al Ministerio Público, sino que también sirve como un mensaje político sutil envuelto en una resolución judicial.
En su resolución, los ministros no se limitaron a aplicar la ley, sino que editorializaron sobre actuaciones "propias de tiempos pretéritos de la República", evidenciando una fiscalía que parece ignorar los 25 años de evolución del sistema procesal penal chileno. La paradoja es escalofriante: estas mismas cortes, que durante décadas han implementado un sistema de excepción contra exuniformados por violaciones a derechos humanos, ahora se escandalizan por diligencias que, en un contexto diferente, serían celebradas.
La remoción de Cooper, conocido por su trayectoria en casos emblemáticos como el "Robo del Siglo", Rojas Vade y la clínica Sierra Bella, no se justifica por errores técnicos, sino por el "pecado" de aproximarse demasiado al poder. Este episodio deja una lección amarga: en Chile, la investigación puede llevarse a cabo con autonomía... siempre y cuando no se involucre a quienes están demasiado cerca del Presidente.
¿Y los partidos políticos? ¿Y los candidatos presidenciales? Silencio. ¿Y el Congreso? Silencio. El daño ya está hecho: la Fiscalía ha sido disciplinada, y los ciudadanos quedan desprotegidos.
Ante esta situación, se torna urgente la creación de un organismo autónomo que defienda a los ciudadanos, no solo contra el crimen, sino también contra la corrupción política. Se propone la creación de un "Instituto Nacional de Defensa del Ciudadano" (INDEC), dedicado a supervisar lo que el Ministerio Público y el Congreso han dejado de proteger: la igualdad ante la ley, la probidad pública y el Bien Común.
Cuando la justicia se editorializa y el poder se blinda, solo queda la voz del ciudadano. Afortunadamente, esta aún no ha sido silenciada.
Christian Slater Escanilla
Un patriota sin partido político.
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En síntesis, los medios que se refirieron al caso sostuvieron que "el origen del conflicto se remonta a 2016, cuando bajo la administración de Lavín se ordenó la paralización de las obras del proyecto "Vespucio 345"
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