Exministra Marcela Sandoval revela que alertó a Presidencia sobre irregularidades en la compra de la casa de Salvador Allende, pero fue ignorada.
Chile12 de mayo de 2025
Elena Carvajal
Santiago, 12 de mayo de 2025 – La fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, destinada a convertirse en un museo, sigue generando repercusiones políticas y judiciales en Chile. Este lunes, la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, compareció ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, donde afirmó haber advertido a la Presidencia de la República sobre un “conflicto de interés” y problemas de “transparencia” en la operación, liderada por el gobierno de Gabriel Boric. Sin embargo, sus alertas fueron desoídas, lo que derivó en un escándalo que costó su salida del gabinete en enero de 2025, junto con la renuncia de otras figuras clave, como la exministra de Defensa, Maya Fernández, y la destitución de la senadora Isabel Allende.
La compra, valuada en $933 millones (aproximadamente USD 922,000), fue impulsada por el propio Presidente Boric con el objetivo de preservar el legado de Allende, pero se frustró al descubrirse que era inconstitucional debido a la participación de Fernández, nieta del exmandatario, y la senadora Allende, su hija, como copropietarias del inmueble. La Constitución chilena prohíbe a ministros y parlamentarios celebrar contratos con el Estado, lo que desató una crisis política y una investigación penal por presunto fraude al fisco.
Sandoval, militante del Frente Amplio, explicó en el Congreso que la División Jurídica de su ministerio, liderada por Macarena Diez, identificó desde el inicio problemas éticos y políticos en la transacción. Entre junio y noviembre de 2024, en al menos tres reuniones, se alertó a la Presidencia sobre las “consecuencias comunicacionales y políticas” de adquirir un inmueble que beneficiaba a una ministra en ejercicio y a una senadora. “Se detectó un conflicto de interés, una negociación incompatible y temas de transparencia”, afirmó Sandoval, según reportó T13. Sin embargo, aclaró que no se advirtió explícitamente sobre la inconstitucionalidad de la operación, un punto que ha generado críticas por la falta de rigurosidad jurídica.
La exministra relató que comunicó sus reparos directamente a Leonardo Moreno, asesor del Segundo Piso de La Moneda, y a Bernardita Nazar, abogada presidencial, ambos destituidos tras el escándalo. En un llamado a fines de noviembre o principios de diciembre de 2024, Sandoval reiteró su preocupación, pero desde Presidencia se le indicó que Bienes Nacionales solo tenía un rol administrativo y que las aristas comunicacionales serían manejadas por La Moneda. “Me dicen que este trámite tiene que ir, que hay que apurarlo. Yo les señalo que sigo preocupada por las aristas comunicacionales y políticas”, declaró Sandoval.
El equipo jurídico de Bienes Nacionales, encabezado por Diez, elaboró minutas que detallaban los riesgos de la operación, incluyendo una propuesta para que la familia Allende donara o cediera el inmueble en lugar de venderlo, evitando así el conflicto ético. Sin embargo, CIPER confirmó que no hay evidencia de que estas alternativas llegaran al gabinete presidencial.
La compra de la casa de Allende, ubicada en Guardia Vieja, Providencia, fue anunciada el 31 de diciembre de 2024 por Bienes Nacionales como parte de un proyecto para crear museos en las residencias de Allende y Patricio Aylwin. El decreto que autorizaba la operación, firmado por Boric el 28 de noviembre de 2024, fue tomado de razón por la Contraloría el 20 de diciembre, lo que generó sorpresa entre abogados, ya que no se identificó la inconstitucionalidad en ese momento.
La operación fue objetada rápidamente por la oposición, liderada por el Partido Republicano y Chile Vamos, quienes presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional y denunciaron un posible sobreprecio. El 3 de enero de 2025, ante la ola de críticas, el gobierno desistió de la compra, argumentando la “estructura de copropiedad” de los herederos de Allende. Tres días después, Boric solicitó la renuncia de Sandoval, asumiendo la “responsabilidad política” del error, según la ministra del Interior, Carolina Tohá.
El escándalo no se detuvo ahí. Maya Fernández, entonces ministra de Defensa, y la senadora Isabel Allende, ambas copropietarias, fueron citadas como imputadas por la Fiscalía Regional de Coquimbo, que investiga un posible fraude al fisco. Fernández renunció a su cargo, mientras que Allende fue destituida de la Cámara Alta tras un fallo del Tribunal Constitucional. Otros funcionarios, como Macarena Diez, Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, también abandonaron sus puestos.
En su comparecencia, Sandoval expresó una autocrítica limitada: “La autocrítica que yo hago en retrospectiva tiene que ver con haber verificado que quienes tenían el роли de asesorar efectivamente al Presidente pudieran haberle transmitido las advertencias jurídicas, políticas y comunicacionales que al menos en el Ministerio de Bienes Nacionales se habían levantado”. Esta declaración apunta a una falla en la cadena de comunicación entre su cartera y los asesores presidenciales, pero también ha sido interpretada como un intento de deslindar responsabilidades.
El caso ha exacerbado las tensiones dentro del oficialismo, particularmente entre el Frente Amplio y el Partido Socialista, al que pertenece la familia Allende. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, expresó su pesar por el impacto en la senadora Allende, quien, según fuentes cercanas, estaba “afectada” por el colapso del proyecto, que buscaba convertir la casa en un museo gestionado por la Fundación Allende y la Universidad de Chile.
En redes sociales, usuarios han criticado la gestión del gobierno. Un post en X señaló: “Despidieron a Sandoval que avisó, pero no tocaron a otros que al parecer sabían. Las Allende querían 1000 millones para quedar igual”, reflejando el escepticismo ciudadano sobre las intenciones de la transacción.
Conexión con los casos de Pérez y Matthei
El caso de la casa de Allende comparte el escenario político con otros escándalos recientes, como el de la exdiputada Catalina Pérez, formalizada por fraude al fisco en el caso Democracia Viva, y la propuesta de Evelyn Matthei para construir una cárcel de máxima seguridad en Atacama. Mientras el caso de Pérez, que también involucra a figuras del Frente Amplio, pone en tela de juicio la probidad de la coalición gobernante, la iniciativa de Matthei refuerza su discurso de “mano dura” contra el crimen organizado, capitalizando la percepción de un gobierno debilitado por errores administrativos y éticos.
A diferencia de Pérez, quien enfrenta arresto domiciliario por un delito económico, el caso de Allende tiene un componente simbólico, al involucrar la figura de un ícono de la izquierda chilena. Sin embargo, ambos casos alimentan la narrativa de una gestión oficialista marcada por la desprolijidad, un punto que Matthei ha explotado en su campaña presidencial. En contraste con la propuesta penitenciaria de Matthei, que busca proyectar orden y control, el escándalo de la casa de Allende expone las vulnerabilidades del gobierno de Boric en un año electoral clave.
La fallida compra de la casa de Salvador Allende es más que un error administrativo; es un golpe político que ha debilitado al gobierno de Gabriel Boric en un momento crítico. La declaración de Marcela Sandoval ante la Comisión Investigadora revela una cadena de fallos en la comunicación y supervisión interna, pero también subraya la incapacidad del Ejecutivo para anticipar las consecuencias de una decisión cargada de simbolismo. CIPER confirmó que las advertencias de Bienes Nacionales, aunque no incluyeron la inconstitucionalidad, fueron claras en señalar riesgos éticos y políticos, lo que plantea interrogantes sobre la calidad del asesoramiento en La Moneda.
El caso ha reavivado las críticas contra el Frente Amplio, ya golpeado por el caso Democracia Viva. La salida de Sandoval, Fernández y otros funcionarios no ha sido suficiente para acallar las acusaciones de negligencia, especialmente cuando la oposición, liderada por figuras como Ruth Hurtado del Partido Republicano, ha amenazado con acusaciones constitucionales y más investigaciones. La Tercera informó que la Fiscalía, bajo el fiscal Patricio Cooper, continúa indagando posibles responsabilidades penales, lo que podría prolongar el daño reputacional del gobierno.
El impacto en el Partido Socialista es particularmente sensible. La destitución de Isabel Allende, una figura histórica, y la renuncia de Maya Fernández han generado malestar interno, como reflejó Paulina Vodanovic al lamentar la “vejación” del legado de Allende. El Mostrador señaló que el caso podría reabrir fracturas entre las coaliciones oficialistas, especialmente cuando el PS percibe que el Frente Amplio no asumió el costo político completo.
En el contexto electoral, el escándalo beneficia a candidatas como Evelyn Matthei, quien ha sabido capitalizar la percepción de un gobierno desordenado. Su propuesta de una cárcel de máxima seguridad, aunque controversial, proyecta una imagen de firmeza que contrasta con los errores de Boric. Según un análisis de BioBioChile, la oposición ha utilizado el caso para reforzar su narrativa de un oficialismo incapaz de gobernar con transparencia, un mensaje que resuena en un electorado frustrado por los escándalos.
El caso también plantea preguntas sobre la gestión de Boric, quien, como reconoció en Chilevisión, impulsó personalmente la compra sin prever las inhabilidades. Esta admisión, junto con la negativa de asesores como Leonardo Moreno a reconocer las advertencias de Sandoval, sugiere una desconexión entre el Presidente y su equipo, un problema que Ex-Ante ha descrito como sistémico en La Moneda.
En conclusión, el caso de la casa de Allende es un recordatorio de los riesgos de subestimar las implicaciones éticas y legales de decisiones simbólicas. Para Boric, recuperar la confianza ciudadana será un desafío en un año donde cada error puede costar caro electoralmente. El gobierno necesita urgentemente mejorar sus mecanismos de control interno y comunicación para evitar que casos como este sigan erosionando su legitimidad.
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