La exdiputada enfrenta cargos por fraude al fisco en Antofagasta, pero asegura su inocencia. Su caso remece la política chilena.
Chile12 de mayo de 2025
Irmina Herrera
Antofagasta, 12 de mayo de 2025 – La desaforada diputada Catalina Pérez Salinas, exmilitante del Frente Amplio, quedó bajo arresto domiciliario total tras ser formalizada este lunes por tres delitos de fraude al fisco en el marco del caso Democracia Viva. La decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, ha generado controversia y críticas desde la oposición, que considera la medida “insuficiente”. Pérez, por su parte, insiste en su inocencia y promete colaborar con la investigación para esclarecer los hechos.
El caso, que estalló en junio de 2023 tras una investigación del medio local Timeline, destapó una serie de convenios millonarios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, liderada por Daniel Andrade, expareja de Pérez. Según la Fiscalía, estos acuerdos, que ascienden a $426 millones, fueron fraudulentos y se adjudicaron sin cumplir los requisitos legales, beneficiando a la fundación sin capacidad técnica para ejecutar los proyectos. Además de Andrade, también están imputados el exseremi Carlos Contreras, exjefe de gabinete de Pérez, y la exconcejala Paz Fuica, todos vinculados a Revolución Democrática al momento de los hechos.
La audiencia de formalización, que comenzó a las 08:30 horas y se extendió por más de ocho horas, estuvo marcada por la exposición del fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar. El Ministerio Público acusó a Pérez de haber influido directamente en la adjudicación de los fondos, a pesar de que la fundación no cumplía con los estándares exigidos. La jueza Claudia Campusano decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros imputados, estableciendo un plazo de 45 días para la investigación.
A través de sus redes sociales, Pérez emitió un comunicado en el que afirmó: “Cumpliré la medida cautelar que me ha sido impuesta por el tribunal con la convicción de mi inocencia y espero que esta situación se resuelva con prontitud porque no he cometido ningún delito”. La exdiputada, quien fue desaforada el 7 de abril de 2025 por la Corte Suprema, ha reiterado que no participó en la gestión de los convenios ni obtuvo beneficios personales.
El abogado defensor de Pérez, Gonzalo Medina, celebró la decisión del tribunal de rechazar la prisión preventiva: “Hemos dicho desde el comienzo que Catalina Pérez es inocente y no se ha aportado ninguna prueba de su participación como coautora de fraude al fisco. Ella ha colaborado activamente en esta investigación desde el primer momento”. Medina cuestionó la solidez de las acusaciones, señalando que el fiscal no presentó pruebas contundentes durante la audiencia.
El caso Democracia Viva es una de las aristas más emblemáticas del denominado “Caso Convenios”, una trama de desvíos de recursos públicos a fundaciones privadas que ha sacudido la política chilena. Según la Fiscalía, los convenios entre la Seremi de Vivienda y Democracia Viva se firmaron con fines políticos, sin que la fundación tuviera experiencia en proyectos habitacionales. Los fondos, destinados a obras en campamentos de Antofagasta, habrían sido adjudicados irregularmente, causando un perjuicio al Estado.
Daniel Andrade, fundador de la fundación, y Carlos Contreras, exseremi de Vivienda, enfrentaron prisión preventiva desde el inicio de la investigación, aunque Andrade actualmente cumple arresto domiciliario. Paz Fuica, exconcejala de Antofagasta, también está imputada y ha enfrentado problemas para cumplir con su arresto domiciliario, lo que derivó en una audiencia para revisar su medida cautelar.
Los vínculos personales y políticos de Pérez con los imputados han sido un punto central de la investigación. Contreras, quien fue su jefe de gabinete cuando ella presidía Revolución Democrática, y Andrade, su expareja, han complicado su defensa. Además, filtraciones de conversaciones de WhatsApp entre Pérez y Andrade, publicadas por medios como La Tercera, sugieren que la exdiputada estaba al tanto de los convenios, lo que ha alimentado las acusaciones en su contra.
La decisión del tribunal de otorgar arresto domiciliario a Pérez, en lugar de prisión preventiva, ha generado un intenso debate. Sectores de la oposición han calificado la medida como “insuficiente”, argumentando que los cargos de fraude al fisco, que implican un perjuicio de $426 millones, justifican una sanción más severa. En redes sociales, usuarios han expresado escepticismo sobre la inocencia de Pérez, acusándola de beneficiarse de una supuesta red de clientelismo político.
Por otro lado, desde el oficialismo, figuras como la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, han criticado el manejo de la investigación, especialmente por filtraciones de información personal de Pérez, como una pesquisa sobre un presunto aborto, que la exdiputada calificó de “miserable”. Estas filtraciones han levantado cuestionamientos sobre posibles abusos judiciales y estrategias para desprestigiar a la parlamentaria.
El caso Democracia Viva ha golpeado duramente al Frente Amplio, la coalición que llevó a Gabriel Boric a la presidencia. Pérez, quien fue vicepresidenta de la Cámara de Diputados hasta que estalló el escándalo, era una figura prominente de Revolución Democrática. Su desafuero y formalización han profundizado la crisis de credibilidad del partido, que ya enfrentaba críticas por otros casos de irregularidades en fundaciones afines.
El gobierno de Boric, por su parte, ha intentado mantenerse al margen, pero la cercanía de los imputados con el oficialismo ha generado cuestionamientos. En un contexto de alta polarización política, el caso refuerza las acusaciones de la oposición sobre un supuesto uso indebido de recursos públicos para fines partidistas.
El caso de Catalina Pérez marca un punto de inflexión en la política chilena, no solo por la gravedad de las acusaciones de fraude al fisco, sino por su impacto en el Frente Amplio y el gobierno de Gabriel Boric. La formalización de Pérez, una de las figuras más visibles de Revolución Democrática, expone las vulnerabilidades de una coalición que llegó al poder prometiendo transparencia y renovación política.
El caso Democracia Viva, destapado por Timeline en 2023, es mucho más que un escándalo financiero. Representa un desafío ético para el Frente Amplio, que ha perdido terreno en la opinión pública tras una serie de controversias similares. Según un análisis de El Diario de Antofagasta, la asignación irregular de fondos públicos a fundaciones sin capacidad técnica refleja un problema sistémico de clientelismo que trasciende a un solo partido.
La decisión del tribunal de otorgar arresto domiciliario a Pérez, en contraste con la prisión preventiva de Contreras y Fuica, ha avivado las críticas de la oposición, que ve en la medida un trato preferencial. BioBioChile informó que sectores conservadores han acusado al sistema judicial de ser “permisivo” con figuras del oficialismo, lo que alimenta la percepción de impunidad. Sin embargo, el abogado de Pérez, Gonzalo Medina, sostiene que la falta de pruebas contundentes respalda la inocencia de su clienta, un argumento que podría ganar tracción si la investigación no logra sustanciar las acusaciones.
El impacto político del caso se extiende al gobierno de Boric, que enfrenta un año crucial antes de las elecciones presidenciales de 2025. La filtración de chats entre Pérez y Andrade, publicada por La Tercera, no solo ha complicado la defensa de la exdiputada, sino que ha reforzado la narrativa opositora de un gobierno incapaz de controlar las irregularidades en su entorno. La ministra Antonia Orellana, al criticar las filtraciones, ha intentado desviar el foco hacia posibles abusos judiciales, pero esta estrategia podría percibirse como un intento de proteger a una aliada política.
En términos electorales, el caso Democracia Viva podría erosionar aún más la base de apoyo del Frente Amplio, especialmente entre los votantes jóvenes que apostaron por su discurso de cambio. Un reportaje de El País Chile señala que el desafuero de Pérez, ratificado por la Corte Suprema, simboliza la caída de una generación de líderes que prometían romper con las prácticas del pasado.
La defensa de Pérez, centrada en su cooperación con la justicia y la falta de pruebas, podría mantenerla a flote en el corto plazo, pero su futuro político parece comprometido. El caso, además, plantea preguntas sobre la responsabilidad política en un sistema donde los lazos personales y partidistas influyen en la gestión pública. Mientras la investigación avanza, el Frente Amplio y el gobierno deberán trabajar para recuperar la confianza ciudadana, una tarea que se antoja cada vez más difícil.
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