Fiscalía revela confesiones que vinculan fondos de Procultura con la campaña presidencial de Gabriel Boric, desatando una crisis en La Moneda.
Editorial10 de mayo de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile – La política chilena se encuentra en un punto álgido tras las revelaciones sobre el presidente Gabriel Boric y su posible involucramiento en irregularidades financieras relacionadas con la Fundación Procultura. La Unidad Fiscal de Coquimbo ha destapado un escándalo que involucra la utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial de Boric en 2021, sembrando un clima de inestabilidad en La Moneda justo cuando el mandatario se encuentra de gira por Asia, en Japón y China.
La Fundación Procultura, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín —un amigo cercano a Boric—, ha sido el epicentro de la investigación. El fiscal Patricio Cooper ha solicitado autorización para interceptar el teléfono del presidente, argumentando que existen indicios de desvío de recursos públicos destinados a la fundación. Aunque los tribunales han denegado esta solicitud, el acceso a comunicaciones de otros implicados ha sacado a la luz una serie de interceptaciones comprometedora.
En una de las interceptaciones, se cita a Larraín afirmando: "Gasté esta plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca", en referencia a una supuesta deuda con otras imputadas en el caso, Patricia Ilonka Csillag Pimstein y Constanza Gómez Cruz, ambas directivas de Procultura. Esta declaración, según el fiscal Cooper, es clave para sustentar la hipótesis de financiamiento irregular. Además, una conversación entre Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Larraín y amiga del presidente, revela al mandatario reflexionando sobre su relación con el director de la ONG: "Jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho 'oye, qué interesante este proyecto' (...). Saqué todos mis celulares antiguos pa ver si tenía mensajes con él, porque me imagino que... o sea yo hablaba con él, era cercano no me voy a hacer el hue... con eso".
El caso Procultura se enmarca dentro de un entramado más amplio de dudas sobre la administración de fondos públicos, con implicaciones que abarcan desde el lavado de activos hasta el fraude al fisco. La Fundación, según la Fiscalía, logró obtener cerca de $6 mil millones en contratos con diversas entidades estatales durante los años 2022 y 2023, coincidiendo con el inicio del mandato de Boric.
El impacto de estas revelaciones no se ha hecho esperar. Desde la oposición, partidos como Chile Vamos han convocado sesiones de emergencia para evaluar acciones legales. Figures como el diputado Guillermo Ramírez han exigido explicaciones rápidas, argumentando que la Fiscalía está al tanto de indicios que sostienen las acusaciones de financiación ilegal.
Sumado a esto, la expareja de Boric e exdirectora sociocultural de La Moneda, Irina Karamanos, cuando fue citada a declarar como imputada tras haber trabajado en Procultura. Interceptaciones recientes sugieren que Boric ha intentado organizar una defensa legal para ella, lo que ha sido interpretado como un intento del presidente por influir en la investigación y ha añadido presión a su administración.
Mientras La Moneda sospecha la magnitud del escándalo, ha optado por un enfoque cuidadoso. Un comunicado oficial ha solicitado al fiscal nacional, Ángel Valencia, un esclarecimiento sobre la solicitud de interceptación de comunicaciones. No obstante, la administración ha evitado discutir de manera directa las acusaciones de financiación irregular. En una entrevista previa, Boric ya había desestimado cualquier irregularidad, acusando a la oposición de buscar "empatizar situaciones" para generar caos.
Desde el análisis de Rodrigo Pérez, un observador político, el escándalo del caso Procultura coloca a Boric en un dilema tremendo, puesto que socava su imagen prometedora de transparencia y ética. Este giro en la narrativa podría tener graves repercusiones en su legado político, especialmente a medida que se acercan las elecciones de noviembre de 2025.
El aumento en los convenios de Procultura durante su administración, aunque no una prueba concreta de delito, lleva a la ciudadanía a cuestionar la relación entre autoridades y entidades vinculadas, lo que alimenta la percepción de corrupción. En este contexto, la cercanía de Boric con Larraín añade una capa adicional de crítica y desconfianza, especialmente frente a las expectativas de un gobierno que prometió cambiar la política chilena.
A medida que la investigación avanza, la presión sobre Boric aumentará, especialmente si la Fiscalía presenta evidencia más contundente. Esto podría remodelar el panorama electoral, con los partidos de centro y derecha buscando capitalizar el desgaste de la administración actual. El futuro de Boric y su partido, el Frente Amplio, podría verse comprometido si los votantes consideran que la corrupción socava los ideales de renovación política.
La gira de Boric por Asia, aunque crucial para la diplomacia chilena, podría verse interpretada como un intento de evasión ante la crisis en casa. Los líderes de la oposición, encabezados por figuras como José Antonio Kast, exigen que Boric "dé la cara", una petición que resuena en múltiples sectores de la opinión pública.
El impacto del caso Procultura trasciende la coyuntura política y pone en juego el legado de Boric como el presidente más joven de la historia de Chile. Elegido con un discurso de cambio generacional, Boric prometió desmantelar las prácticas clientelistas y opacas de la política tradicional. Sin embargo, las acusaciones de financiamiento irregular evocan los escándalos que él mismo criticó en gobiernos anteriores, generando una percepción de contradicción que podría marcar su paso por La Moneda.
Si la Fiscalía encuentra pruebas contundentes, Boric podría enfrentar no solo un daño irreparable a su credibilidad, sino también una fractura en el Frente Amplio, su coalición base. La pérdida de confianza ciudadana, en un contexto de alta polarización y descontento económico, podría traducirse en un debilitamiento de la izquierda progresista en las próximas elecciones. Por el contrario, una gestión efectiva de la crisis –con gestos como la entrega voluntaria de sus dispositivos o una declaración pública contundente– podría mitigar el impacto, aunque el tiempo juega en su contra mientras está de gira en Japón y China.
El caso Procultura no solo plantea interrogantes sobre la legalidad y ética en el financiamiento de campañas en Chile, sino que también desafía la capacidad del actual gobierno de preservar su credibilidad en medio de un entorno político cada vez más turbulento. La respuesta de Boric y su administración en los próximos días será crucial, no solo para su gobierno, sino para la salud de la democracia chilena en su conjunto.
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