Revelador diálogo entre autoridades coincide con investigaciones sobre contratos
Chile10 de mayo de 2025
Valeria Ponce
Santiago,Chile El 7 de julio de 2023, la comunicación entre Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana de Chile, y Alberto Larraín, cofundador de ProCultura, dio un nuevo giro al escándalo que ha sacudido el ámbito político y social del país. Mediante un mensaje de Telegram, Orrego agradecía a Larraín su apoyo, en un momento crítico en el que ambos se hallaban bajo la lupa de la Fiscalía debido a irregularidades en los contratos relacionados con la fundación. La frase de Orrego: “Revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo” se convierte en un eje central de la investigación. Como consignó el medio Ex-Ante
La controversia surgió tras la aprobación, el 8 de junio de 2022, por parte del Consejo Regional Metropolitano, de la propuesta de Orrego para nombrar a Larraín como director de la Corporación de Desarrollo, lo que incluía la gestión de un considerable monto de dinero destinado a ProCultura. Fue exactamente 21 días después que se autorizó la entrega de más de 1.6 mil millones de pesos chilenos a la fundación para financiar el programa “Quédate”, destinado a la prevención del suicidio y en apoyo a la salud mental.
Sin embargo, la situación se tornó insostenible en mayo de 2024, cuando se desató el Caso Convenios, un escándalo que implicaba múltiples irregularidades en la gestión de fondos públicos. En este contexto, la Gobernación se querelló contra ProCultura, acusando una apropiación indebida de más de mil millones de pesos, lo que llevó a una indagación formal sobre el destino de esos recursos.
El mensaje enviado por Orrego el 7 de julio tenía un tono personal y un matiz de desesperación. “Te agradezco la grandeza que has tenido para cuidar el proyecto y a mí como persona y autoridad” indica la relación cercana entre ambos, al mismo tiempo que revela una preocupación palpable por la continuidad del programa y la situación personal de Larraín, quien enfrentaba un momento complicado.
Larraín, en su declaración judicial en marzo de 2025, alegó no recordar el mensaje debido a que prefería utilizar WhatsApp como su principal herramienta de comunicación. Sin embargo, cuando le mostraron el contenido del mensaje, afirmó que el uso del término “hermano” podría considerarse parte de una relación de largo tiempo entre ambos, desde sus días en la Democracia Cristiana. Indicó que Orrego había estado en su casa y viceversa, lo que añade un nivel personal a la relación profesional.
La proximidad de Orrego y Larraín ha suscitado interrogantes sobre la ética en la gestión pública y la influencia de las redes personales en la toma de decisiones administrativas. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones es creciente, estos elementos alimentan la percepción de irregularidades.
El hecho de que las autoridades se encuentren en la mira de la justicia no solamente pone en tela de juicio la gestión de ProCultura, sino que también deja una sombra sobre la propia administración de Orrego. La conversación no es solo un intercambio de palabras entre amigos; representa la intersección entre la política y la ética pública.
A medida que avanza la investigación y tras el escándalo del Caso Convenios, es crucial que se realice un análisis exhaustivo y una revisión de los mecanismos de supervisión en la gestión de fondos públicos. Esta situación no es un caso aislado, sino que refleja una serie de problemas más amplios en la administración pública en Chile y otros países de América Latina.
El sistema político debe ser capaz de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Solo así se podrá restaurar la confianza de los ciudadanos y reafirmar que quienes ocupan posiciones de autoridad están al servicio del bienestar común.
En un país donde las denuncias de corrupción se vuelven cada vez más comunes, el caso de Orrego y Larraín ilumina un aspecto crítico en la interacción entre los poderes del estado y las organizaciones privadas. Este tipo de vínculos puede ser dañino y propenso a generar situaciones de conflicto de interés. La población merece una administración pública que actúe con integridad y que sea capaz de gestionar los recursos con la máxima responsabilidad.
Este escándalo no solo afecta a la reputación de los involucrados, sino que también debe servir como un punto de inflexión para que se fortalezcan los controles sobre el uso de los fondos públicos. La rendición de cuentas y la transparencia deben ser prioridad para los futuros líderes del país.
El seguimiento a este caso promete ser un indicativo clave de cómo se enfrentarán las futuras crisis en la administración pública chilena. Las lecciones que se desprendan de este escándalo serán vitales para la construcción de un sistema más transparente y responsable.
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