Juez frena a fiscal Cooper: el celular del Presidente Boric sigue intocable

Santiago, Chile – Una nueva tormenta política y judicial se desató en el país tras conocerse que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, solicitó intervenir el celular del Presidente Gabriel Boric en el marco del caso Procultura, una investigación que amenaza con salpicar a las más altas esferas del oficialismo. Sin embargo, el juzgado de garantía rechazó la petición, un hecho que ha generado tanto alivio como especulaciones en La Moneda y que pone en jaque la estrategia del Ministerio Público para desentrañar una trama de presunto fraude al fisco que involucra a la Fundación Procultura y a figuras clave del gobierno.

Según fuentes cercanas al caso, la solicitud de Cooper tuvo su origen en información obtenida del teléfono de Alberto Larraín, psiquiatra y fundador de Procultura, una organización que entre 2021 y 2022 multiplicó por más de diez sus ingresos provenientes de fondos públicos, pasando de $316.849.723 a $3.282.841.556 tras la llegada de Boric al poder. En el celular de Larraín, incautado por la PDI, habrían aparecido datos que vincularían al mandatario con la investigación, lo que llevó al fiscal a dar un paso audaz: pedir la interceptación del teléfono presidencial. La justicia, sin embargo, consideró que no había fundamentos suficientes bajo el artículo 222 de la Ley 21.577, que regula las interceptaciones y exige “fundadas sospechas basadas en hechos determinados” para autorizarlas.

El caso Procultura, que comenzó como una extensión del escándalo de Democracia Viva pero que rápidamente tomó vuelo propio, ha puesto bajo el microscopio judicial a una red de convenios por cerca de $6.000 millones entre la fundación y diversos gobiernos regionales. La desclasificación de antecedentes ha encendido las alarmas en el oficialismo, especialmente por la implicación de Miguel Crispi, exjefe del Segundo Piso de Boric y otrora subsecretario de Desarrollo Regional, quien habría validado transferencias a Procultura desde la Subdere. Además, seis gobernadores –cinco de ellos reelectos en octubre pasado– figuran como “sujetos de interés” en la causa, un estatus que los coloca a un paso de ser imputados formalmente.

Entre los nombres destacados están Claudio Orrego (Región Metropolitana), Ricardo Díaz (Antofagasta), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Oscar Crisóstomo (Ñuble) y Jorge Flies (Magallanes), todos vinculados a convenios con Procultura que hoy son cuestionados por posibles irregularidades. El exgobernador Rodrigo Díaz (Biobío), quien no repostuló, completa la lista. Pero lo que realmente eleva la temperatura política es la cercanía de Larraín con Boric, una relación que data de los tiempos en que el actual Presidente, siendo diputado, reveló sufrir de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y contó con el apoyo del psiquiatra como asesor técnico durante ocho años.
Un hallazgo clave en la investigación proviene del celular de Flies, donde la PDI descubrió chats entre el gobernador y Larraín.

En ellos, el fundador de Procultura narraba supuestas conversaciones con Boric y le pedía acelerar proyectos de la fundación en Magallanes, iniciativas que nunca se concretaron. Aunque no está claro si esas charlas con el mandatario ocurrieron realmente o si eran una estrategia de Larraín para presionar a Flies, el solo hecho de que su nombre aparezca en este contexto ha dado munición a la oposición para exigir respuestas.

El fin de semana, un nuevo giro sorprendió al país: La Tercera reveló que el teléfono de Miguel Crispi había sido intervenido por la PDI el 7 de enero. En una conversación con su madre, Claudia Serrano, Crispi mencionó que la exsenadora Isabel Allende (PS) habría realizado gestiones para la compraventa de la casa de su padre, Salvador Allende, en Guardia Vieja, un proceso fallido que también está bajo la lupa de Cooper por posible fraude al fisco. Esta interceptación derivó en una investigación penal contra Allende, sumando otro capítulo a un caso que parece no tener fin.

Detalles legales y el trasfondo de la solicitud

El artículo 222 de la Ley 21.577 establece que la interceptación de comunicaciones solo puede autorizarse si hay indicios claros de un delito grave –como aquellos con pena de crimen– y si la medida es imprescindible para la investigación. En este caso, el fiscal Cooper habría argumentado que los datos del celular de Larraín sugerían una posible conexión con Boric que requería ser explorada. Sin embargo, el juzgado de garantía no vio méritos suficientes, lo que plantea interrogantes sobre la solidez de las pruebas presentadas y el alcance de la indagatoria.

Desde la Fiscalía Regional de Coquimbo no hubo respuesta oficial a las consultas de Ex-Ante, lo que alimenta las especulaciones sobre los próximos pasos de Cooper. ¿Intentará el fiscal insistir con nuevas pruebas o redirigir su enfoque hacia otros implicados? Lo cierto es que el rechazo judicial representa un traspié significativo en un caso que ya lleva casi dos años sin formalizaciones, pese a la magnitud de los montos involucrados y la cantidad de figuras públicas bajo escrutinio.

El impacto en el oficialismo

La investigación ha generado nerviosismo en el Frente Amplio y sus aliados, especialmente por el rol de Crispi, quien hasta marzo fue el jefe de asesores de Boric en La Moneda. Su participación en la validación de fondos para Procultura, sumada a la interceptación de su teléfono, lo convierte en un blanco fácil para la oposición, que no ha dudado en señalar una supuesta red de influencias en el corazón del gobierno. Los gobernadores, por su parte, enfrentan un delicado equilibrio: mientras buscan despegarse de las acusaciones, sus reelecciones recientes los obligan a rendir cuentas ante una ciudadanía cada vez más crítica con el manejo de los recursos públicos.

Boric, en tanto, queda en una posición incómoda. Su vínculo con Larraín, aunque enmarcado en un contexto profesional y legislativo, lo expone a cuestionamientos sobre su juicio político y su capacidad para mantenerse al margen de las polémicas que azotan a su administración. La negativa del juzgado a intervenir su celular podría interpretarse como un alivio momentáneo, pero no disipa las dudas sobre lo que realmente sabía –o no– respecto a las operaciones de Procultura.

Desde las páginas de The Times en español, el caso Procultura se lee como una tragicomedia chilena con tintes de culebrón político. En su edición del 25 de abril de 2025, el medio destacó que “la negativa judicial a pinchar el teléfono de Boric es un respiro para un gobierno que parece tropezar con sus propios pies”. Citando fuentes anónimas del oficialismo, el artículo sugiere que el rechazo del juzgado podría ser “un guiño implícito a la estabilidad institucional, aunque no exime al Presidente de responder por sus amistades del pasado”.

Con un toque de sátira, The Times en español retrató a Cooper como “el fiscal que sueña con ser el Sherlock Holmes del desierto de Coquimbo, pero que por ahora solo ha logrado enredarse en su propia capa”. El análisis también apunta a Crispi como “el hombre que sabía demasiado, o tal vez demasiado poco, dependiendo de a quién se le pregunte”. Para el medio, el caso refleja una paradoja del gobierno de Boric: su discurso de transparencia choca con una realidad de conexiones opacas que nadie termina de explicar.

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