Terreno en San Antonio: ¿usurpación o invitación para ocuparlo? por Patricio Herman

Este terreno pertenece desde 1997 a la Inmobiliaria Constructora San Antonio S.A., de los empresarios Esteban Solari, Ricardo Posada y Luis Medel. A finales de 2019, los residentes del área denuncian que uno de los socios de la empresa, acompañado de arquitectos, entre ellos uno de apellido Alfonsi, les propuso construir sus viviendas de manera irregular, sin los permisos necesarios de la Dirección de Obras Municipales (DOM).

Esta situación fue irresponsablemente tolerada por las autoridades competentes, incluyendo al alcalde Omar Vera, al funcionario de la DOM Armando Sabaj y a la anterior Seremi del Minvu de la 5ª región, Evelyn Mansilla.

El terreno está ubicado en la zona urbana de San Antonio y según el Plan Regulador Comunal (PRC) de 2006, es posible verificar en los mapas del Servicio de Impuestos Internos (SII) que el Cerro Centinela forma un único predio, con el Rol N° 9037-1, que tiene un avalúo fiscal de $751.375.802. Gran parte del terreno se sitúa en la Zona ZR4, que permite diversos usos del suelo como residencial, comercial, de equipamiento, cultura, deportes, educación, salud, prevención de riesgos, áreas verdes y espacios públicos. Una pequeña porción en el sector sur corresponde a la Zona ZE3, destinada a servicios de infraestructura sanitaria, eléctrica y telecomunicaciones.

Otros sectores están sujetos a restricciones por utilidad pública, incluyendo áreas verdes y la protección de las cuatro quebradas naturales, las cuales caen bajo la Zona ZP2. Debido a su ubicación mayoritariamente en la Zona ZR4, esta zona permite una densidad habitacional de 125 unidades por hectárea, con alturas máximas determinadas por la rasante. La constructibilidad varía según la cantidad de pisos proyectados, permitiendo de 0.8 a 2 pisos en algunos casos y hasta 1.6 para edificaciones de tres o más pisos.

Además, el terreno contempla afectaciones de utilidad pública por la proyección de calles que atraviesan la propiedad, sumando casi 6 kilómetros, lo que incluiría su urbanización y desarrollo de infraestructura básica, con un costo estimado en 45 mil millones de pesos.

Para abordar esta situación, el ministro Carlos Montes ha mantenido conversaciones con el alcalde de San Antonio y los propietarios del terreno, especialmente teniendo en cuenta un fallo de la Corte Suprema de 2024 que ordenó desalojar a casi 4.000 familias que actualmente habitan allí. Existe la posibilidad de que el Estado compre el terreno, creando cooperativas que lo administren. Sin embargo, hasta ahora no hay acuerdo, ya que el vendedor exige UF 0.40 por m², mientras que el comprador ofrece UF 0.22 por m².

Cabe destacar que el programa del gobierno de Boric establece, según el arquitecto Pablo Allard, que no puede haber desalojos sin soluciones habitacionales para las familias afectadas, lo que implica la compra del terreno ocupado. Esta situación es bien conocida por los propietarios de la Inmobiliaria Constructora San Antonio S.A., lo que sugiere que la empresa está ejerciendo presión sobre el Minvu para maximizar su ganancia.

En resumen, si se llegara a concretar esta transacción, se enviaría un mensaje negativo al mercado del suelo, incentivando prácticas de ocupación irregular en busca de beneficios económicos. Este problema no ha sido evaluado hasta la fecha por el Colegio de Arquitectos de Chile ni por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Por último, si las instituciones hubieran actuado debidamente a finales de 2019, esta desafortunada situación no existiría. Por ello, los mencionados Omar Vera, Armando Sabaj y Evelyn Mansilla tienen muchas explicaciones que ofrecer a la opinión pública, no solo en la región de Valparaíso, sino a nivel nacional.

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