
Eduardo Artés y su última batalla: ¿una voz olvidada de la izquierda revolucionaria?
Eduardo Artés, en su tercera candidatura, reivindica un Chile socialista y critica a actores políticos, reflejando las grietas de la sociedad actual.
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La devolución de este monto podría traducirse en un alivio para los hogares más necesitados, considerando que el último censo de 2024 arroja un total de 6.596.527 casas en el país. Esto implica que, en términos prácticos, cada hogar podría recibir una devolución cercana a los 16.700 pesos.
Editorial18 de octubre de 2025La reciente escalada en las tarifas eléctricas ha vuelto a encender la llama de la indignación en Chile. Desde julio del presente año, los usuarios han experimentado un aumento promedio del 70% en sus cuentas de luz que mas abajo detallo estos valores . Este incremento, impulsado por una abultada deuda acumulada de más de 6.500 millones de dólares desde 2019, plantea un dilema complejo que ha puesto a prueba tanto la capacidad de negociación del actual gobierno como su compromiso con la población más vulnerable.
La administración actual, encabezada por el presidente Gabriel Boric, está enfrentando una situación crítica heredada de gestiones anteriores. Esta problemática, similar a una bomba de tiempo, fue mal manejada en años pasados y sigue sin ser analizada adecuadamente en el presente. En lugar de asumir la responsabilidad, el gobierno actual se ha limitado a culpar a la administración anterior, a pesar de que ya lleva tres años y medio en el poder. Durante este tiempo, no han logrado detectar las alzas y las malas negociaciones que se deben, en parte, a la falta de profesionales capacitados en su equipo. Muchos ciudadanos han señalado que hay "parásitos" en el gobierno que actúan como asesores políticos sin el conocimiento necesario que solo estan pensando como quedar acomodados ante la llegada de la proxima admnistracion por un ano mas para que no puedan ser despedido hasta noviembre del 2026.
La administración actual, liderada por el presidente Gabriel Boric, se enfrenta a una situación crítica heredada de gestiones anteriores. Esta problemática, que se asemeja a una bomba de tiempo mal manejada en el pasado, aún no ha sido evaluada adecuadamente. En lugar de asumir la responsabilidad, el gobierno parece haber optado por culpar a sus predecesores, a pesar de que ya han pasado tres años y medio en el poder. Durante este período, no han logrado identificar las alzas ni las malas negociaciones, lo que se debe en parte a la escasez de profesionales capacitados en su equipo. Muchos ciudadanos han señalado que existen "parásitos" en el gobierno que actúan como asesores políticos sin el conocimiento necesario, y que están más preocupados por asegurar su continuidad hasta la próxima administración en 2026 que por contribuir con mas costos al país.
El congelamiento de precios impuesto tras el estallido social de 2019 fue una medida bien intencionada destinada a aliviar el descontento popular, pero generó un desbalance insostenible que ahora debe afrontar la administración actual. La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha señalado que el gobierno ha asumido una deuda de más de 6.500 millones de dólares, la cual se pagará mediante recargos en las facturas de electricidad, un cargo que se mantendrá hasta 2035.
Errores de cálculo: Un reciente hallazgo durante la auditoría de tarifas eléctricas ha revelado un doble ajuste por inflación desde 2017. Este ajuste ha generado un cobro excesivo a los consumidores, estimado en aproximadamente 117 millones de dólares. La devolución de este monto podría proporcionar un alivio significativo a los hogares más necesitados, especialmente teniendo en cuenta que el censo de 2024 reporta un total de 6.596.527 viviendas en el país. Esto significa que, si las empresas eléctricas deciden actuar, cada hogar podría recibir un reembolso cercano a los 16.700 pesos. Sin embargo, las empresas, como Enel, han culpado al gobierno por este error.
Desde la principal alza en junio de 2023, las tarifas de electricidad en Chile han registrado un aumento promedio acumulado de aproximadamente 70% hasta septiembre de 2025. Esta cifra se basa en el índice de precios del suministro eléctrico del INE, que aumentó de 119,87 en junio de 2023 a cerca de 205 puntos en septiembre de 2025. El cálculo incluye un incremento del 46% en el año 2024 y un 19,3% acumulado entre enero y septiembre de 2025.
2023 (desde junio): Aumento aproximado del 0% (estabilidad), con variaciones mínimas o incluso negativas hasta fin de año.
2024 (anual): Incremento del 46%. Las tarifas se "descongelaron", con alzas en julio (hasta 16,5%) y en octubre (hasta 18,9%).
2025 (enero-septiembre): Aumento del 19,3%, que incluye un incremento del 10,8% en enero y del 7,1% en julio, con variaciones menores en otros meses.
Para los hogares con un consumo bajo (menos de 350 kWh al mes), el incremento promedio en las boletas ha sido de alrededor de $36,000 mensuales debido a estas alzas. Es importante mencionar que este cálculo no incluye a aquellos hogares que, por su eficiencia energética o que son completamente eléctricos, enfrentan un costo promedio superior de 230 pesos por kilovatio hora. Además, se corregirá un error de cálculo que permitirá una reducción de aproximadamente el 2% en las tarifas a partir de enero de 2026. Sin embargo, estos ajustes no aliviarán la situación económica de los sectores más vulnerables ni de la clase media en Chile, que a menudo se ve perjudicada por las decisiones erróneas de las autoridades del país.
El panorama no es fácil y las críticas al gobierno empiezan a acumularse. La incapacidad de negociar adecuadamente con las distribuidoras eléctricas es uno de los puntos más sensibles de esta crisis. Algunos analistas consideran que el cambio de administración no ha sido suficiente para reconfigurar las relaciones con compañías como Enel Distribución y CGE, quienes son responsables de aplicar las tarifas finales a los consumidores. En lugar de renegociar agresivamente, como el gobierno anterior lo hizo durante la pandemia, se optó por contratar asesores externos con vínculos directos a estas empresas, lo que ha sido calificado como una falta de tacto estratégico.
Como Editor de The Times en Español, afirmo que "la ausencia de presión para renegociar condiciones más favorables ha beneficiado no solo a las distribuidoras, sino que también ha generado que los ciudadanos enfrenten una carga injusta". Esta falta de regulación en la toma de decisiones resulta en recargos que se sienten desproporcionados e injustos.
Las implicaciones de esta crisis son serias y afectan directamente a los más vulnerables. El aumento promedio del costo de la electricidad ha erosionado el poder adquisitivo, en un contexto donde el gasto en energía puede representar hasta el 8% del ingreso mensual de las familias en el quintil más pobre de la población. En este sentido, un análisis del impacto real refleja que un hogar promedio enfrentaría cuentas de luz que, al compararse con cifras de años anteriores, han aumentado significativamente.
A medida que el estancamiento económico y la inflación continúan afectando el día a día, el panorama se vuelve más sombrío. Un aumento del 4,6% en la inflación anual no solo repercute en la electricidad, sino también en la canasta familiar en su conjunto. Tal situación ha llevado a un clima de incertidumbre que se traduce en protestas y demandas de soluciones rápidas y efectivas por parte del gobierno.
En respuesta a esta crisis, el presidente Boric ha propuesto incrementar los subsidios a las familias vulnerables, buscando aliviar un poco el peso de las tarifas elevadas. "Sé que es impopular, pero es necesario para sanear las finanzas del sector y evitar un colapso mayor", admitió el mandatario en una rueda de prensa previo al inicio de las alzas. Sin embargo, los críticos argumentan que este enfoque no es más que un paliativo que no aborda las raíces del problema.
El proyecto de estabilización tarifaria, ingresado a principios de 2024, si bien busca mitigar las alzas con subsidios temporales, ha sido objeto de escrutinio por su falta de auditorías y cláusulas que aseguren la eficiencia. Estas medidas, aunque necesarias, pueden no ser suficientes para recuperar la confianza de los ciudadanos, quienes se sienten cada vez más atrapados entre un aumento de costos y una caída en el poder adquisitivo.
El status quo no es sostenible, y la pregunta que persiste entre los chilenos es: “¿Hasta cuándo seguiremos cargando con los errores de gestión del pasado?”. En este sentido, la situación podría tener repercusiones políticas importantes para el gobierno, especialmente con las elecciones municipales a la vista. La percepción de un "apagón político" podría desdibujar la imagen del actual gobierno y sus promesas de cambio.
La necesidad de un cambio: La renuncia del exministro de Energía, Diego Pardow, tras el escándalo por el error de cálculo en las tarifas, pone en evidencia la fragilidad y la falta de preparación del gabinete para gestionar crisis que, aunque heredadas, han puesto a prueba la voluntad y la capacidad del gobierno actual.
Con encuestas de opinión evidenciando que el 65% de la población considera injusto el alza en tarifas eléctricas, y las protestas creciendo en número e intensidad en ciudades como Santiago y Concepción, es evidente que la población exige respuestas rápidas y efectivas. La oposición, liderada por Chile Vamos, Republicanos y Partido nacional Libertario, no ha tardado en señalar la "negligencia" del gobierno, mientras que desde la zona del Frente Amplio se presiona por un aumento en los subsidios, buscando triplicar el Bono Eléctrico para los hogares más vulnerables.
La crisis del sector eléctrico en Chile destaca la urgentísima necesidad de una renovación en la manera en que se gestionan los recursos y las relaciones del Estado con el sector privado. En tiempos donde las decisiones pueden marcar la diferencia entre estabilidad y crisis, no hay lugar para errores que continúen pesando sobre las espaldas de aquellos que ya deben enfrentar otros desafíos cotidianos.
El panorama actual es incierto y complicado. Las decisiones tomadas en este momento tendrán repercusiones a largo plazo en la vida de miles de chilenos. La combinación de ineficiencia, errores aritméticos y posturas de negociación que priorizan intereses económicos sobre los de los ciudadanos plantea interrogantes serias acerca del futuro del sistema energético en Chile.
Como ciudadanos, es nuestro deber alzar la voz y exigir transparencia, responsabilidad y acción en un sector que afecta directamente el día a día de cada uno. La historia reciente indica que las decisiones políticas no deben tomarse a la ligera y que cada incremento en las tarifas puede tener implicaciones profundas en el tejido social. La necesidad de un enfoque renovado y consciente en la gestión del sistema energético chileno nunca ha sido más clara.
¿Por qué han aumentado las tarifas eléctricas en Chile? El principal motivo es la acumulación de una deuda de más de 6.000 millones de dólares con empresas generadoras, resultado de un congelamiento de precios implementado durante el estallido social de 2019.
¿Qué medidas está tomando el gobierno frente a la crisis energética? El gobierno ha propuesto aumentar los subsidios a las familias vulnerables y ampliar el Bono Eléctrico como respuesta a las recientes alzas en las tarifas.
¿Cómo se calcula el monto a devolver a los hogares? Se estima que, según un error en el cálculo de tarifas que ha generado un cobro excesivo, podría haber una devolución de aproximadamente 16.700 pesos por hogar.
La situación reitera la necesidad urgente de transparencia en las decisiones gubernamentales y una reflexión crítica sobre el modelo de gestión energética actual, que debe estar alineado con los intereses de la población. La historia nos recuerda que es en momentos de crisis cuando se forjan los cambios más profundos.
Víctor Manuel Arce García es comunicador social y propietario de The Times en Español, además de varias otras páginas web. También ostenta un título de Ingeniero Civil Industrial y tengo un MBA en Administración de Empresas, junto con otro MBA en Economía.
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La devolución de este monto podría traducirse en un alivio para los hogares más necesitados, considerando que el último censo de 2024 arroja un total de 6.596.527 casas en el país. Esto implica que, en términos prácticos, cada hogar podría recibir una devolución cercana a los 16.700 pesos.
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