Las víctimas piden inclusión en el proceso de creación de un sitio de memoria. La decisión gubernamental es vista como un nuevo acto de revictimización.
Chile08 de julio de 2025
Elena Carvajal
La comunidad de Villa Baviera, ubicada en la región del Maule, Chile, se encuentra en una situación de profunda preocupación y descontento luego de que el Gobierno anunciara la expropiación de tierras pertenecientes a la ex Colonia Dignidad, un lugar marcado por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este pasado lunes, los ministros Jaime Gajardo (Justicia y Derechos Humanos), Carlos Montes (Vivienda y Urbanismo) y Francisco Figueroa (Bienes Nacionales) firmaron un decreto que afectará a las 117 hectáreas que comprenden la mayor parte del área urbanizada donde reside la comunidad.
La Colonia Dignidad fue establecida en 1961 por el ex-nazi Paul Schäfer y se convirtió en un enclave donde se cometieron abusos sistemáticos. Durante la dictadura, se utilizó como un centro de detención y tortura, con múltiples testimonios de criminalidad que llevaron a que varios de sus residentes se consideraran víctimas de una serie de violaciones a los derechos humanos. Esta ex colonia es recordada no solo por su historia oscura, sino también por haber dejado una huella profunda en la vida de muchos que todavía habitan la región.
La comunidad, que actualmente habita y trabaja en Villa Baviera, emitió una declaración pública en respuesta al decreto. "Este es un hecho que nos afecta directamente, porque las 117 hectáreas a expropiar incluyen todo el centro urbanizado de Villa Baviera, es decir, los lugares donde vivimos, trabajamos y desarrollamos las actividades que nos permiten sobrevivir", expresaron. La angustia resuena en cada palabra, reflejando una preocupación real por su futuro: "Esta expropiación deja sin hogar ni sustento económico a una comunidad entera."
A pesar del fuerte impacto que la expropiación tiene en su vida cotidiana, la comunidad no se opone a la creación de un sitio de memoria en Villa Baviera. Reconocen la importancia de recordar y honrar a las víctimas de la dictadura. Sin embargo, se sienten relegados y despreciados en el proceso. "Sentimos que este proceso de reparación tan necesario está pasando por encima de nosotros", declaró la comunidad, quienes se ven nuevamente como víctimas en una situación que debería incluirlos y empoderarlos.
La comunidad ha intentado durante más de un año acercarse al Gobierno para expresar sus preocupaciones y solicitar su inclusión en el proceso. "Hemos solicitado más de 20 audiencias con autoridades, pero los ministros han ignorado nuestras peticiones de manera casi total, excluyéndonos completa e intencionalmente", añadieron. Esta falta de diálogo ha llevado a que la comunidad se sienta interpelada, como si sus derechos y experiencias fueran irrelevantes para el Ejecutivo.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó recientemente un informe sobre las condiciones de la comunidad, reconociendo a sus miembros como víctimas de violaciones a los derechos humanos. En el mismo documento, se reclama la omisión y falta de acción del Estado de Chile ante los abusos sufridos por quienes crecieron en la Colonia Dignidad. Sorprendentemente, el Gobierno parece haber hecho caso omiso a las recomendaciones del INDH, que incluían la necesidad de involucrar a todos los grupos de víctimas en el proceso de expropiación.
"Con esta expropiación, el Estado nos revictimiza nuevamente. En lugar de hacernos parte del proceso en nuestra calidad de víctimas, nos ignora", expresaron, evidenciando un sentimiento de desesperación y frustración. Este acto oficial no solo afecta la vida cotidiana de los residentes, sino que abre heridas históricas que estaban en proceso de sanación. La comunidad confirma su compromiso por seguir luchando por sus derechos y clama al Gobierno: "Le pedimos nuevamente que no nos falle y que no nos siga cerrando las puertas".
Este conflicto en Villa Baviera refleja un dilema más amplio en la política chilena, donde los vestigios de la dictadura aún tienen un impacto palpable en la vida de los ciudadanos. El tema de la reparación histórica y la memoria colectiva está lejos de resolverse, y la decisión del Gobierno de proceder con la expropiación, sin incluir a quienes han sufrido sus consecuencias, habla de una desconexión alarmante entre las autoridades y las comunidades afectadas.
El hecho de que el Ejecutivo ignore las recomendaciones del INDH podría interpretarse como una falta de intención genuina de abordar los problemas de derechos humanos en el país. Además, plantea cuestiones sobre la transparencia y la voluntad política de enfrentar el pasado. La comunidad de Villa Baviera está haciendo un llamado no solo a su situación, sino a un diálogo más amplio sobre cómo Chile puede construir una memoria colectiva que incluya y respete a todas sus víctimas.
Al final, el futuro de Villa Baviera depende de la capacidad del Gobierno para reconocer sus errores y abrir un verdadero canal de comunicación con una comunidad que ha padecido lo impensable. Solo a través de la inclusión y la reparación genuina, Chile podrá avanzar hacia un futuro donde ninguna comunidad sea "cerrada" o ignorada en su búsqueda de justicia.
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