Irmina Herrera
Valparaíso, Chile – En un nuevo capítulo de su cruzada por la transparencia y la probidad, los diputados del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, han solicitado un oficio a la Contraloría General de la República. Esta petición, presentada el 21 de abril de 2025, busca investigar posibles contratos entre parlamentarios en ejercicio y el Estado, con el objetivo de esclarecer si algún diputado o senador ha incurrido en prácticas que podrían resultar en la pérdida de sus cargos, conforme a lo estipulado en la Constitución chilena.
La iniciativa de Manouchehri y Cicardini no es un mero formalismo, sino que se fundamenta en principios constitucionales. El oficio a la Contraloría exige información detallada sobre cualquier contrato que parlamentarios en ejercicio hayan celebrado o caucionado con el Estado, ya sea de manera directa, a través de terceros o mediante sociedades. Los puntos específicos de la solicitud incluyen:
La importancia de esta solicitud radica en que, según el artículo 60 de la Constitución de Chile, los parlamentarios que celebran contratos con el Estado incurrieron en inhabilidades que podrían resultar en la pérdida de sus cargos. Esta disposición ha sido invocada en situaciones pasadas, como en el caso de la exdiputada Catalina Pérez, destituida por irregularidades en el caso Democracia Viva. Ahora, esta nueva acción legislativa podría abrir la puerta a más investigaciones contra otros legisladores.
La acción de Manouchehri y Cicardini se inscribe en un contexto más amplio de esfuerzos por combatir la corrupción y aumentar la transparencia en el ámbito político. Desde octubre de 2024, ambos parlamentarios han liderado una agenda enfocada en la ética pública, que ha incluido la presentación de una querella en el marco del Caso Hermosilla, el cual expuso redes de influencia y corrupción en el poder.
Además, han promovido proyectos de ley como "Fundaciones Transparentes", destinado a regular el financiamiento y funcionamiento de organizaciones sin fines de lucro asociadas a políticos, y "Fin al secreto bancario del poder", una propuesta que busca facilitar el acceso a información financiera de autoridades publicas para detectar irregulares.
El anuncio de este nuevo oficio también se alinea con otra iniciativa del PS: el estudio de un posible requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la destitución de aquellos parlamentarios que hayan firmado contratos con el Estado. Este paso, comunicado el 9 de abril de 2025 por Manouchehri, Cicardini y otros diputados socialistas, responde a revelaciones periodísticas que han mencionado a legisladores como Gonzalo Winter, Maite Orsini, y Marcela Riquelme como posibles involucrados.
La ofensiva de los diputados Manouchehri y Cicardini representa un posible punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el Congreso chileno. Desde un punto de vista periodístico, esta acción no solo es una respuesta a un contexto de creciente descrédito hacia las instituciones, sino que posiciona al PS como un actor clave en la promoción de la probidad. Sin embargo, el impacto de esta iniciativa dependerá de factores cruciales.
Primero, la respuesta de la Contraloría será fundamental. Si el organismo encuentra evidencia de contratos que infrinjan la Constitución, el camino hacia el TC estará preparado. Pero reunir las firmas necesarias (al menos 10 diputados) para presentar un requerimiento podría enfrentar resistencia, especialmente si los partidos de los parlamentarios mencionados deciden cerrar filas en defensa de sus miembros.
Ahora, la ausencia de nombres específicos en el oficio podría interpretarse como una táctica para evitar confrontaciones prematuras pero también corre el riesgo de diluir el impacto mediático de la acción. La estrategia del PS tiene un doble objetivo: reafirmar su imagen como un partido comprometido con la transparencia y presionar a sus adversarios políticos, especialmente a sectores de la derecha, donde figuras como Cruz-Coke y Otros han sido mencionadas. Sin embargo, el peligro de politizar la lucha contra la corrupción es latente, pudiendo ser percibida como un ataque selectivo si no se manejan los antecedentes con rigurosidad.
Desde un análisis periodístico, la acción de Manouchehri y Cicardini subraya cómo el Congreso puede capitalizar herramientas institucionales para su propia fiscalización. No obstante, también revela las tensiones internas del sistema político chileno. La Contraloría, como entidad autónoma, tendrá el desafío de responder de manera efectiva en un ambiente altamente polarizado. Además, el precedente de Catalina Pérez indica que el TC no vacilará en aplicar la Constitución si los hechos son contundentes, lo que podría provocar una reconfiguración en el panorama legislativo.
La solicitud de Manouchehri y Cicardini a la Contraloría marca un hito en la lucha por la probidad en el Congreso chileno. Con un enfoque claro en la transparencia y respaldados por una robusta agenda legislativa, los diputados socialistas no solo buscan esclarecer posibles irregularidades, sino sentar un precedente para que todos los parlamentarios actúen bajo estricta sujeción a la Constitución. No obstante, el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad del PS para navegar las tensiones políticas y mantener el foco en la ética pública. En un país donde la corrupción sigue siendo un tema de gran relevancia, esta acción podría redefinir las reglas del juego en el Parlamento chileno.
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