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Gabriel Boric planea legalizar la marihuana en Chile, buscando un enfoque responsable que reduzca el narcotráfico y promueva el bienestar social.
26 de mayo de 2025¡Mantente informado con The Times en Español!
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Santiago, Chile – En un momento que podría redefinir la política de drogas en Chile y América Latina en su conjunto, el presidente Gabriel Boric está preparando un audaz plan que se presentará en su Cuenta Pública del 1 de junio de 2025. Este plan busca la legalización de la marihuana con fines recreativos y medicinales, integrando aspectos económicos y sociales en su formulación. Inspirado por el modelo uruguayo de legalización implementado en 2013.
La propuesta tiene como objetivo reducir el crimen organizado vinculado al narcotráfico y fomentar la economía nacional a través de un marco regulatorio sólido y responsable.
En el marco de las actividades institucionales y de rendición de cuentas, se llevaron a cabo consultas con el equipo de prensa de la Presidencia, con el fin de obtener información sobre los posibles temas que el mandatario abordaría en su esperada Cuenta Pública. Esta práctica de diálogo se realiza en un contexto donde la transparencia y la comunicación efectiva son esenciales para fortalecer la relación entre el gobierno y la ciudadanía.
El equipo de prensa, fiel a la política de comunicación que ha promovido la administración actual, señaló que, como es habitual en estas situaciones, la Presidencia prefiere no anticipar los temas que se tocarán durante el discurso. Esta decisión obedece a un propósito estratégico: mantener la expectativa y asegurar que los mensajes sean entregados de manera oficial oportuna, evitando especulaciones y malentendidos que puedan surgir en torno a los puntos que se presentarán. "Como es usual, desde la Presidencia no nos referimos previamente a los temas que pudieran o no abordarse en el discurso de la Cuenta Pública".
El proyecto propuesto por Boric conocido a través de fuentes del gobierno, tiene la intención de integrar las lecciones aprendidas del modelo uruguayo y establecer un marco regulatorio robusto, acompañando un enfoque integral:
Organismo Regulador: La creación de una entidad que funcione similar al Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) de Uruguay es crucial para supervisar la producción, distribución y calidad del cannabis en el país.
Educación Pública: Campañas orientadas a desmitificar el cannabis, promover un uso responsable y sensibilizar sobre sus efectos serán vitales para una transición exitosa.
Acceso Medicinal: La inclusión del cannabis en el ámbito medicinal permitirá su prescripción para tratamientos médicos específicos y fortalecerá la respuesta a la salud pública.
Participación Comunitaria: Asegurar que pequeños productores y comunidades indígenas tengan voz en el diseño de políticas es esencial para evitar que los beneficios de la legalización se concentren únicamente en grandes corporaciones.
Oportunidades Económicas: Fomentar el desarrollo económico local, especialmente en regiones agrícolas como Maule y Biobío, podría generar empleo y un crecimiento sostenible.
Una implementación gradual podría ser la clave para el éxito de esta reforma:
Fase 1 (junio-diciembre 2025): Sensibilización a través de campañas mediáticas y talleres educativos para informar a la ciudadanía sobre la reforma y su impacto.
Fase 2 (enero-junio 2026): Capacitación para médicos y farmacéuticos, además de incluir currículos en escuelas que aborden el uso responsable del cannabis desde una perspectiva informada.
Fase 3 (julio 2026-junio 2027): Promulgación de la ley y apertura de dispensarios regulados, asegurando que el acceso al cannabis sea seguro y controlado.
Fase 4 (julio 2027 en adelante): Monitoreo continuo del impacto económico y social de la legalización, permitiendo ajustes y mejoras en el sistema regulador según sea necesario.
La legalización del cannabis ha sido un tema candente en la agenda política de Chile durante años. Desde sus días como diputado, Gabriel Boric ha expresado su interés por revisar las políticas de drogas y su impacto en la sociedad chilena. En este contexto, el diputado Vlado Mirosevic se ha erigido como un defensor incansable del autocultivo regulado y de la venta controlada, argumentando que estas reformas podrían constituir un cambio significativo en la dinámica del narcotráfico, al mismo tiempo que proporcionan una solución viable a la creciente criminalidad asociada a la venta ilegal de cannabis.
Los ecos de un cambio estructural se han hecho evidentes en las discusiones legislativas y en la sociedad civil. Según informes recientes, la propuesta de Boric no solo incluye la legalización del autocultivo, sino también la creación de un entorno regulatorio que permita la comercialización de cannabis en instalaciones físicas controladas. Este enfoque busca no solo la seguridad del consumidor, sino también la desjudicialización de un asunto que ha sido considerado tabú durante décadas en Chile.
Nuestro equipo ha contactado a diversos legisladores de ambas cámaras del Congreso chileno, quienes han expresado un apoyo cauteloso hacia esta propuesta bajo la premisa del anonimato. Reconocen que, si bien este paso puede ser crucial para mejorar la actual situación del narcotráfico y mejorará temas de seguridad , es imperativo considerar modificaciones legales significativas respecto a los delitos asociados al cultivo y uso de cannabis en el ámbito doméstico.
Los especialistas en políticas públicas han subrayado que uno de los principales retos es definir claramente el autocultivo. Un marco normativo que especifique la cantidad de plantas permitidas y las condiciones bajo las cuales se puede cultivar será fundamental para evitar abusos o malentendidos. Además, se aboga por establecer regulaciones para la venta en establecimientos físicos, un enfoque que podría no solo frenar la actividad del narcotráfico, sino también estimular la economía local, especialmente en regiones con una fuerte tradición agrícola.
La presentación de esta propuesta en la Cuenta Pública no solo representará un avance significativo en la agenda progresista del Gobierno de Boric, sino que también simboliza un cambio drástico del enfoque tradicional de prohibición en la política de drogas. A pesar de que se anticipa resistencia por parte de partidos opositores como Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, hay indicios de un creciente consenso en el Congreso respecto a los beneficios potenciales de la legalización para debilitar el crimen organizado y mejorar la seguridad pública.
La legalización del cannabis en Chile podría tener repercusiones más amplias en la política de drogas en América Latina, alentando a países como Argentina y Colombia a reconsiderar sus propios enfoques. Es fundamental que el marco regulatorio observe la importancia de incluir a comunidades marginadas en el diseño de políticas, asegurando que la legalización no beneficie exclusivamente a grandes actores corporativos, de esta forma evitando perpetuar desigualdades económicas y sociales existentes.
La propuesta de Gabriel Boric para la legalización de la marihuana puede marcar un hito crucial en la política de drogas en Chile y América Latina. Con un enfoque centrado en la regulación responsable, la educación pública y la participación comunitaria, el país puede aprovechar esta oportunidad para liderar una transformación progresista en el tema, al tiempo que enfrenta los desafíos inherentes a esta reforma. Este movimiento tiene el potencial de cambiar radicalmente la percepción pública sobre el uso de drogas en Chile, estableciendo un modelo regional que promueva tanto la justicia social como la salud pública en toda la región latinoamericana.
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