Un video presentado por la defensa de Jorge Escobar apunta a un tercer sospechoso en la muerte de Tomás Bravo, mientras un informe del SML sugiere homicidio. Cañete, Chile.
Chile27 de mayo de 2025
Irmina Herrera
Cañete, Chile – El juicio de Jorge Escobar Escobar, tío abuelo del pequeño Tomás Bravo, ha dado un vuelco inesperado en medio de acusaciones y nuevos elementos probatorios que han complicado la entrega de justicia en este caso que ha conmovido al país. En el inicio del juicio, la Fiscalía Regional del Biobío ha presentado sus argumentos en un escenario enrarecido por la aparición de un video que sugiere la existencia de un tercer sospechoso. Esto se suma a la controversia sobre el informe del Servicio Médico Legal (SML), que afirma que la muerte de Tomás fue resultado de homicidio, generando un debate intenso sobre la eficacia de las instituciones responsables de impartir justicia.
La historia se remonta al 17 de febrero de 2021, cuando Tomás Bravo Gutiérrez, un niño de solo tres años, desapareció en la localidad rural de Caripilún, en la Región del Biobío. El niño salió de su hogar junto a su tío abuelo, Jorge Escobar, para realizar un paseo en busca de animales. Sin embargo, según la acusación presentada por la fiscal Marcela Cartagena, Escobar dejó a Tomás solo en un lugar aislado, lo que suscitó una búsqueda masiva por parte de autoridades, equipos especializados y voluntarios que siguieron el caso con gran angustia.
Nueve días después, el cuerpo del menor fue descubierto a dos kilómetros de su casa. La noticia causó una profunda conmoción en la sociedad chilena, que se volcó en apoyo a la familia e instó a las autoridades a llegar hasta el fondo del asunto.
El juicio, que comenzó el lunes 26 de mayo de 2025, había sido programado desde temprano, pero una solicitud de la Defensoría de la Niñez para aplazarlo causó que la audiencia se retrasara. Esta solicitud se basó en un nuevo informe del SML que indica que la causa de la muerte de Tomás fue "asfixia mecánica por terceros en contexto de violación", sugiriendo un homicidio en lugar de la inanición y hipotermia defendidas por la Fiscalía. Esto ha generado una corriente de protestas entre la familia de Tomás, quienes sienten que la justicia se les escapa entre los dedos.
Pese a los esfuerzos de la Defensoría de la Niñez por argumentar que el nuevo informe podría cambiar el rumbo del caso, el tribunal decidió avanzar con el juicio, intensificando la presión sobre todas las partes involucradas. La madre de Tomás, Estefanía Gutiérrez, ha expresado su frustración en redes sociales, llamando la atención sobre las fallas en el sistema judicial y asegurando que "el Estado chileno le falló a mi hijo Tomás".
En una actuación que ha tomado a muchos por sorpresa, la defensa de Escobar, liderada por el abogado Osvaldo Pizarro, ha cuestionado la validez de las pruebas de la Fiscalía, argumentando que hay falta de pruebas concluyentes. Además, Pizarro presentó un video que muestra a una persona no identificada ingresando al área donde se perdió el rastro de Tomás. Esto introduce una nueva línea investigativa que podría redirigir el enfoque del caso. El defensor asegura que este registro audiovisual, previamente desestimado por el Ministerio Público, podría ser esencial para sembrar dudas razonables sobre la responsabilidad de Escobar en la muerte del menor.
Pizarro también subrayó que las pruebas presentadas, que incluyen un total de 67 testigos, 40 peritos y 112 medios de prueba, están cimentadas en una investigación inicial por homicidio calificado que fue posteriormente desestimada. La narrativa de la defensa se centra en construir un argumento en torno a la posible participación de un tercer sospechoso, minando así la acusación original de la Fiscalía.
El impacto del nuevo informe del SML, que plantea que la muerte de Tomás es posible resultado de homicidio, contrasta drásticamente con las conclusiones iniciales. Fujentes han afirmado que el nuevo informe sugiere que la muerte ocurrió el mismo día de la desaparición, 17 de febrero, y podría estar vinculado a un ataque sexual. Esta revelación ha reavivado las críticas hacia la manera en que se ha llevado a cabo la investigación y el manejo de las pruebas.
Las tensiones aumentan con la existencia de dos investigaciones paralelas: mientras que la Fiscalía del Biobío persigue a Escobar por abandonar a un menor poniendo en riesgo su vida, la Fiscalía Regional de Los Ríos investiga un posible delito adicional de sustracción de menor con resultado de muerte. Esta dualidad en las investigaciones ha generado confusión y preocupación entre los familiares de Tomás y la comunidad en general.
Desde una perspectiva política, la dramática y trágica historia de Tomás Bravo refleja las tensiones y desafíos que enfrenta el sistema judicial en Chile. La inesperada aparición de un tercer sospechoso y el informante del SML que sugiere un claro homicidio despiertan preguntas cruciales sobre la eficacia de las instituciones que deben proporcionar justicia.
La fiscal Marcela Cartagena ha sido objeto de un escrutinio constante por sus decisiones y el manejo del caso, lo que plantea dudas sobre la transparencia y la coordinación de las fiscalías. La decisión de trasladar parte de la investigación a la Fiscalía de Los Ríos fue tomada por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, lo que sugiere que hay fracturas internas en el Ministerio Público. Esta falta de armonía solo agrega más incertidumbre en un caso que ya está repleto de contradicciones.
El rol de la madre de Tomás, Estefanía Gutiérrez, utilizando las redes sociales para visibilizar las fallas del proceso judicial, también nos da pistas sobre el creciente activismo ciudadano que exige rendición de cuentas a las autoridades. Sin embargo, esto también puede poner en riesgo la presunción de inocencia de los imputados, creando un ambiente donde el juicio mediático puede influir en la percepción pública, antes de que se dicte una sentencia.
Acertar en la dirección correcta en este caso no solo es vital para la familia de Tomás, sino que puede marcar un punto de inflexión en el sistema judicial chileno, resaltando la necesidad de reformas estructurales, especialmente cuando se trata de casos de alto perfil que involucran a menores.
Desde un enfoque periodístico, el desarrollo constante del caso Tomás Bravo es un testimonio de cómo una tragedia personal puede convertirse en un fenómeno nacional, manteniendo su relevancia gracias a giros inesperados en la narrativa judicial. La cobertura mediática ha sido intensa, concentrándose en el balance entre informar y proteger la privacidad de la familia de Tomás y la presunción de inocencia de Jorge Escobar.
La filtración de información sensible, tal como el nuevo informe del SML, ha generado un debate sobre la ética en la cobertura de casos judiciales. La fiscal Cartagena ha denunciado estas filtraciones, argumentando que pueden inundar el proceso judicial con información errónea y prejuicios.
Además, el uso de redes sociales como X (Twitter), ha amplificado el alcance de las noticias y ha permitido que la voz de la familia sea escuchada, pero también contribuye a la polarización de las opiniones entre quienes acusan y defienden a Escobar.
El juicio por la muerte de Tomás Bravo es mucho más que un simple proceso judicial; representa un complejo entramado de emociones, disputas legales y preguntas sobre cómo se hace justicia en Chile. A medida que se presentan nuevas pruebas y surgen inesperados giros, la opinión pública observa con expectativa. A la espera de respuestas que traigan justicia para Tomás, la audiencia continuará el martes 27 de mayo de 2025, manteniendo a todo un país en vilo.
Este caso, con sus múltiples variables, refleja la realidad de una sociedad que busca verdad, justicia y, sobre todo, la protección de sus más vulnerables.
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