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La ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, aborda la alarmante problemática del uso fraudulento de licencias médicas en el sector público, revelando las profundas implicaciones sociales de este fenómeno.
Chile31 de mayo de 2025En una reciente entrevista en T13 Finde, la ministra Etcheverry expresó su preocupación sobre el mal uso de las licencias médicas que ha surgido como una controversia significativa en el ámbito del servicio público en Chile. “La indignación no es solo por el fraude, sino por la falta de solidaridad”, indicó, subrayando cómo el abuso de este derecho fundamental no solo afecta la ética del trabajo, sino también la carga laboral de los demás funcionarios.
Las licencias médicas son un derecho social crucial para asegurar que los trabajadores puedan recuperarse de enfermedades sin sufrir repercusiones financieras. Sin embargo, Etcheverry destacó que el abuso de este mecanismo pone en un aprieto a sus compañeros de trabajo, quienes deben asumir la carga adicional resultante de estas ausencias injustificadas. “Cuando un funcionario se enferma puede tener una licencia, un derecho social importante, pero cuando abusa de esa licencia, es recargarle la pega al resto de sus compañeros”, enfatizó.
Este punto abre un debate esencial no solo sobre la ética de los funcionarios, sino también sobre cómo las instituciones pueden reaccionar ante este tipo de abusos. La ministra sugiere que la cuestión va más allá de la simple fiscalización y que es necesario un cambio en la cultura laboral para que todos comprendan la importancia de la solidaridad en el entorno laboral.
Etcheverry abordó las medidas que se están implementando para enfrentar este problema, afirmando que todas las denuncias de presunto mal uso de licencias médicas derivarán en un sumario. “Por eso la primera instrucción fue que todos los servicios que tenían casos identificados debían iniciar el sumario”, declaró. Esto implica que cualquier falta detectada será investigada rigurosamente, y se aplicarán sanciones adecuadas.
La ministra hizo distinciones importantes en el protocolo para funcionarios de carrera y aquellos en cargos de confianza. En el caso de estos últimos, la respuesta será más rápida, solicitando su renuncia de inmediato mientras se lleva a cabo el sumario. “El sumario sigue su curso, independiente de si el funcionario renuncia o no”, indicó Etcheverry, enfatizando que el peso de las sanciones se mantendrá en la hoja de vida del funcionario, afectando su futuro en el sector público.
El componente de control social que Etcheverry mencionó es fundamental. “Es muy importante que lo tengamos presente y que el control social respecto a esto se active”, agregó, haciendo eco de que la responsabilidad también recae en la sociedad para vigilar y asegurar que tales abusos no sean tolerados. Esto sugiere que, además de las medidas legislativas y administrativas, se debe fomentar una conciencia colectiva en torno a los valores profesionales y éticos.
Esta postura es un desafío para la sociedad chilena, pues requiere que todos los ciudadanos movilicen su solidaridad y compromiso hacia un entorno laboral más justo y responsable. Al enfrentarse al fraude en el uso de licencias médicas, es imprescindible que se promueva un entendimiento compartido de lo que significa ser un buen compañero de trabajo.
En medio de esta crisis de confianza, la ministra también abordó otro problema que asola a la sociedad chilena: la violencia escolar, evidenciada por recientes incidentes de balaceras en colegios. “La violencia escolar es algo que nos duele”, afirmó, señalando que la manera en que los jóvenes resuelven conflictos refleja una profunda crisis de valores.
“Cuando nuestros jóvenes consideran que la forma de resolver los problemas es a balazos, el problema que tenemos es un problema que, como sociedad, tenemos que abordar con urgencia”, argumentó. Este comentario conecta las fracturas sociales que hacen eco en distintas áreas de la vida pública chilena. La falta de convivencia y la violencia son síntomas de una sociedad que ha dejado de lado la empatía y el diálogo.
Respecto a las posibles medidas de seguridad como la instalación de detectores de metales en colegios, Etcheverry aseguró que ninguna medida está descartada. Aunque se debe considerar la efectividad real de tales implementos, la ministra concluyó que “hoy no se descarta ninguna medida”. Este enfoque podría abrir el campo a nuevas soluciones intermedias y potencialmente más efectivas en el combate a la violencia escolar.
Desde una perspectiva política, podemos observar que las declaraciones de la ministra Etcheverry reflejan una respuesta reactiva de parte del gobierno chileno hacia problemas sistémicos que se han arraigado en la cultura laboral y educativa del país. La insistencia en la ética y la responsabilidad social puede ser vista no solo como una reacción a escándalos inmediatos, sino también como un esfuerzo por reconfigurar la relación entre el Estado y sus trabajadores, así como el tejido social en general.
Sin embargo, el énfasis en sanciones y controles podría considerarse un enfoque punitivo, que podría no abordar las causas subyacentes del fraude y la violencia. La falta de un marco más amplio que fomente la responsabilidad ética y la solidaridad en vez de la mera obediencia a las normas puede perpetuar un ciclo de desconfianza y resignación entre los ciudadanos.
En última instancia, el éxito de estas iniciativas dependerá de la capacidad del gobierno para interactuar con la población y construir un consenso sobre lo que significa ser parte de una comunidad saludable, tanto en el trabajo como en la vida escolar. La participación activa de los ciudadanos será esencial en este proceso, marcando la diferencia entre un gobierno autoritario y uno en el que la solidaridad y el compromiso social se valoran y practican.
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